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¿Somos el 99%?

¿Somos el 99%? 1Se dice que el “We´re the 99%” del movimiento Ocupa Wall Street es el  eslógan político más eficaz desde el “Yes we can” de Obama. Fue creado por un neoyorquino de 29 años que la usó por primera vez en agosto en un blog de la red social Tumblr y su intención era captar el interés por la extrema riqueza del 1% de la población.

No nos corresponde nada mientras que el otro 1% se lo lleva todo. Somos el 99%

Sin duda, ha sido uno de los protagonistas económicos y sociales del año pasado.

¿Están en lo cierto o es simplemente un movimiento de resentidos?. Para tener una mejor visión del problema lo correcto sería analizarlo desde una perspectiva histórica, ya que si bien todos estamos de acuerdo en que existen desigualdades lo importante es conocer la tendencia de estas y si con los años estamos solucionando el problema.

Por tanto, si hablamos de historia hagámoslo a grande y para ello tiramos de un trabajo titulado El tamaño de la economía y la distribución del ingreso en el Imperio Romano, en donde sus autores calculan el tamaño y distribución de la economía romana en su punto máximo demográfico, entorno a mediados del siglo II de nuestra era

Hemos determinado que en el Imperio Romano en su conjunto, un sector «mediano» de entorno a un 6 al 12 por ciento de población, definidos por unos ingresos reales de entre 2,4 y 10 veces subsistencia «muy limitada» o de 1 a 4 veces niveles de consumo «respetables», habrían ocupado una posición intermedia bastante limitada entre un segmento élite de quizás un 1,5 por ciento de la población y una inmensa mayoría próxima al nivel de subsistencia de entorno al 90 por ciento. En este sistema, un 1,5 por ciento de los hogares controlaban entre el 15% y el 25% de los ingresos totales, mientras que cerca de otro 10% se quedaba con otro entorno al 15% y 25%, no dejando mucho más que la mitad de todos los ingresos para el resto de los hogares.

Por tanto, en Roma el 1,5% de la élite controlaba entre el 15-25% de los ingresos, mientras en EE.UU. en 2007 la élite del 1% controlaba el 23,5% de los ingresos, sugiriendo con ello una inequidad ligeramente superior en los EE.UU de ahora.

Para ser estrictos, la desigualdad se suele medir mediante el coeficiente de Gini, en donde cero se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor uno se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). El estudio, calcula un coeficiente Gini de .42- .44 en el Imperio Romano, veamos cómo quedaría en comparación con otros países hoy en día.

  • Namibia: 70.7 (el peor)
  • Brasil: 55.6
  • Argentina: 48.3
  • Estados Unidos:45.0
  • Imperio Romano: 42 – 44
  • Portugal: 38.5
  • Italia: 33.0
  • España: 32.0
  • Francia: 28.0
  • Alemania: 28.0
  • Noruega: 28.0
  • Finlandia: 26.0
  • Dinamarca: 24.0
  • Suecia: 23.0 (mejor distribución)

Como véis, los EEUU, que es lo más parecido que tenemos al “Imperio Romano del siglo XXI” tiene más desigualdad en la riqueda que el Imperio Romano del siglo II. No parece que hayamos avanzado mucho en ese aspecto, queda el consuelo de que al menos la Italia de ahora es más igualitaria que la de hace 2000 años…

Volviendo al estudio, nos encontramos otro interesante dato:

Dado un PIB de entorno a 17-19 mil millones de Sestercios, un gasto público anual de unos 900 millones de Sestercios habría representado un tipo impositivo efectivo de aproximadamente el 5 por ciento del PIB, que es el mismo que el de Francia en 1700. Los impuestos romanos eran bastante bajos. La participación general del sector público en el PIB era algo mayor dependiendo de la escala del gasto municipal, mientras que el tipo impositivo nominal tenía que ser mayor incluso ante el incumplimiento de los contribuyentes, las amnistías fiscales y el comportamiento rentista de los recaudadores de impuestos y otros intermediarios. Además, no debemos olvidar que la inmunidad italiana ante impuestos repercutidos e impuestos al sufragio exigían una participación del sector público en las provincias para superar el promedio del imperio. Estos ajustes diversos nos permiten conciliar nuestra estimación de PIB con los tipos nominales informados de entorno al 10 por ciento de las producciones agrícolas de las tierras privadas del Egipto romano y tipos algo superiores en regiones menos desarrolladas donde la recaudación habría sido más difícil.

