Hay un debate encendido sobre la reforma del artículo 135 de la Carta Magna, como no podía ser de otra forma, siendo la segunda reforma del texto constitucional desde su aprobación. El modo en que se ha tramitado el cambio, sin debate ni voto del ciudadano, y con una rapidez asombrosa, ha indignado a gran parte de la ciudadanía y clase política.

Las declaraciones del PSOE y el PP no dejan de ser una cortina de humo para esconder una realidad bastante evidente: se nos ha forzado a recoger en nuestro ordenamiento jurídico el compromiso con los acreedores de la deuda pública del país. Seguramente a cambio de que el Banco Central Europeo siga comprando deuda pública y no vayamos a una intervención segura, o algo peor (la salida del Euro).

Sin embargo los manifestantes anti reforma no lo han tenido fácil para justificar su indignación. Si la protesta es contra la obligación constitucional de que las administraciones públicas no se puedan endeudar de forma estructural, me parece una soberana tontería o contradicción ideológica.

Si el Estado, la comunidad de vecinos o una familia gasta más de lo que ingresa de forma constante, tendrá que pedir préstamos para cubrir el desfase. Mientras los mercados internacionales, comuneros o bancos nos concedan financiación, podremos ir tirando, con la rémora de que entre los gastos se añade devolver los créditos y los intereses. Cuando los acreedores empiecen a aumentarnos los intereses, preocupados por nuestra solvencia, la cosa empeorará. Y llegará un momento en que nos obligarán a aportar más garantías o, simplemente, nos cortarán el grifo. Y al no poder generar ingresos ficticios procedentes del endeudamiento, tendremos que cortar gasto de forma dramática y desapalancarnos, sí o sí.

No se puede criticar que los mercados internacionales o los países ricos de la UEM nos obliguen a hacer reformas; en todo caso la culpa es nuestro por endeudarnos sin sentido económico. «No queremos que los mercados nos manden» y «queremos podernos endeudar sin límite» son dos conceptos que no se pueden defender al mismo tiempo. Salvo que no se entienda nada de finanzas básicas.

Además el porcentaje de déficit permitido no se plasma en la Constitución, y no será hasta la aprobación de la Ley Orgánica que tendrá sentido protestar, si se entiende que encorseta de forma peligrosa nuestra capacidad de tener descuadres puntuales entre ingresos y gastos. Por tanto, poco efecto tiene esta modificación, que además no entraría en vigor hasta el 2020.

Podría ser que las protestas fueran por algo más complejo, la cesión de soberanía nacional en cuanto a la prelación de créditos. Gurusblog nos dice que la reforma entrega España a los acreedores internacionales. Admito que no llegué a prestarme al examen de derecho constitucional, con lo que no puedo aportar más que mis someros conocimientos de primero de Derecho. Dice la reforma constitucional en su art. 135.3:

…Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

Para Gurusblog esta modificación implica que los bonistas alemanes, por ejemplo, cobrarían antes que los pensionistas o funcionarios, si hay problemas de liquidez.

Por otra parte, como señalan en Politikon, limitamos la capacidad del Estado para pactar quitas o esperas con los acreedores (pagar menos o en más tiempo). Pero coincido con el autor que la interpretación de la modificación dependerá del Tribunal Constitucional, que en caso de bancarrota del Estado dudo que lo hagan dando prioridad al pago de bonos alemanes antes que a los pensionistas.

Pero además hay otro truco para atemperar la catástrofe, el añadido «…mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión«. Paradójicamente limitando las posibilidades de endeudamiento y primando el pago de la deuda de forma absoluta (término que tendrá que delimitar el TC), podría ser que se diera a España la posibilidad de emitir diferentes tipos de deuda pública con diferentes garantías (y precios distintos). La mejor garantizada por el Estado sin posibilidades de quitas o esperas (siempre en teoría) y una de menos calidad en que se matice los casos en que se puede enmendar o modificar el crédito (incluyendo una casuística amplia en la Ley de emisión).

Honestamente, dudo de que la reforma tenga un impacto negativo real en los derechos de los ciudadanos españoles en favor del los mercados internacionales. Sin duda hubiera preferido un debate sosegado, con la participación de todas las fuerzas políticas y de la ciudadanía.

Pero la culpa de no haber podido tener esta debate y de las prisas en su aprobación es del endeudamiento que hemos permitido todos para financiar un gasto público insostenible. Partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos y ciudadanos. Hemos puesto nuestro país al borde de la intervención, sin enterarnos. Que los mercado nos manden es culpa de nuestras políticas económicas, no nos engañemos.

Seguro que la reforma constitucional no resuelve todos los males ni es la mejor posible. Sin embargo actuar como Islandia no me parece una opción plausible para un país como España.

¿Es un atraco a mano armada la reforma constitucional?

Desde mi punto de vista el atraco a mano armada es votar a los políticos que han hecho aeropuertos sin aviones o AVEs sin pasajeros. ¿O acaso de nuestra mala gestión (votar a políticos ineptos o corruptos) tiene que responder el ahorrador extranjero?

Si queremos ser un país próspero, no pensemos en impagar nuestras deudas, luchemos para generar riqueza, gestionar austeramente la res publica, exijamos a los políticos una gestión económica intachable en el día a día, emprendamos en lugar de querer ser funcionarios improductivos (que los hay), mejoremos nuestro sistema impositivo para que paguen más los que más tienen, empecemos a tener responsabilidad individual para exigir la de los demás. Derrochar nunca es una buena alternativa económica; los recursos son escasos.