En 2015, Tom Hayes fue condenado a más de una década de prisión por manipular la tasa Libor, un índice que marcaba cada día el precio al que los bancos se prestaban dinero entre sí. Ese número, aparentemente técnico, influía en miles de productos financieros, desde hipotecas hasta derivados complejos. Modificar ese tipo suponía alterar artificialmente los costes de financiación de medio planeta.
La condena de Hayes fue la primera de muchas. La justicia británica actuó con fuerza y rapidez, y convirtió su caso en un ejemplo: los mercados no son una tierra sin ley. Sin embargo, ahora, diez años después, el Supremo ha dictaminado que ese juicio no fue justo. ¿Por qué? Porque el jurado recibió indicaciones erróneas por parte del juez sobre cómo interpretar la intención de Hayes. Se les dijo que cualquier intento de influir en el Libor con fines comerciales ya era deshonesto. Eso, según el Supremo, impidió que se valorara correctamente si sus actos estaban dentro de lo permitido o no.
¿Y qué pasa con el Euríbor?
El efecto dominó no se ha hecho esperar. La decisión del Supremo también ha llevado a la anulación de otra condena clave: la del banquero Carlo Palombo, implicado en la manipulación del Euríbor, el índice que se utiliza en Europa para calcular millones de hipotecas y préstamos. Igual que el Libor, el Euríbor también se fijaba a partir de estimaciones enviadas por bancos, y también fue objeto de prácticas dudosas por parte de operadores financieros.
Ambos casos comparten un patrón: los acusados defendían que no actuaban en solitario ni con mala fe, sino siguiendo normas informales extendidas en sus bancos. Es decir, hacían lo que todos hacían. Y aunque eso no lo justifica, la justicia debe valorar siempre si hubo intención delictiva real, no solo si el resultado fue perjudicial.
La anulación de estas condenas reabre el debate sobre qué era aceptable y qué no lo era en el sistema financiero antes de la crisis de 2008. Muchos operadores veían las tasas como “flexibles” dentro de un rango razonable, y los bancos incluso premiaban a quienes conseguían mejorar la posición financiera con pequeños ajustes en esos valores. La línea entre estrategia y fraude era, como mínimo, difusa.
Implicaciones más allá de los casos individuales
Este cambio de rumbo judicial no absuelve al sistema bancario, pero sí cuestiona cómo se dirigieron los juicios y qué criterios se usaron para definir la culpabilidad. Cuando los procesos judiciales se apoyan en instrucciones poco claras o en interpretaciones demasiado rígidas, se corre el riesgo de cometer errores que, como en este caso, pueden costar años de cárcel a personas que quizás no merecían ese castigo.
Además, lo que parecía un escándalo con culpables claros, ahora se reinterpreta como una práctica sistémica mal regulada. Lo que antes se castigó como una traición individual al mercado, hoy se empieza a ver como un fallo colectivo en la cultura financiera.
Un ejemplo práctico
Imagina que tú y tus compañeros de trabajo tenéis que enviar cada día un informe al jefe con vuestras estimaciones. Nadie os da una fórmula exacta, solo se espera que seáis “razonables”. Un día, ajustas tu estimación para favorecer a tu departamento, igual que hacen otros. Años después, alguien decide que esa práctica era ilegal, y tú acabas en juicio. ¿Hasta qué punto sería justo que te condenaran sin tener en cuenta que ese comportamiento era común y, en algunos casos, incentivado?
Eso es, a grandes rasgos, lo que está en juego en estos casos.
El caso Tom Hayes y la revisión de las condenas del Euríbor no son solo una corrección judicial puntual, sino una llamada de atención al sistema: sobre cómo juzgamos a los individuos dentro de entornos corporativos complejos, cómo se interpreta la deshonestidad en los mercados y cómo se puede caer en excesos a la hora de castigar para dar ejemplo.
La historia no ha terminado. Pero una cosa está clara: lo que empezó como una gran operación de limpieza financiera ahora se ve con muchos más matices. Y lo que parecía justicia firme, quizá fue, en parte, precipitación.