Quizás sea el ansia de poder, quizás sea una motivación económica o simplemente que cuando uno se mete a político, el camino es tan largo y arduo que, ya metidos en faena, llega un momento que de la mentira se hace arte. Sin entrar en si Cristina Cifuentes ha falseado o no su currículum, el historial de altos cargos del mundo de la política que sí lo han hecho es mucho más largo que el propio currículum de la susodicha.

Según el escritor y periodista George Orwell, en su ensayo “La política y la lengua inglesa” (1946), “El lenguaje político está diseñado para que las mentiras suenen como verdades, que el crimen parezca respetable y para darle consistencia a lo que es puro viento”. Estas palabras las hacía extensivas a todos los partidos políticos.

El caso es que la mentira en el mundo de la política está institucionalizada y, además, de alguna manera hasta bendecida. Mientras que al común de los mortales le molesta o le inquieta de alguna manera el mentir descaradamente, la clase política parece tener un alto grado de tolerancia a tal circunstancia gracias al conocido como “perdón ideológico”, que permite al político, por un lado, justificar la mentira por un bien más elevado para el país y, por otro, a sus votantes, justificar al político por afinidades ideológicas.

De este modo, la manipulación de la verdad convierte la información en un secreto reconvertido en arma poderosa en manos de quien puede retrasar su conocimiento o para quien puede emplearla para sus fines. En democracia, sin embargo, no deja de ser un contrasentido, ya que uno de los pilares fundamentales teóricos de la misma es la trasparencia, que sería la situación en la que no habría verdades ocultas y en la que el poder perdería cualquier posibilidad de emplear la información en su provecho.

En lo que a falseamiento de currículums se refiere, el pionero y seguramente campeón en lo que a mentira se refiere, es, sin duda Luis Roldán. Aunque las falsedades académicas del director general de la Guardia Civil en los tiempos de Felipe González, que incluían una ingeniería, una licenciatura en Económicas y un master, ya se verá si en la misma especialidad que Cristina Cifuentes, quedaron en nada cuando se fugó después de meter la mano en la caja de los fondos reservados, entre otros delitos.

Otro campeón del noble arte podría ser Tomás Burgos, que, a pesar de no haber terminado nunca la carrera de medicina (algo reconocido tras descubrirse que falseó su currículum) sigue, a día de hoy ejerciendo su cargo como Secretario de Estado de la Seguridad Social, con el espaldarazo de sus superiores (benditos nombramientos a dedo).

Pero ha habido más, como la que fue vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya Joana Ortega. En 2011 tuvo que reconocer que no era licenciada en Psicología, como repetían todas las recopilaciones de méritos en páginas oficiales y de medios de comunicación. Nada pasó, lo reconoció como “error involuntario” y continuo en su puesto hasta el 2015. O la jueza María Elósegui, que remitió un currículum falseado a Bruselas para representar a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En él decía que «Preparó el anteproyecto de la Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres 3/2007, actualmente en vigor, a propuesta del Ministerio de Trabajo», algo desmentido por el propio Ministerio de Trabajo.

La lista sería interminable, como sería la de aquellos que no dimitieron cuando se les descubrió.

Sin embargo, fuera del ámbito de la política, en ese mundo que el resto de los mortales llamamos el real, la mentira en el currículum para alcanzar un beneficio, aunque sólo sea el de un puesto de trabajo, puede acarrear consecuencias muy desagradables. Para empezar, el despido inmediato: el hecho de ejercer un trabajo que requiera una titulación determinada, conlleva la pérdida de confianza en el trabajador y su despido por transgresión de la buena fe contractual (Art. 54 del Estatuto de los Trabajadores).

Además, si el empleado hubiera llevado la mentira demasiado lejos, falsificando algún título, por ejemplo, podría llegar a ser juzgado y condenado por falsedad documental. De igual manera que el intrusismo laboral puede igualmente dar lugar a condenas de entre 6 meses a dos años por ejercer una actividad profesional sin la titulación adecuada.

La única explicación plausible a la falta de responsabilidad en la elaboración de los currículums de los políticos estaría entonces en los cargos desempeñados, para los cuales no haría falta la titulación exigida, ni realmente currículum, ya que parece que es suficiente con estar bien relacionado.