El problema del acceso a la vivienda es algo encallado en nuestro país y que ningún gobierno ha podido solucionar. Una de las medidas más rápidas y sencillas parece la limitación del precio del alquiler ya que la lógica es sencilla:  si obligas a que los alquileres sean más baratos, los alquileres serán más baratos. Un plan sin fisuras.

En muchos países han probado este tipo de acciones y probablemente uno de los que más tiempo lleva regulando este sector es Suecia que llevan con este sistema desde el fin de la segunda guerra mundial.

Aquí explican muy bien como funciona el alquiler en ese país.

Las condiciones de alquiler para los propietarios privados (ciudadanos particulares que poseen un piso) son muy concretas, están supervisadas por la administración y limitan los contratos a no más de un año de duración. El casero debe justificar causas objetivas para derivar su vivienda al alquiler, como un trabajo fuera de su ciudad.

A cambio, el estado ofrece un catálogo de viviendas públicas destinadas exclusivamente al alquiler (hyresrätt). Son apartamentos que se conceden a perpetuidad y cuya renta varía en función no de la lógica mercantil sino de un «valor utilitario». Es decir, el precio que pagas a final de mes está determinado por cuestiones objetivas como la localización, el tamaño, su distribución y otras especificaciones técnicas. La idea es que todos los pisos similares se oferten al mismo precio, y que las rentas sean accesibles para la mayoría de la población.

Los habitantes de estas viviendas, alquileres de «primera mano», están representados por diversos sindicatos de inquilinos, siendo el más numeroso y relevante Hyresgästföreningen, quienes negocian sus términos de habitabilidad con los caseros de forma conjunta. En su origen, se trataba de un modelo idéntico al de las negociaciones colectivas laborales: la unión hace la fuerza y permite a los inquilinos pactar condiciones no abusivas con las empresas propietarias y a través de la mediación de las instituciones estatales.

En principio todo suena muy bien, un mercado perfectamente regulado y controlado. Todo muy sueco. De esta manera se presupone que los alquileres deberían mantenerse bajos debido a las normativas nacionales y a la negociación colectiva entre las asociaciones de inquilinos y propietarios aprobadas por el Estado.

El problema es que en Estocolmo, el tiempo de espera promedio para conseguir un alquiler de este tipo es ahora de nueve años, en comparación con los cinco años de hace una década, según la agencia de vivienda de la ciudad Bostadsförmedlingen.

Ahora el gobierno se plantea desregularizar el mercado de alquiler, precisamente por lo contrario porque creen que esto traerá más oferta de más vivienda y  una reducción de los tiempos de espera para los contratos de alquiler de primera mano. Por ejemplo, para alquilar una casa en Estocolmo tienes que esperar ahora casi 10 años, el doble que hace una década. En Gotemburgo es de casi de seis años, y en Malmö, de tres. De esta manera, quien necesite alquilar algo rápido (entendiendo rápido por unos pocos años) acabarán pagando por casas subalquiladas, que se escapan del control.

Desde el año 1990 hasta hoy, el parque de viviendas en alquiler en Suecia se ha reducido más de un 30%, a pesar de que la población ha aumentado un 40%. Algo no funciona en la paradisiaca Suecia.