10 de noviembre de 2009
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La reordenación del sistema financiero en España podría reducir a la mitad el censo de cajas de ahorros en el país, y en una cuarta parte el número de oficinas, indicó hoy el presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, que lamentó la lentitud con que se está llevando a cabo la reestructuración.
Si fructifican las integraciones ya en marcha, el censo de cajas de ahorros se verá reducido en un 25%, porcentaje que podría llegar hasta el 50% en caso de que estas operaciones se amplíen a otras entidades financieras, escenario previsible, según Ontiveros, que presentó hoy un estudio sobre ‘Rescates y la Reestructuración bancaria’ en España elaborado para la Fundación Alternativas.
Ontiveros se refería así a los siete procesos de integración en marcha: la integración de Caja Castilla-La Mancha (CCM) en Cajastur; la fusión ‘virtual’ de Caja Navarra y Caja Canarias; la de Caja Rioja, CAI y Caja Insular de Canarias; la de las cajas andaluzas, las de las cajas de Castilla y León y las dos concentraciones de cajas catalanas.
“No sería de extrañar que el censo de cajas se redujese a la mitad”, consideró el presidente de AFI, para quien la reestructuración permitirá acelerar ajustes que había que abordar, como la sobrecapacidad del 25% en la red en España, compuesta por 45.000 sucursales, después de que en los últimos cuatro años se abrieran cinco oficinas cada día, mientras que el negocio bancario avanza por canales de distribución alternativos como Internet o el teléfono móvil.
Sobre si la eventual desaparición de 11.250 sucursales entrañará la eliminación de empleos a razón de cinco por cada oficina, el experto desechó este cálculo al destacar que algunas entidades financieras, sobre todo las de mayor tamaño, cuentan con una importante concentración de trabajadores en los servicios centrales.
Sin embargo, el director general de AFI, Daniel Manzano, reconoció que el adelgazamiento de oficinas entrañará, previsiblemente, una reducción de costes de explotación, incluidos los ‘físicos’, que podría situarse en el entorno del 20%, y podría llevarse a cabo mediante prejubilaciones, entre otras soluciones.
Ontiveros lamentó la lentitud con que se está realizando la reordenación bancaria, ya que hasta que no resuelva ésta, el sector bancario no se encontrará en disposición para contribuir a la recuperación económica, y sin ella padecerá el deterioro de los activos inmobiliarios en su cartera, círculo vicioso que habría que atajar cuanto antes.
AUTORIDADES “LENTAS Y ESCRUPULOSAS”.
“Sería deseable un papel más activo”, respondió Ontiveros al ser preguntado sobre el papel desempeñado por las autoridades españolas que, a su parecer, se han mostrado “demasiado escrupulosas” tanto en el tipo de actuaciones llevadas a cabo como en el ritmo que han imprimido a éstas, frente a países europeos que inyectaron capital en las entidades o elevaron la protección a los depósitos de forma inmediata.
Según los cálculos de AFI, si la tasa de paro supera el 20% la morosidad del sistema financiero podría dispararse hasta el 8%, umbral que llevaría a algunas entidades financieras a registrar pérdidas en 2010.
El elevado nivel de desempleo despierta “inquietud” sobre la calidad de los activos bancarios en España dada la relación directa entre paro y morosidad, explicó Ontiveros. No obstante, consideró que “no hay que llevarse las manos a la cabeza por pérdidas bancarias” y que “con la que está cayendo lo extraño sería que hubiera un aumento de los beneficios”.
A la luz del progresivo deterioro de los activos financieros y su evolución paralela al paro, el experto subrayó que la reestructuración financiera en España “sería más fácil si se hubiese hecho antes”, y apuntó a la posibilidad de que Bruselas considere ayuda de Estado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Asimismo, consideró “posible” que la retirada de los estímulos para la reactivación de la economía tanto por parte de la UE como del Banco Central Europeo (BCE) se produzca antes de que haya finalizado la reestructuración financiera en España y la economía vuelva a la senda de la recuperación. “Existe riesgo para el sistema bancario y para el crecimiento de la economía”, sostuvo.
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La Comisión Europea propondrá mañana dar a España una prórroga de un año, hasta 2013, para corregir su déficit excesivo y volver a situarlo por debajo del umbral del 3% del PIB que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). El Ejecutivo comunitario accederá a conceder este plazo extra tras constatar que el Gobierno ha tomado “medidas eficaces” para reducir el déficit, entre ellas el aumento del IVA el año que viene, pero no está logrando su propósito porque la crisis económica es peor de lo previsto.
