Quizás demasiado rápido ha anunciado el flamante Presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, la reapertura de la RTVV, más conocida como Canal 9, para el próximo 9 de octubre. La maraña entretejida de despropósitos legales y laborales que tuvo lugar con el cierre a finales de noviembre del 2013, puede complicar esa reapertura mucho más allá de esa fecha. La recuperación de las emisiones es un camino plagado de dificultades, con multitud de intereses cruzados y una maraña de pleitos pendientes de resolución. No hay que olvidar que el cierre de Canal 9 dejó atrás una deuda de 1.200 millones de euros, pleitos en los tribunales de índole laboral, relacionados con la corrupción y hasta con el acoso sexual, además de 1.608 trabajadores despedidos (los últimos con fecha del pasado 30 de junio).

Desde 1982, se comenzó la implantación de las televisiones autonómicas con el objetivo de promover cultura, lengua propia y realidad social de la comunidad, teniendo a su favor la proximidad con su audiencia (como propósito no está mal hasta que alguien confundió “audiencia” por “electorado”). Así, con una vocación de servicio público, buscan potenciar la realidad cultural de la comunidad actuando como agente dinamizador de la autonomía. Por otro lado, se buscaba la creación de una industria audiovisual capaz de crear producción que pudiera competir con los canales nacionales. Es este punto en el que se han obtenido los resultados más dispares; sólo la TV3 catalana, seguida en menor medida por la ETB vasca y el Canal 9 valenciano lograron cierto éxito a la hora de exportar productos. Y así, de la mano de la subvención, en la mayor parte de los casos, nacieron muchas productoras de televisión, con el objetivo de que fueran madurando hasta crear un tejido industrial audiovisuales independiente del canal autonómico correspondiente. Es así que la media de la producción propia de las televisiones autonómicas según la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (en PDF) fue, en sus mejores momentos, del 43% de su programación, suponiendo un 76% de sus costes.

La pregunta en este punto es ¿por qué una Comunidad Autónoma, que figura entre las más endeudadas y que, según palabras de su propio presidente no tienen ni financiación para acabar el año, se embarca en un proyecto de resurrección de un ente que ha demostrado ser un devorador de recursos y un despilfarro de medios?

Lo cierto es que nadie duda desde el Gobierno valenciano de la necesidad de reabrir Canal 9. Los motivos aducidos son varios y lo que se tiene claro es que tal reapertura estaría condicionada a la sostenibilidad económica. Como primer y principal motivo figura, cómo no, el coste electoral. Se cree que una de las causas de la pérdida del gobierno (que no de las elecciones) por parte del PP fue el cierre de la cadena, agravado por la forma en que tuvo lugar. De hecho, un plan de reapertura figuraba ya entre las tareas pendientes del anterior gobierno.

Otro motivo, según palabras del Presidente es el económico. En estos momentos, aun con el medio cerrado, RTVV sigue suponiendo un coste económico para el contribuyente valenciano. Los últimos trabajadores de la plantilla no firmaron sus despidos hasta finales del pasado mes de junio —más de año y medio tras el cese de emisiones— y el ente sigue existiendo formalmente, lo que implica que afronta pagos como el de 211.750 euros que ha desembolsado este mes para cumplir con la compra, acordada por la gestión anterior, de los derechos de emisión de la versión cinematográfica de Tirant lo Blanc, otra infumable muestra del 7º arte español, a pesar de no tener cadena desde donde emitirla. Además, el cierre definitivo y su desaparición acarrearía otra serie de problemas, como el destino de las instalaciones de la cadena, o el de sus medios técnicos o su archivo audiovisual.

Pero el tercer motivo, quizás el más importante es el de tener a disposición del Gobierno autonómico una herramienta de comunicación para informar al electorado del lastre que supone para la Comunidad la herencia de la corrupción del Gobierno anterior. Es decir, para hacer lo contrario de lo que hizo la cadena en sus últimos tiempos, que fue ayudar a tapar los escándalos que día a día se iban sucediendo.

Con esto obtendríamos más de lo mismo: una televisión autonómica al servicio del partido gobernante, seguro que a todos nos suena mucho esta película. La única diferencia serían los actores. Anteriormente fueros los afines a un determinado signo político, con programaciones contratadas a empresas vinculadas ideológicamente a ese signo, en su mayoría de fuera de la Comunidad Autónoma. El funcionamiento era sencillo: se contrataba con estas empresas las programaciones y a cambio estas productoras fomentaban la buena imagen de los políticos valencianos a nivel nacional en otros programas de las mismas empresas. En este caso, se caminará hacia el otro extremo: se fomentará la producción autóctona con programación teñida de valores nacionalistas, achacando la causa de los todos los males al anterior Gobierno y a sus socios a nivel nacional.

El resultado no hace falta que nos lo digan: programación tan infumable como la anterior que seguirá pagando el sufrido contribuyente, debido a que gobierne quien gobierne, los políticos del signo que sea son incapaces de dejar de meter sus manitas (y casi siempre también a sus amiguitos) en cualquier organismo que les pueda ayudar a sus propios fines, ya sea una televisión o una caja de ahorro, por poner otro ejemplo.

Sin embargo, no deja de ser curioso ver cómo este ansia por tener a su disposición este arma de comunicación ha embarrado una situación ya de por sí complicada. No hay que olvidar que un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) tiene una serie de consecuencias legales que no se pueden esquivar fácilmente. Y la principal es un tema de fechas: la reapertura de la cadena antes de que transcurran dos años desde su liquidación implica que habrá que readmitir a todos los trabajadores que formaban parte de la empresa: un total de 1.608. Algo totalmente inasumible, tanto financieramente como por el hecho de que posiblemente muchos fueros contratados en su día más por su afinidad política que por su aportación a los fines de la cadena.

En este sentido, la expresidenta del Comité de Empresa, Salut Alcover, ha advertido que los trabajadores no admitirán ninguna apertura del ente, ni provisional ni definitiva, que se haga de espaldas a la plantilla. «Si este gobierno sólo quiere recuperar las instalaciones de Radio Televisión Valenciana y no la plantilla que no cuenten con nosotros«. La plantilla de Canal 9 critica que partidos que han basado gran parte de su campaña en el anuncio de la reapertura del ente digan que un mes después de su victoria aún no tienen claro cómo desean que sea la nueva televisión.

En definitiva, un ejemplo más de la exposición de las empresas públicas a la mala gestión derivada de decisiones políticas: inversiones desmesuradas y en contra de la lógica del mercado y, sobre todo la instrumentalización política que fomenta más la política del partido en el poder autonómico que el servicio público para el que inicialmente nació y que da lugar a enchufismo, manipulación política, contrataciones irregulares… todo un catálogo de mala praxis económica y política que ocurre cuando se confunde servicio público con partidismo, electoralismo y adaptación de los servicios del estado a la propia conveniencia.