Una de las múltiples aficiones y trabajos a los que me he dedicado ha sido la intermediación hipotecaria. Un malvado agente económico, si escuchamos a determinadas asociaciones de consumidores de banca. Un enemigo de la salud financiera de las familias, un aprovechado de las debilidades ajenas.

No voy a negar que en el sector de los brokers de hipotecas haya habido mucho mangante. Y los seguirá habiendo, si bien al menos ahora tenemos una normativa de protección al consumidor específica.

Se preguntará el lector por qué hablo de los intermediarios, si se supone que voy a criticar la concesión de préstamos hipotecarios. Los pérfidos agentes hipotecarios hemos acosado a los bancos, para que aprobaran operaciones de sobreendeudamiento a familias que no sabían ni lo que firmaban; posiblemente, en cuanto al desconocimiento del particular.

Viene siendo habitual, cuando hablamos de temas bancarios, confundir al ciudadano haciéndole mirar hacia otro lado. Sin los bancos, que concedieron las hipotecas, los intermediarios poco mal habrían podido hacer. Si un intermediario sin escrúpulos plantea al banco una reunificación de deudas que no soluciona el problema de sobreendeudamiento familiar sino que lo agrava, ¿no es la entidad financiera la que debe denegar la operación y hacer entrar en razón al cliente?

¿Acaso el banco no debería haber elegido a sus intermediarios con criterios de profesionalidad y solvencia? Evidentemente no habrían existido apenas reunificadoras de deuda tipo chiringuito financiero si los bancos no lo hubieran permitido. Y en cambio el debate público fue lo malo que eran los brokers, cuando en realidad lo que inyectan es competencia bancaria, pudiendo asesorar de forma independiente al cliente y negociando las condiciones en una posición de mayor fuerza.

Con las ejecuciones hipotecarias se ha tratado de seguir la misma estrategia, si bien me alegro de que la opinión pública se haya indignado y percibido, en cierta forma, de la propaganda oficial bancaria. La culpa es de las familias que han querido especular con las casas o vivir por encima de las posibilidades. O una que más gusta a la gente, qué los promotores y constructores, en su afán de hacerse ricos, han financiado promociones ahora fantasmas y se han cargado la economía.

El truco es genial, digo una verdad a medias para esconder la mayor: qué ha sido la banca la que ha permitido y promocionado estas actitudes suicidas de las familias y empresas del sector de la construcción. Y cuando se pone en evidencia esta realidad, muchos se tragan el sainete «la culpa es de todos«. De todos será, pero no en el mismo grado, no me cansaré de repetirlo.

Toda esta disquisición metafísica viene a colación de la intervención del Banco de España de la antaño perla del Mediterráneo, la CAM. Junto con Citi, Santander Consumer, BBVA, Banesto y algunos más, la CAM fue una de las que aprobaba hipotecas subprime a granel, al menos en mi tierra y en determinadas épocas.

Me hacía gracia la política de riesgos, aceptando sólo hipotecas al 80% de tasación (en teoría una actitud conservadora de concesión de hipotecas); era tragicómico porque al final aceptaban tasaciones con valoraciones desorbitadas, para financiar el 100% de la compra más gastos. Si sólo se quiere financiar una cantidad determinada, lo que hay que hacer es marcar el límite en función de la compra-venta, no de la tasación.

Por otra parte, no se solicitaba documentación original al cliente. ¿Imagináis vosotros dar 200.000 euros a una persona sin pedirle más que el DNI, como comprobante original? No era precisamente la mejor forma de descubrir engaños, una fotocopia negruzca de la nómina.

Y ya tenemos dos claves de la morosidad del sector particular en la CAM. No he hablado de conceder hipotecas a gente que llevaba menos de un año de vida laboral en España, a temporales, aceptar ingresos no oficiales y un largo etcétera de criterios de riesgo inexplicables.

No quiero ni imaginar los desmanes que se han producido en los préstamos promotor. Entraba un gañán (con perdón de los grandes profesionales de la construcción y la promoción), pedía un millón de euros para una nueva promoción y salía con el pan debajo del brazo. Y ahora la culpa es de los promotores especuladores. ¿Y del banco?

Los gestores de las entidades financieras que han arriesgado más dinero de sus depositantes de lo prudente, los políticos que han metido sus zarpas en los consejos de administración de las cajas, los reguladores bancarios que no han hecho bien su trabajo, ¿van a responder por ello?

Desde luego las familias que han perdido su hogar y han sido expulsados del sistema han respondido de sus errores, con todos sus bienes presentes y futuros. Ha llegado la hora de hablar claro y dejar de engañar a la opinión pública. Hay personas y dentidades que deben responder de sus errores, no sólo los ciudadanos.