No obstante, el Ejecutivo comunitario exigirá al Gobierno un fuerte ajuste presupuestario anual del 1,75% del PIB durante el periodo 2010-2013, en lugar del 0,5% que preveía hasta ahora el PEC. Para lograrlo, Almunia reclama a las autoridades españolas que apliquen las medidas de reducción del déficit previstas en el borrador de presupuestos de 2010, y que prepare nuevas iniciativas correctoras para cumplir el nuevo plazo de 2013.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, afirmó que el Gobierno no tiene previstas nuevas subidas de impuestos más allá de 2010 para corregir el déficit. Salgado reiteró que el año extra que la Comisión dará mañana a España permitirá realizar el ajuste presupuestario “con un poco más de holgura”.
Salgado admitió que la corrección del déficit exigirá un esfuerzo muy importante y “tener una administración más eficiente”. No obstante, resaltó que “una buena parte de nuestro déficit es un déficit cíclico”, es decir, que “la salida de la situación de crisis económica en sí misma va a implicar una reducción del déficit puesto que los ingresos se incrementarán por efecto del incremento de actividad”.
La vicepresidenta aseguró que el Gobierno no ha pedido a la Comisión un año extra para corregir el déficit. Pero consideró lógica esta prórroga porque “España ha cumplido las recomendaciones que se le hicieron hace unos meses” y ha comenzado a adoptar medidas para reducir el déficit. “Hechos los deberes, la Comisión tiene en cuenta que la situación de la crisis todavía persiste, para España y para otros países, y por lo tanto es razonable que tengamos un año más”, afirmó.
Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, confirmó que el Ejecutivo comunitario dará un año extra a aquellos países con déficit excesivo que ya han adoptado medidas para corregirlo teniendo en cuenta el empeoramiento de la situación económica. “Vamos a aplicar lo que dice el Pacto de Estabilidad. Y lo que dice es que si han adoptado una acción efectiva en función de lo que el Consejo les pidió hace 6 meses, y si además el entorno económico ha empeorado las condiciones en que ese ajuste presupuestario debe realizarse, se les podrá extender por un año”, afirmó.
Bruselas abrió a principios de año un expediente sancionador contra España por déficit excesivo por haber superado el umbral del 3% ya en 2008 (hasta llegar al 4,1% del PIB). La subida del déficit se explica por caída de ingresos fiscales, el aumento de las prestaciones por desempleo y las medidas de estímulo para combatir la crisis. En abril, La UE dio de plazo al Gobierno hasta 2012 para volver a la disciplina del PEC y le exigió que antes de octubre presentara un plan detallado de medidas para corregir el déficit.
Desde entonces, la situación económica ha seguido deteriorándose. Según las últimas previsiones de la Comisión, en España el déficit se disparará hasta el 11,2% del PIB en 2009 y bajará ligeramente hasta el 10,1% en 2010 y hasta el 9,3% en 2011.
Ello se explica, según Bruselas, no porque el Gobierno haya excedido su margen de maniobra para adoptar medidas de estímulo fiscal, sino “debido a una contracción económica peor de lo que se esperaba”, según se recoge en el borrador de decisión que adoptará la Comisión. En este sentido, el Ejecutivo comunitario valora positivamente las iniciativas adoptadas por España en el presupuesto para 2010 para reducir el déficit, entre ellas la subida del IVA.
“Puede considerarse que las autoridades españolas han adoptado medidas eficaces para corregir el déficit excesivo”, resalta el borrador. Por ello, Bruselas ve “apropiado dar un nuevo plazo para la corrección del déficit excesivo en España en 2013 como muy tarde”.
La Comisión pedirá además reformas en el sistema sanitario y de pensiones para reducir los costes presupuestarios del envejecimiento de la población, y reformas estructurales para aumentar el potencial de crecimiento. Entre ellas, la reforma del mercado laboral para reducir el paro y la precariedad, la aplicación de las reformas educativas, y la mejora de la competencia en el sector servicios.
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El 75% de los españoles considera que no malgasta el dinero, pero otro 19% reconoce que es un derrochador, según un informe realizado por Pisos.com del que se desprenden otras conclusiones, como que la electricidad es un suministro tan necesario como odiado.
