Desde finales de 2008, en una política que ha resultado ser global, el estado español ha apoyado al sector financiero. El problema es que cuando empezaron esas ayudas no puso ningún condicionante por lo que no vieron la necesidad de deshacer posiciones y aumentar provisiones y muchas siguieron presentando beneficios y los bancos repartiendo dividendos de forma irresponsable. Toda empresa (sea una pyme o una multinacional) divide en dos partidas contables su patrimonio: El pasivo o dinero que invertimos en la compañía y el activo que es donde hemos invertido ese dinero. Si el pasivo procede de fondos propios, la empresa podremos cerrarla cuando queramos o cuando empecemos a perder dinero con ella. Esto ocurre en muy pocas ocasiones, la mayoría de las veces el capital nos ha sido prestado, bien por algún socio, bien por el banco. Es lo que se denomina fondos ajenos. Lo que debe hacer un empresario cuando obtiene beneficios es reducir deuda –si la tiene- o al menos no gastarse todos los beneficios en reinversiones aumentando los activos pero lo cierto es que puede hacer ambas cosas, e incluso una tercera: repartir el beneficio entre los socios vía dividendo. Eso, repito, vale para un autónomo y para la mayor empresa del mundo.

El problema es cuando la empresa da pérdidas. Si eso pasa el activo se reduce y hay que recurrir al pasivo. Toca captar o bien con más fondos propios o bien más fondos ajenos (ampliando capital si cotiza en bolsa, emitiendo deuda propia si es una gran empresa, encontrando nuevos socios particulares o recurriendo al banco a por más créditos en la mayoría de los casos) aumentando con ello el riesgo. Si no puede aumentar los fondos ajenos pues no encuentra socios ni bancos que le concedan créditos, sólo le quedarán sus propios fondos. Si estos desaparecen, la única forma de mantener vivo el negocio es dejando de pagar algunas deudas (suministradores y empleados suelen ser los primeros en la lista, incluso antes de que se acaben dichos fondos propios). Si la situación no mejora, la empresa se declara en quiebra (lo que hoy se conoce como ley concursal o en los EUA acogerse al “chapter 11″) que básicamente es un proceso en el que hay un concurso de acreedores, que no es más que un procedimiento para ordenar y redistribuir el pago de los fondos ajenos que se adeudan. Que algo así ocurra es desgraciadamente muy fácil en cuanto hay una crisis del sector de una empresa -por ejemplo un fabricante textil que no puede competir con las importaciones chinas-; las de mayor tamaño son las que mejor pueden sobrevivir diversificando pero las pequeñas también tienen más facilidad para cambiar su ocupación. Si, como en el caso actual, la crisis es global y además viene acompañada de una falta de crédito bancario, la situación es insalvable para muchas.

Es por ello que es importante que haya unas normas contables que tengan en cuenta estas posibilidades, de hecho suelen ser conocidas como normas de prudencia contable. Por ejemplo, una empresa debe revaluar a precio de mercado y no a precio de compra: por ejemplo, si yo compro acciones del Santander a 10 euros y hoy valen 7, debo revaluar a 7 porque es al precio en el que puede convertir el activo en pasivo. Esto es algo que nuestros gobiernos eliminaron a partir de 2008 en algunos supuestos para evitar grandes quiebras -sobre todo en empresas con activos inmobiliarios permitiendo revaluar edificios a precios de adquisición y no a su valor real- que salpicarían a la banca e incluso ha permitido algunas maniobras puntuales que han inflado los beneficios de algunos bancos. Los mismos que pontifican sobre que esta es una crisis de confianza se andan con triquiñuelas contables. La contabilidad de una empresa es en el fondo un ejercicio muy básico de coherencia y todos sabemos que gran parte de esta crisis ha venido por complicar esas reglas tan sencillas. Pero es que estas reglas se ignoraron aún más si las empresas en problemas eran bancos. Veamos por qué lo hicieron: si una inmobiliaria o una promotora con problemas de liquidez deja de pagar los intereses y el principal de su deuda, la entidad financiera tiene que pasarlo a la cartera de clientes de dudoso cobro y provisionar una parte del importe. Si continúa en esa situación tiene que considerar la cantidad como morosidad pura, en cuyo caso debe hacer una provisión por el importe total contra la cuenta de resultados. Para evitar esto la solución que han adoptado la mayoría de las entidades financieras es adquirir directamente los activos de las inmobiliarias en crisis, así han podido revaluar los activos al precio de adquisición y se convirtieron en grandes inmobiliarias.

