Con la época de canícula comienzan los avisos de incendios forestales, al tiempo que se aplican en toda su dureza las reglamentaciones correspondientes a impedir que un error humano pueda ser el origen de una tragedia en el monte. Pero tales reglamentaciones, todas las campañas de concienciación del mundo poco pueden hacer para detener la destrucción mientras existan los que ganen más con la quema de los bosques que con su preservación.

Lo que es claro es que la inmensa mayoría de los incendios vienen de la mano del hombre y, en muchos casos, provocados para beneficio de unos cuantos. Aunque tal hecho esté lleno de mitos. Así, uno de los motivos que siempre se ha alegado para la provocación de incendios han sido los motivos urbanísticos: se compra un terreno rural, se quema con lo que se fuerza la recalificación, y se gana un dineral construyendo una urbanización de lujo junto al bosque que haya quedado. Evidentemente han existido incendios motivados de acuerdo a ese plan, pero no es una explicación a los siniestros que ocurren en zonas con interés urbanístico nulo.  Así, pese a estar en el imaginario colectivo, la causalidad incendio-cambio de uso del suelo no es demasiado frecuente (0,34% de los incendios y 0,12% de la superficie quemada en el periodo 2001-2012), siendo así que hasta en Greenpeace desmontan el mito entre incendios y construcción.

Los que sí está demostrado es la alta relación entre incendio y dedicación de la tierra quemada al pastoreo. Mientras que se piensa que las recalificaciones son todas para la construcción, la mayoría de recalificaciones se hacen para cambios de uso agrícola y ganadero. Esa es la verdadera realidad de las recalificaciones y gran parte de bastantes incendios. Renovación de la masa forestal, cambios de uso a viñedos, plantaciones de nuevos cultivos o necesidad de pastos ganaderos (el 68% de los incendios en 2008).

Otro motivo habitualmente repetido es el del negocio de la madera quemada para la industria papelera. El problema es que realmente la madera quemada, aunque barata, necesita de un proceso de blanqueamiento para usarse en la fabricación del papel. Además, en los últimos años las comunidades autónomas cada vez más han enfocado sus esfuerzos en mantener la madera quemada en los lugares ardidos, con el objetivo de la creación de barreras forestales para evitar la pérdida de suelo.

Igualmente, no deja de ser un también un mito, aunque se hayan dado casos, que una parte de los incendios pueden estar provocados por los mismos trabajadores que se encargan de extinguirlos, debido a las amenazas de recortes que se ciernen sobre sus puestos de trabajo. Pero da pistas sobre un motivo real: los recortes en materia de prevención son otra de las causas principales de incendios, sin parecer darse cuenta de que un recorte en la prevención es asegurarse un gasto 10 veces mayor en la extinción y recuperación del monte.

En definitiva, los principales problemas del bosque español son el calor, el abandono y las malas prácticas agrarias. El abandono de las prácticas rurales que incluían la ganadería extensiva o la recogida de leña y que conllevaban un cierto cuidado del espacio forestal, ha motivado el abandono de los bosques debido al poco valor de las actividades relacionadas con ellos y al envejecimiento de la población rural. Por otro lado, la falta de una regulación efectiva y los vacíos legales entre ordenamiento jurídico estatal y autonómico lleva a una descoordinación en las medidas preventivas, que son las más importantes.

Por último, un apunte más acerca del negocio de los incendios, que, si bien no conllevan necesariamente el estallido de los mismos, sí es una trama que ha crecido al hilo de la lucha contra el fuego, debido a la cada vez mayor presencia de empresas privadas en los servicios de prevención y extinción por la vía de las concesiones y contratas públicas.

Se trata de la investigación llevada a cabo por la Udef a un grupo de empresas dedicadas a la extinción de incendios forestales por pactar precios e influir en las adjudicaciones públicas de España, Portugal e Italia. Estas empresas contaban con multitud de políticos y altos cargos de varios territorios, sobre todo de Valencia y Cataluña, para garantizarse la mayor parte de contratos. De hecho, es en la comunidad valenciana en la que se han llevado a cabo las detenciones más importantes, como la del ex conseller de Gobernación y Justicia y ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano.

La trama estaba presuntamente dirigida por el empresario Vicente Huerta, gerente de Avialsa, a la que Castellano benefició en Valencia, durante los años los años 2007 a 2014 y el funcionamiento era, como suele ser muy simple: a cambio de las correspondiente comisiones y regalos, se pactaba previamente con Avialsa en las condiciones de cada nuevo contrato las mejoras que debía introducir la empresa para adjudicarse el concurso. La causa está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público. Hubo más de 20 detenciones en Alicante, Valencia y otras provincias españolas y se practicaron 20 registros en empresas y viviendas. Mientras que la cantidad presuntamente malversada supera los 100 millones de euros y la Policía también investiga si los empresarios movieron hasta 600.000 euros en dinero negro desde Italia.

Así que, ahora ya lo sabemos: cuando el bosque se quema, posiblemente alguien está ganado dinero.