Así, un 34% de los consultados opina que los importes de la luz son “astronómicos”, razón por la que el 54% de ellos utiliza bombillas de bajo consumo, un 27% sigue usando las tradicionales incandescentes y el 16% apuesta por las halógenas.
En la misma línea, el 37% recurre a los radiadores de agua para calentar sus casas, un 15% a la calefacción central, un 13% a estufas y otros aparatos eléctricos y un 9% a la calefacción eléctrica.
Entre los trucos más usados para reducir el gasto en los hogares se encuentran apostar por la ducha frente al baño (92%), el uso de la lavadora a carga completa (86%) o usar el lavavajillas en lugar de fregar a mano.
Otros métodos extendidos entre los encuestados son ventilar las habitaciones no más de 10 minutos (45%) para evitar la pérdida de calor y contratar promociones de llamadas y horarios de coste reducido (43%) para que el gasto en teléfono no sea tan alto.
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El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha dictado la apertura de la fase de liquidación de Afinsa tras la falta de apoyo recibido por los acreedores a la propuesta de convenio presentada por un grupo de afectados, por lo que los 190.000 perjudicados sólo recuperarán cerca del 10% de lo invertido, según el auto de apertura de la liquidación dictado el pasado 4 de noviembre.
El juez titular, Francisco Javier Vaquer, dictó el pasado 2 de noviembre una providencia donde concluye que la propuesta de convenio presentada por un grupo de acreedores y que prometía devolver el 50% de lo invertido en cinco años “no ha alcanzado la mayoría exigida legalmente” para salir adelante.
Afinsa se ve de este modo abocada a una liquidación que sólo asegura a los afectados un 10,32% del total de 2.403 millones de euros invertidos, ya que la compañía cuenta con un activo de 613 millones de euros, lo que arroja un agujero patrimonial de 1.823 millones de euros, según concluyó el informe concursal.
El resultado de la votación de apoyo o no al convenio se resolvió con un 4,64% de los votos a favor, lo que supuso un 15,99% del pasivo ordinario del concurso -que alcanza más de 2.436 millones de euros-, cuando era preciso un 50% de dicho pasivo para aprobarlo, según explica la providencia, contra la que cabe recurso de reposición en un plazo de cinco días.
En consecuencia, el juez ha dictado la apertura de la fase de liquidación y da un plazo de quince días a la administración concursal para que presente el plan de liquidación de los bienes de Afinsa.
Sin embargo, el plazo de quince días queda suspendido hasta que el titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, emita una resolución al respecto. Pedraz instruye la causa penal contra los antiguos directivos de Afinsa que están acusados de presuntos delitos de estafa, administración desleal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
Además, Vaquer declara la disolución definitiva de la sociedad concursada, la inscripción de la apertura de liquidación en los registros Mercantil, de la Propiedad y demás registros donde figuren bienes a nombre de la concursada, y acuerda la formación de la Sección Sexta para la calificación del concurso, que podría determinar la culpabilidad mercantil de los antiguos administradores.
El informe de la administración concursal de Afinsa cifra en 1.823 millones de euros el déficit patrimonial de la sociedad, y recoge que los 190.000 afectados por la estafa filatélica de Afinsa sólo recuperarán un 10,32% de la inversión en sellos recogida en los contratos.
El desglose de las votaciones emitidas al convenio concluyó con un total de 3.422 votos a favor computables con válidos, por un valor total de 103,45 millones de euros, un 4,64% del pasivo. Asimismo, se registraron 9.522 votos a favor por un valor total de 252,4 millones de euros, un 1,35% del pasivo, que fueron considerados no válidos o nulos por defectos o ausencia de representación extraprocesal.
Por otro lado, los acreedores que votaron en contra fueron un total de 387 con un importe total por de sus créditos ordinarios de 10,73 millones de euros.
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El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, presentará mañana a la Junta Directiva y al Comité Ejecutivo de la organización los resultados de las negociaciones mantenidas durante la pasada semana con CC.OO. y UGT con la idea de que estos órganos de Gobierno den ‘luz verde’ a un acuerdo para desatascar la negociación colectiva de 2009, confirmaron a Europa Press en fuentes de la patronal.
Desde la patronal se aseguró que “las cosas van bien” y afirmaron que una vez esté la propuesta sobre la mesa, “por escrito o no”, sólo quedaría “que los órganos de gobierno lo respalden si lo consideran oportuno”.