Si un promotor obtuvo un crédito de un banco y luego no pudo vender la promoción, el banco acabó quedándose con los pisos… si el crédito que concedió fue por el 80% del valor de tasación, pues lo obtendrá un 20% rebajado sobre el precio “standard” de entonces pero el precio desde 2007 no ha dejado de bajar y bastante más que eso. Eso mismo pasó en Japón cuando estalló su burbuja en los años 90. Tanto entonces como ahora la banca podía declarar moroso al promotor pero contablemente supondría anotarse una pérdida por la que además debe hacer una provisión que inutilizaría una porción de su liquidez. Es pues para ellos mejor aceptar quedarse con el piso del promotor aunque sea por encima del precio de mercado actual. ¿Por qué? Pues porque gracias al apoyo del gobierno (lo mismo que hizo Japón entonces, cambiar las normas de valoración de activos para ayudar a la banca) el banco no necesitaba poner el nuevo activo adquirido a precios de mercado. De esta forma el banco no quiebra pero queda paralizado ya que tiene un capital enorme inmovilizado en un activo que no le interesa vender por debajo del precio al que lo ha adquirido para no anotarse pérdidas. ¿Cómo pensar que en esa situación los bancos con esa carga van a prestar dinero a las pymes? Como mucho se lo prestará a los clientes que les compren las viviendas que es lo que acabó pasando. Hagamos un ejemplo con números: Si en España había en 2008 un millón de viviendas sin vender –es un suponer- que se quedó la banca y su valoración era de 100 mil euros cada una de precio medio habrá 100 mil millones de euros estériles en un activo que no produce nada. Volvamos al Japón de los 90 y eso fue lo que les pasó a los bancos japoneses…no quebraron pero pasaron de percibir intereses por los créditos a promotoras a tener un patrimonio enorme cuyo valor en mercado hoy sigue siendo más barato que el que tenían entonces.

Esta situación provocó que la banca española a partir de 2008 no sólo redujera sus créditos nuevos, además pasara a encarecer los que otorgaba para compensar de alguna forma el coste de las viviendas inmovilizadas (además del aumento de morosidad). En una segunda fase se supone harían lo que hicieron en Japón, dedicarlas al alquiler, pero eso también supone un desembolso adicional a corto plazo ya que habría que analizar cuantas de esas viviendas están acabadas y listas para vivir y puede no ser rentable en nuestro país, que multiplica varias veces la tasa de paro japonesa de entonces.  Eso se lo volvió a solucionar en parte el gobierno español creando la Sareb o “Banco Malo” que asumió ese riesgo –y algunos otros- de las propiedades inmobiliarias de las entidades con más problemas. El caso es que esos 100 mil millones de euros teóricos sólo se podrían haber hecho efectivos si se hubieran conseguido vender y la rebaja debería haber sido muy importante. Si hubiera sido del 30% por ejemplo supondrían 30 mil millones de euros de pérdidas para el conjunto del sistema financiero español, es decir, varias entidades quebradas. Eso sí, se hubieran dispuesto entonces de 70 mil millones de euros para reactivar la economía, ¿Qué hubiera sido mejor en 2008? ¿No habría sido mejor una salida rápida, por muy brusca que fuera, entonces, no hubiera reducido la duración de la crisis? Yo creo que sí.

PD – Los lunes de julio y agosto publicaré fragmentos de mi libro Especulando con la crisis, el de hoy es uno de ellos.