Volviendo a comparar la Roma de entonces con la de ahora, vemos como la carga fiscal ha subido del 5% al 54% que se prevé alcance Italia el año que viene. Esto, junto con las desigualdades analizadas, me hace preguntame….

¿Realmente hemos avanzado en tanto tiempo?

Carlos Lopez

Redactor de Euribor.com.es. Escribiendo desde el 2006 sobre el Euribor, economía, finanzas, bolsa, hipotecas y ahorro

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  • Wall St estable cerca de máximo 5 meses, espera prueba en Europa http://dlvr.it/14hxNm

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  • Pues sí que hemos avanzado en el tiempo; porque las condiciones de vida de los que menos tenían en el siglo II no eran las de ahora, que son mucho mejores.

    Éso es un coste económico también, creo.

    Ahora, siempre ha habido unos que han tenido más que otros y lo han sabido perpetuar a través de las generaciones (no en 2000 años, aunque igual alguno anda ahí, ahí).

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  • bastante antimonárquico, pero "es lo que hay":

    Las manifestaciones de la Reina de España, Dª. Sofía, más o menos diciendo que pobrecita su hija y su yerno, que no sabían nada y que la culpa es de los socios, que les engañaron y se aprovecharon suenan como a abuela cebolleta que dice: "no, si mi hija no llegó borracha a casa, es que le echaron una aspirina en la cocacola".

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  • Nadie ha tenido excesiva fortuna en el primer debate importante de la legislatura, prácticamente monográfico sobre la convalidación de las primeras medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno el pasado 30 de diciembre. Que el núcleo duro de la discusión haya sido si “lo sabían o no se lo contaron” sólo puede resultar descorazonador. Pero, más importante de lo que ha sobrado, es lo que no ha aparecido este miércoles en el Congreso.

    Contrariamente a lo que sugiere el tono un tanto bronco del desacuerdo, ha dominado un consenso inquietante: nadie se ha manifestado concernido por la situación que ha desembocado en la cruda realidad que toca afrontar. Ni unos ni otros han sido coherentes con la evidencia: si, como parece probado, el exceso de déficit –nada menos que alrededor de 20.000 millones de euros- viene causado sobre todo por la indisciplina de las comunidades autónomas, no cabe pasar por alto las responsabilidades que los respectivos partidos han ostentado en cada una de ellas; muy en particular, las que presentan mayores descuadres. Objetivamente, ninguno de los dos grandes partidos se puede proclamar ajeno –inocente- de la situación. Por no mencionar lo difícil que resulta creer que emerjan de pronto nada menos que tres billones de las antiguas pesetas como diferencia entre lo que se esperaba y lo que hay.

    Más deseable hubiera sido partir de algo tan palpable como que la situación es la que es, eludiendo la tentación de pretender dar lecciones al adversario, dada la evidencia de que nadie tiene credenciales para impartir doctrina de buena y rigurosa administración. Y, a partir de eso, discutir, en serio y con solvencia, qué se puede y debe hacer para salir del agudo desequilibrio en el que, entre todos, han sumido a las finanzas públicas. Asumiendo, para empezar, que no son muchas, sino una sola -Reino de España- a ojos de los mercados.

    Aunque incipiente, se va extendiendo un debate sobre aspectos clave: ¿alcance y composición de los recortes del gasto?, ¿mayor presión fiscal directa (IRPF) o indirecta (IVA)?, ¿equilibrio entre ajuste y reactivación de la economía?, ¿materias y calendario de las tan manoseadas reformas estructurales?, ¿papel y dimensiones del sector público?, ¿modelo de bienestar sostenible…? Sólo que discurre ajeno al marco parlamentario, desmintiendo, en realidad incumpliendo las pomposas declaraciones de “estar a la altura de las circunstancias” que todos multiplicaron antes y después de la última cita electoral.

