El debate sobre si el sistema público de jubilación aguantará las próximas décadas suele solucionarse con parches habituales, como retrasar la edad de retiro o subir los impuestos a los trabajadores. Sin embargo, Scott Galloway, un conocido profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, ha puesto sobre la mesa una idea mucho más radical que ha levantado ampollas: dejar de pagar la pensión a los jubilados con rentas y patrimonios más altos.

Según este analista, las prestaciones del Estado deberían funcionar exclusivamente como una red de seguridad financiera para rescatar a quienes verdaderamente lo necesitan, y no como un ingreso garantizado para personas que ya disfrutan de una posición desahogada.

Una brecha de riqueza sin precedentes

La base del argumento de Galloway radica en un cambio de tornas histórico entre los jóvenes y los mayores. Tradicionalmente, la juventud ha contado con el tiempo y las oportunidades para prosperar, mientras que la vejez requería protección económica. Hoy la fotografía es muy distinta. El profesor afirma que la actual generación de jubilados es la más rica de la historia, tras haber acumulado viviendas en propiedad, inversiones y ahorros durante una época de fuerte crecimiento económico y alta estabilidad laboral.

La situación de los trabajadores actuales es sustancialmente peor, marcándose un contraste evidente con el estancamiento de los salarios juveniles, el encarecimiento de la vivienda y la temporalidad de los contratos. Para Galloway, obligar a las nuevas generaciones a transferir billones de euros anuales mediante impuestos para financiar el retiro de personas adineradas constituye una de las mayores injusticias de nuestra época. Aliviar esa carga fiscal sobre los sueldos más jóvenes permitiría reactivar el consumo y dar un respiro a quienes intentan formar un hogar.

Un tercio de los jubilados fuera del sistema público

La propuesta concreta pasa por aplicar un examen de recursos y patrimonio antes de abonar la prestación. El profesor calcula que, estableciendo un umbral de corte razonable, aproximadamente un tercio de las personas mayores dejaría de percibir este ingreso mensual. Al tratarse de ciudadanos con un colchón financiero holgado, su calidad de vida apenas se vería alterada.

El modelo que se cuestiona no solo flaquea por el volumen total del gasto, sino también por cómo se recauda. En países como Estados Unidos, el sistema penaliza de forma desproporcionada a las rentas medias. Los topes máximos de cotización provocan que un alto ejecutivo termine aportando a las arcas públicas una cantidad idéntica a la de un contable o una enfermera, lo que incrementa la sensación de desigualdad.

El dilema del derecho adquirido

Aunque los cálculos matemáticos para salvar el sistema puedan cuadrar sobre el papel, la propuesta choca frontalmente con la filosofía de los modelos contributivos. Los críticos con esta medida argumentan que la pensión pública no es un subsidio ni una limosna, sino un derecho adquirido tras toda una vida cotizando y cumpliendo con las reglas del juego. Eliminar el cobro a quienes han tenido éxito financiero desincentivaría la cotización en los tramos más altos y rompería el pacto social en el que se asienta el Estado del bienestar.

El debate está servido y la demografía no da tregua. Mientras los expertos independientes advierten que los fondos actuales podrían agotarse en los próximos años obligando a recortes automáticos, la idea de cribar a los pensionistas por su nivel de riqueza deja de ser una excentricidad académica para convertirse en un dilema real sobre cómo repartir el esfuerzo entre abuelos e hijos.