El debate sobre el coste de la vida ha encontrado un nuevo escenario de pruebas en las calles de Nueva York. El ayuntamiento de la metrópoli estadounidense busca meterse de lleno en el sector de la distribución de alimentos con un plan que pretende abrir un economato municipal en cada uno de sus cinco grandes distritos. Esta iniciativa busca utilizar el suelo público para abaratar la cesta de la compra, eliminando los costes de alquiler que las grandes cadenas privadas suelen trasladar al consumidor final en sus tickets.
La administración neoyorquina ha elegido el barrio de Hunts Point, en el Bronx, para levantar su segundo establecimiento estatal. Este nuevo punto se suma al proyecto ya anunciado para el vecindario de East Harlem, en Manhattan. El espacio elegido en el Bronx contará con casi dos mil metros cuadrados y tiene prevista su apertura para el año 2027. Para financiar el despliegue de la red completa, que aspira a llegar también a Brooklyn, Queens y Staten Island, se ha solicitado una partida presupuestaria de setenta millones de dólares.
Detrás de este movimiento se encuentra el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, un político de treinta y cuatro años nacido en Uganda que llegó al cargo como independiente. Mamdani ha basado su agenda en propuestas de alto impacto social, como la gratuidad de algunas líneas de autobús, tarifas fijas para el suburbano o la creación de un impuesto especial para las viviendas de lujo que permanecen vacías la mayor parte del año. Sus posiciones han despertado recelos tanto en el ala republicana como entre diversos sectores empresariales de la ciudad.
El funcionamiento de este modelo se apoya en una premisa logística. Al utilizar terrenos e inmuebles que ya pertenecen al municipio, las tiendas reducen drásticamente sus costes fijos operativos. El gobierno local asegura que esto permitirá vender productos de primera necesidad, como el pan o los huevos, a precios notablemente más bajos que los del mercado tradicional. Sin embargo, todavía no se ha publicado un listado oficial con los márgenes de descuento ni se ha aclarado cómo se gestionará la cadena de suministro con los productores agrícolas.
La medida no ha tardado en levantar ampollas entre los comerciantes locales. Los pequeños empresarios de barrio y los gerentes de supermercados independientes temen que la entrada de un competidor respaldado por las arcas públicas y con ventajas fiscales termine por sacarlos del mercado. La preocupación principal es que se genere una competencia desleal que asfixie al comercio de proximidad, el cual ya opera con márgenes de beneficio bastante ajustados debido a la inflación global y a los costes logísticos actuales.
La idea de intervenir el mercado alimentario mediante empresas institucionales no es nueva, aunque sus resultados históricos son dispares. En Europa existen precedentes como los economatos sociales de Suecia, establecimientos gestionados por entidades del tercer sector con respaldo municipal. Estas tiendas suecas venden excedentes donados por grandes marcas a un tercio de su valor original, orientando su actividad exclusivamente a familias con recursos limitados. En el extremo opuesto se sitúan experimentos estatales como el de Venezuela, donde la expropiación de cadenas privadas para crear una red pública derivó en problemas de desabastecimiento, cierres y pérdidas millonarias.
En España el planteamiento ha rondado la agenda política de los partidos de izquierda en los últimos años, aunque sin llegar a materializarse. Diversas formaciones políticas han planteado la conveniencia de crear cadenas de distribución provinciales o autonómicas para contrarrestar las subidas de precios en los alimentos básicos. Estas propuestas de economatos municipales han topado siempre con el rechazo de las patronales del sector del gran consumo, que defienden que el mercado español ya es uno de los más competitivos de Europa y que la introducción de un actor estatal no aportaría soluciones reales a las tensiones inflacionistas.