Lo de que la justicia ha de ser independiente, equitativa y rápida es algo que por mucho que nos lo repitan no dejamos de sonreír cada vez que lo oímos de la boca de algún bienintencionado. Quizás los dos primeros adjetivos sean más discutibles, pero rápida, lo que es rápida, en España no lo es.
Once años hemos debido esperar para ver un paso significativo hacia el final del “caso Noos”. Y aún así, esto no es el final, quedan los recursos, apelaciones, cumplimientos de sentencias, etc., pero sí es un paso firme hacia el desenlace. ¿El resultado de la sentencia? Los habrá satisfechos, los habrá indignados y, sobre todo, mucho indiferente, que ya de todo se cansa uno, y mantener la tensión 11 años no es nada fácil.
El origen del caso comenzó con una consulta parlamentaria del grupo socialista al gobierno balear del PP de Matas, en la que preguntaban de forma inocente por el destino de 1,2 millones de euros abonados al Instituto Nóos para organizar un encuentro internacional sobre turismo y deporte. Los muy ingenuos lo consideraban un derroche.
En realidad, formaba parte de del entramado que Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres habían montado, aprovechando su cercanía a la Casa Real, para ofrecer servicios de asesoramiento y organización de foros y eventos turísticos y deportivos en Madrid, Valencia y Baleares.
En total, el Instituto Nóos recibió 2,5 millones de euros de las arcas baleares, 3,5 millones de euros de Valencia y 114.000 del Ayuntamiento de Madrid. A cambio, organizó foros sobre Turismo y Deporte y promovió la candidatura de Madrid 2016. Según la sentencia, se dio el dinero de forma ilegal, saltándose las leyes de contratación, y el dinero fue justificado con facturas falsas.
De esos fondos, alrededor de cuatro millones de euros acabaron en cuentas privadas de Urdangarín y su exsocio Diego Torres. Los flamantes condenados idearon una trama de empresas, de las que Aizoon, participada por la ex Infanta al 50%, era una de las principales, que a su vez facturaba servicios falsos a Nóos para vaciar el instituto sin ánimo de lucro y destinar sus ganancias a sociedades familiares instrumentales que sí lo tenían. El cruce de facturas falsas entre las empresas del entramado para disminuir la base imponible del Impuesto de Sociedades y la evasión de fondos a los paraísos fiscales de Belice, Luxemburgo y Suiza, a través de las empresas tapaderas, fue el último paso.
A partir de julio del 2010, el juez José Castro abre una pieza relativa al Instituto Nóos, dentro del proceso por presunta corrupción conocido como caso Palma Arena. Y comenzaron las funciones en el circo mediático que se montó, las más sonadas fueron las primeras declaraciones de la entonces Infanta, con 200 efectivos de seguridad desplegados (100 policías antidisturbios más 25 efectivos de la unidad canina y de la Unidad del Subsuelo, etc.) y un coste estimado de 20.000 euros para que la pobre mujer pudiera lanzar el mensaje que fue el núcleo central de su defensa: que no sabía nada acerca de que su marido pudiera ser un delincuente.
Pero no fue menos interesante el rifirrafe que mantuvieron el juez Castro, empeñado en llevar al banquillo a la Infanta, y el fiscal Pedro Horrach, metido a abogado defensor, e igualmente empecinado en impedir tal sacrilegio.
Todo esto aderezado por el intento de desvincular a la Casa Real de los negocios del “yernísimo” y que acabarían por influir en la decisión del emérito Rey campechano de dejar los asuntos de la Corona en unas manos más jóvenes con lo cual se cumplirían dos objetivos: por un lado, exonerar al Monarca de una posible implicación, por acción u omisión, en los negocios turbios de Urdangarín y, por otro, eliminar de un plumazo el que una Infanta de España pudiera dar con sus huesos en la cárcel. Con la sucesión monárquica, Dª Elena dejaría de ser Infanta, pasando sólo a ser parte de la familia Real.
Y cuando parecía que ya nada podía dar una nueva vida a ese espectáculo, se destapa el escándalo de Manos Limpias, que pasaron de ser los duros e incorruptibles de la película a aparecer como una banda de mafiosos y extorsionadores que pedían dinero a los imputados a cambio de retirar la acusación particular.
El caso es que ya se ve el principio del fin. Urdangarín condenado a 6 años y tres meses de prisión por los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales; de los 19 años y seis meses de prisión que pedía la Fiscalía Anticorrupción. Ahora se estudiará si la misma solicita el ingreso inmediato en prisión, de forma análoga a otros procedimientos recientes de corrupción política, como el Caso Gürtel, o el caso Unión Mallorquina (el partido político nacionalista mallorquín que lideraba Maria Antònia Munar).
Su socio Diego Torres, condenado a ocho años y seis meses. La fiscalía pedía 16 años y medio, menos condena que para Urdangarín.
Y qué sería de un juicio por corrupción en Baleares si no estuviera el expresidente de la comunidad y exministro de Medio Ambiente en la era Aznar, D. Jaume Matas, acusado de delitos de malversación (en concurso con prevaricación y falsedad) y fraude, presuntamente cometidos por contratar con Nóos al margen de la legalidad. Matas ya ha recibido sentencias condenatorias en otras dos causas por delitos de corrupción, y lo que le queda…
En cuanto al resto de los acusados, hasta un total de 17, la mayoría cargos públicos de Baleares, Valencia y Madrid, pequeñas condenas y bastantes absoluciones.
A destacar el serio toque de atención a Manos Limpias, condenada a pagar las costas del juicio a la ex Infanta y el 50% de las de Ana Mª Tejeiro, la esposa de Diego Torres.
En cuanto a la Infanta, felicidad. Ha sido absuelta, con la alegría de sólo tener que pagar una multa de algo más de 265.000 euros, como responsable, a título lucrativo, del caso Noos. Teniendo en cuenta que ya había depositado en el juzgado 587.413 euros, le tendrán que reembolsar la diferencia. La pena le vendrá si su marido ingresa en prisión, lo que le podría impedir cumplir su deseo de “que acabe esto para no volver a pisar este país”.