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  • ¿Desastre a la vista? Tres señales que acrecentan el pesimismo de los inversores
    http://bit.ly/xMEPO3

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  • La operación de disfrazar el fracaso como una victoria ha formado parte íntegramente de las negociaciones sobre el cambio climático desde que comenzaron hace veinte años. La más reciente ronda de conversaciones, celebrada en Durban (Sudáfrica) el pasado mes de diciembre, no ha sido una excepción.
    Las negociaciones sobre el clima han estado en un limbo virtual desde la catastrófica y humillante cumbre celebrada en 2009 en Copenhague, donde unas esperanzas exageradas chocaron con una dura realidad política. Así, pues, cuando los negociadores –y un puñado de ministros de gobiernos– llegaron a Durban, las esperanzas no podían haber sido menores.
    Sin embargo, al final de las conversaciones, el Comisario de la Unión Europea encargado de los asuntos relativos al clima, Connie Hedegaard, recibió el aplauso de los medios de comunicación por haber logrado un “avance” que “salvó la cumbre de Durban” y –lo más importante de todo– por haber conseguido el santo grial de las negociaciones sobre el clima: un “tratado legalmente vinculante”. Según el ministro británico encargado de los asuntos relativos al clima, Chris Huhne, los resultados mostraban que el sistema de negociaciones de las Naciones Unidas sobre el clima “funciona de verdad y produce resultados”.
    Claro, que el acuerdo no entraría en vigor hasta 2020, cosa que parece extrañamente complaciente cuando resulta que, antes de la conferencia de Copenhague, los dirigentes políticos y medioambientalistas habían advertido que sólo disponíamos de seis meses o cincuenta días para resolver el problema del clima. Pero, como aseguraba el periódico británico The Guardian a sus lectores, se trataba de un avance, porque los países en desarrollo, incluidas la India y China, habían aceptado por primera vez “verse legalmente obligadas a poner freno a sus emisiones de los gases que producen el efecto de invernadero” y –lo que era igualmente importante– los Estados Unidos estaban formulando la misma promesa.
    Echemos un vistazo al acuerdo real logrado en Durban y al que se debía tanto palmoteo en las espaldas de felicitación. No requerirá demasiado tiempo: el documento ocupa dos páginas, no figura en él compromiso alguno de reducir las emisiones y no expone política alguna para aplicar las indeterminadas reducciones. Sólo hay una promesa de “lanzar un proceso para formular un protocolo, otro instrumento jurídico, o un resultado acordado y con carácter legalmente vinculante”.
    Un acuerdo para lanzar un proceso jurídico. ¿Eso es lo que se entusiasmó tanto a todo el mundo? Y vuelvo a decir que los negociadores se limitaron a prometer que se fijaría el plazo de 2015 para acabar estableciendo dicho proceso jurídico, que entraría en vigor cinco años después.
    Tan sólo unos días después, el ministro de Medio Ambiente de la India, Shrimati Jayanthi Natarajan, subrayó que no había un tratado jurídicamente vinculante: “La India no puede aceptar un acuerdo legalmente vinculante para la reducción de las emisiones en esta fase de su desarrollo. (…) Debo aclarar que [las conclusiones de Durban] no obligan a la India a adoptar compromisos vinculantes para reducir sus emisiones en términos absolutos en 2020”.
    La India no estaba sola al respecto. El día siguiente al de la celebración de la conferencia de Durban, el Canadá se retiró oficialmente del Protocolo de Kyoto, que Rusia y el Japón ya se han negado a prorrogar, por lo que sólo han quedado los Estados miembros de la UE y otros pocos países explícitamente comprometidos a aplicar mayores reducciones.
    Las victorias huecas han sido permanentes en las negociaciones sobre el clima desde que se iniciaron. El acuerdo de Durban resulta asombrosamente idéntico al de Bali en 2007: “lanzar un proceso amplio para permitir la aplicación plena, efectiva y sostenida de la Convención [de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático] mediante una cooperación a largo plazo”. Conforme a dicho acuerdo, que, naturalmente, fue objeto de gran celebración en su momento, debía haber un tratado legal listo para la reunión de 2009 en Copenhague.
    En 1997, el tratado fue aclamado en Kyoto como “un hito en la historia de la protección climática” y el Presidente Bill Clinton declaró que “los Estados Unidos han logrado un acuerdo histórico con otras naciones del mundo para adoptar medidas sin precedentes a fin de abordar el calentamiento planetario”.
    Naturalmente, el tratado ya había sido rechazado en el Senado de los EE.UU. por 95 votos en contra y ninguno a favor, es decir, que murió antes de nacer, con lo que, junto con las interpretaciones laxas de las emisiones en los años siguientes a la reunión de Kyoto, resultó, según las investigaciones emprendidas por los economistas Christoph Böhringer y Carsten Vogt, que hubo más emisiones con el Protocolo en vigor de lo que se esperaba que hubiera, si no hubiera existido éste.
    Incluso al comienzo de las negociaciones sobre el cambio climático planetario celebradas en Río de Janeiro en 1992, el objetivo de situar el planeta “en un rumbo adecuado para abordar el gravísimo problema del calentamiento planetario” pronto empezó a fallar. Los países ricos no cumplieron el 12 por ciento de su promesa de reducir las emisiones a los niveles de 1990 en 2000.
    Durante veinte años, los negociadores sobre el clima han celebrado repetidas veces acuerdos que no han dado resultado. Peor aún: a todos los efectos prácticos, las promesas formuladas no han tenido repercusión alguna en las emisiones mundiales de CO2. Lo único que han hecho ha sido infundir la falsa esperanza de que hemos abordado el cambio climático y permitirnos seguir así unos años más. Así, pues, antes de emocionarnos demasiado al celebrar el “avance” de Durban, haríamos bien en reflexionar sobre la historia de dos decenios en los que se ha estado azotando un caballo muerto.
    Mientras no consigamos que la energía verde sea más barata que los combustibles fósiles, no reduciremos las emisiones en gran medida. Debemos centrarnos claramente en la investigación y la innovación para reducir los precios de las energías substitutivas en los próximos decenios.
    El primer paso con miras a lograrlo es poner fin a nuestra suspensión colectiva de la incredulidad en relación con las negociaciones sobre el cambio climático. No debemos dejarnos engañar por el autobombo y una interesada presentación política de los hechos. Tenemos la obligación para con el futuro de actuar mejor.

