Veinticuatro horas después del apagón que dejó sin suministro eléctrico a millones de españoles, el Gobierno sigue buscando culpables. Aunque Red Eléctrica ha descartado ya un ciberataque en el transporte de electricidad, Pedro Sánchez ha optado por señalar a los operadores privados y, en particular, ha aprovechado la crisis para atacar de nuevo a las centrales nucleares.

El presidente ha afirmado que las nucleares «lejos de ser una solución, fueron un problema». Según su relato, cinco de los siete reactores españoles estaban parados —decisión de las empresas, asegura— y, además, en el momento del apagón las centrales necesitaron consumir energía de la red para mantener seguros sus núcleos. Sánchez ha cerrado así la puerta a cualquier reconsideración sobre la prolongación de su vida útil, en contra de las propuestas del PP y de numerosos informes técnicos que alertan sobre los riesgos del cierre nuclear precipitado.

Sin embargo, los datos oficiales desmienten de forma contundente estas afirmaciones. Tal y como ha documentado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en caso de desconexión de la red, las centrales nucleares activan automáticamente sus generadores diésel para garantizar la seguridad de sus sistemas críticos, sin suponer una carga para el resto de la infraestructura. Además, el informe de Red Eléctrica auditado por Ernst & Young —remitido a la CNMV— advertía expresamente del «mayor riesgo de incidentes en la operación» asociado al cierre nuclear y la reducción de potencia firme.

Lejos de ser parte del problema, las centrales nucleares ofrecen inercia eléctrica al sistema, ayudando a estabilizar la frecuencia ante perturbaciones. La inercia, que aportan generadores síncronos como los nucleares, es precisamente uno de los activos que escasean a medida que se incrementa la penetración de renovables variables (eólica y solar) en el mix energético.

El propio mix eléctrico refleja la importancia de la energía nuclear: entre enero y abril, la nuclear ha representado el 20% de toda la generación nacional, siendo la segunda fuente por detrás de la eólica. Y aunque cinco reactores estuvieran parados, las causas no son de tipo técnico, sino económico. Según PwC, la carga fiscal sobre el parque nuclear se ha incrementado un 71% desde 2019, asfixiando su competitividad en un mercado donde los precios de la electricidad han llegado a niveles muy bajos.

Además, conviene recordar que el propio Gobierno, a través de Red Eléctrica, autorizó las paradas programadas de las centrales. No se trata de una decisión unilateral de las eléctricas, sino de una medida coordinada que responde a la regulación vigente y a criterios de operación segura de la red.

Pese a que la demanda en el momento del apagón era relativamente baja (unos 25.000 MW) y había disponibilidad de generación, el sistema colapsó súbitamente perdiendo un 60% de la carga. El Gobierno, sin embargo, se limita a apuntar a los operadores privados sin presentar pruebas claras, mientras reclama informes al CNI y al Incibe para intentar reconstruir el origen de la crisis.

La improvisación del Ejecutivo quedó patente en la convocatoria de urgencia a las principales eléctricas en La Moncloa. Pese al rostro serio de los asistentes, fuentes oficiales hablan de un «clima constructivo», aunque el mensaje de fondo fue claro: colaboración forzada bajo amenaza de investigación.

La gestión política del apagón refleja una estrategia de manual: desviar la atención hacia los actores privados y reforzar la narrativa oficial contra la energía nuclear, a pesar de que las evidencias técnicas y los propios informes de los organismos públicos no respaldan esa posición.

El dilema que enfrenta España es técnico y de fondo: sin potencia firme como la nuclear, los apagones no solo serán más probables, sino que también serán más difíciles de recuperar.