Patronal y sindicatos se han venido reuniendo para intentar desbloquear los convenios colectivos pendientes para 2009 y poder iniciar así las negociaciones para un nuevo acuerdo sobre negociación colectiva en 2010. Además, tras la ruptura del diálogo social el pasado mes de julio, este acuerdo se ha convertido en una condición necesaria para reanudar las conversaciones a tres bandas.
A su paso por el congreso anual del Instituto de Empresa Familiar, el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, aseguró que patronal y sindicatos celebrarán una nueva reunión durante esta semana y llegarán a un acuerdo sobre negociación colectiva “mañana o pasado como muy tarde”.
Ya el pasado viernes, los líderes de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, indicaron que el acuerdo con los empresarios podía ser “inminente” y, en este mismo camino, dejaron la puerta abierta a “eventuales” reformas laborales, cuestión que podría ser la clave para que los empresarios den mañana el sí al acuerdo.
UGT YA HA DADO EL VISTO BUENO.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, indicó en declaraciones a Europa Press que su organización ya ha dado el visto bueno a la propuesta que mañana estará en la mesa de los empresarios. “Los hemos examinado hoy y lo valoramos positivamente”, añadió.
Sobre el contenido del acuerdo, Ferrer dejó claro que se centra en el desbloqueo de los convenios colectivos pendientes en 2009, la llave para abrir las negociaciones de la negociación colectiva para 2010 antes de fin de año, para las que los sindicatos se muestran partidarios de alcanzar un pacto plurianual.
Sobre si el acuerdo previsto puede ser un primer paso para reabrir el diálogo social, Ferrer explicó que “lo que interesa es que sea útil para la negociación colectiva pendiente”, para que “cale por debajo”. “Favorece el clima de confianza pero hay pasos que dar”, añadió.
Ahora sólo queda que la ejecutiva de CC.OO. de el visto bueno al acuerdo, cuestión que previsiblemente no sucederá hasta la próxima semana, cuando convoque a su comisión ejecutiva, según fuentes sindicales.
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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se mostró hoy dispuesta a estudiar la implantación en España del modelo que ha utilizado Alemania para atenuar el aumento del paro durante la actual crisis, que se basa en una reducción de la jornada laboral combinada con prestaciones sociales para los trabajadores.
“Si ha tenido buenos resultados en otros países, y si en nuestro país las organizaciones sindicales, al menos las dos organizaciones sindicales más importantes, están dispuestas a hablar de este tema, el Gobierno también lo está”, dijo Salgado en rueda de prensa al término de la reunión mensual de ministros de Economía de la UE.
La vicepresidenta económica apoyó la intención de los sindicatos de que la reducción de jornada sea el tema en el que se centre el diálogo social durante las próximas semanas. Sindicatos y patronal han expresado su disposición a desbloquear el diálogo social, paralizado desde antes del verano, una vez que se concluya la negociación de los convenios colectivos para 2010.
De lo que se trata, según Salgado, es de los trabajadores de empresas con problemas tengan “la opción de poder compatibilizar una prestación por desempleo, es decir, un pago realizado desde los presupuestos públicos, con el mantenimiento de algunas horas de trabajo”. “Ha sido el sistema utilizado en Alemania estos últimos meses”, resaltó la vicepresidenta.
“Algún sindicato ya ha manifestado su propuesta de que desearía que sobre este tema pudiéramos tener conversaciones y así lo vamos a hacer en las próximas semanas”, explicó Salgado.
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Las ventas de coches a particulares se elevaron a 11.348 unidades durante la primera semana de noviembre, lo que supone un aumento del 51% respecto a las 7.479 unidades comercializadas en el mismo período de 2008, según datos de MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto).
La patronal de los concesionarios aseguró que el Plan 2000E sigue impulsando la compra de automóviles por parte de las familias españolas, “tal y como ha ocurrido desde que los incentivos se pusieron en marcha”.
La organización aseguró que la renovación de las ayudas incluidas en el Plan 2000E hasta finales de año y el anuncio de su continuidad en 2010 ha permitido que las ventas de automóviles no se resientan, como temía el sector.
Por comunidades autónomas, las ventas a particulares aumentaron un 89% en Galicia durante la primera semana de noviembre, con 933 unidades. También destacan los crecimientos del 85% en La Rioja (63 unidades) y del 83% en la Comunidad Valenciana (1.944 unidades).