    Bjørn Lomborg

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  • La evolución del transporte de viajeros sigue en descenso, en parte, como consecuencia del elevado nivel de desempleo. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de noviembre registraron una caída interanual del 0,8 por 100. Sin embargo, en los 11 primeros meses del año se contabilizó un incremento del 0,3 por 100, una avance del que participaron todos los tipos de transporte, a excepción del discrecional, que bajó un 3,8 por 100.

    El transporte urbano fue utilizado por más de 256,6 millones de viajeros en noviembre, lo que supuso un retroceso del 0,6 por 100 respecto al año anterior, en parte, por la caída de viajeros de metro. El transporte en autobús contabilizó 152,7 millones de usuarios en el mes.

    La gran mayoría de las autonomías contabilizaron bajadas en el mes, aunque hubo destacadas excepciones como el País Vasco, donde el transporte urbano aumentó un 3,9 por 100, y Galicia, un 3 por 100.

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  • Desde este martes, España tiene otro aeropuerto operativo sin vuelos comerciales. el de Badajoz, que se suma a los de Ciudad Real y Castellón. Antes de quedarse sin vuelos, la Junta de Extremadura le había entregado 9,3 millones de euros en subvenciones para impulsar los vuelos entre 2007 y 2011.

    De hecho, la decisión del gobierno autonómico de no renovar el acuerdo con Air Nostrum, compañía que operaba los únicos vuelos del aeropuerto, ha sido el motivo por el que se ha quedado sin vuelos. Exactamente lo mismo que ocurrió con el de Ciudad Real, tras recibir 3,134 millones de euros entre 2009 y 2011, según un informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC).

    Según el documento, cada pasajero que utilizó el aeropuerto de Badajoz en los últimos cinco años costó a las arcas públicas una media de 25,5 euros. La caída del tráfico de 2011, unida al mantenimiento de las subvenciones, provocó que el pasado ejercicio se pagaran 42,4 euros por viajero.

    A este importe, habría que sumar las inversiones realizadas por Aena para mejorar las instalaciones del aeródromo. Las últimas obras, por valor de 19,5 millones de euros, está previsto que terminen este año, es decir, cuando el aeropuerto ya no registre actividad comercial alguna

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  • Mientras el crudo sigue al alza, continúa el desplome del GAS natural http://dlvr.it/14g24M

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