Otras cuatro comunidades autónomas registran crecimientos de las matriculaciones superiores al 70% en los siete primeros días del mes. Se trata de Castilla-La Mancha (+77%), Navarra (+75%), Madrid (+72%) y Cataluña (+70%).
Sólo Melilla arroja cifras negativas en la primera semana de noviembre, con un retroceso del 9,5%, mientras que en Canarias y en Andalucía los crecimientos se limitan al 7% y al 4,5%, respectivamente.
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La pérdida desconocida en el comercio minorista español –derivada del hurto de empleados, clientes y proveedores y de errores internos– ha alcanzado este año los 2.805 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,8% respecto a los 2.510 millones del ejercicio anterior, según el informe anual ‘El Barómetro Mundial del Hurto en el Retail’, patrocinado por Checkpoint Systems.
El importe total de la pérdida desconocida representa el 1,36% de las ventas del sector en España y equivaldría a tener cinco días abiertos los establecimientos regalando productos, según destacó en rueda de prensa el director general de Checkpoint Systems para el Sur de Europa, Mariano Tudela.
En concreto, la mitad de las pérdidas (50,2%) provienen de hurtos de clientes, mientras que el 28,4% corresponden a hurtos de los propios empleados y el resto se reparte entre hurtos de proveedores (7,7%) y errores internos (13,7%).
Los operadores del sector atribuyen un tercio de los hurtos externos (cometidos por clientes) a la recesión económica, que influye especialmente en el incremento del robo de artículos de uso cotidiano, como alimentos (carne fresca, embutidos y patés), prendas de vestir y productos farmacéuticos.
MERCANCÍA MÁS VULNERABLE.
Según el estudio, los delincuentes tienden a centrarse en artículos pequeños y fáciles de esconder, caros y de marca, como juegos electrónicos, reproductores de MP3, ropa, cosméticos, perfumes, bebidas alcohólicas, cárnicos y alimentos caros o ‘gourmet’. Tudela consideró que el hurto de alimentos no se produce tanto por necesidad como por la reventa de estos productos en “canales alternativos”.
Además, aumentan los dos tipos de delincuencia, tanto la ‘amateur’ –pequeños robos por impulso que cometen personas jóvenes “e incluso amas de casa”–, como la profesional, por la que se hurtan grandes cantidades de mercancías y con una táctica preestablecida.
Tudela explicó que el índice de hurtos mostraba en España una tendencia a la baja desde 2002, pero a partir de 2007 volvió a crecer. En cualquier caso, la pérdida desconocida se ha incrementado este año por debajo de la media mundial (+5,9%) y europea (+4,7%), lo que atribuyó a que la distribución española “se está preparando” con medidas de prevención. En concreto, el sector ha invertido 745 millones de euros en seguridad, un millón más que el pasado año.
CRECE UN 11% EL COSTE DE LA DELINCUENCIA.
Según el estudio, los costes de la delincuencia para el sector minorista (suma de las pérdidas sin incluir los errores internos, más el gasto en medidas de prevención) han crecido en España un 11,6%, al pasar de 2.169 millones de euros en 2008 a 2.421 millones de euros este año.
El directivo de Checkpoint Systems indicó que el coste de la pérdida desconocida no recae sólo en el sector ‘retail’, sino que cada familia paga al año 152 euros más, “como un impuesto indirecto” que deriva de la necesidad del comercio de “proteger” sus márgenes.
A nivel mundial, la pérdida desconocida en el sector minorista alcanzó los 84.164 millones de euros en el último año, un 5,9% más y el equivalente a un 1,34% de las ventas del sector.
En 2009, los índices de hurto más elevados se han detectado en las categorías de moda y accesorios, cosmética o perfumes y productos de belleza y farmacia.
En productos de alimentación y comestibles, la mayor pérdida desconocida se ha detectado en cárnicos frescos, con un 3,38% de las ventas, más del doble del índice mundial en productos alimenticios (1,36%). Además, según destacó Tudela, el índice europeo registrado en quesos (3%) supera al de bebidas alcohólicas (2,38%).
A escala europea, se ha interceptado a un total de 3,1 millones de delincuentes (un 96,7% clientes). El importe medio asciende a 94 euros en hurto externo (clientes) y a 1.858 euros el interno (empleados), una diferencia que Checkpoint atribuye a que el externo se produce más por impulso.
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