Hay conversaciones que solemos aplazar. La del dentista, la del médico, la de hacer testamento. Y luego está la de las pensiones: esa que todos sabemos que hay que tener, pero que siempre dejamos para más adelante.

El problema es que «más adelante» se está acabando.

Un reciente estudio del CEU CEFAS, coordinado por Alejandro Macarrón, pone encima de la mesa algo que muchos intuían pero pocos se atrevían a decir con tanta claridad: el sistema público de pensiones español tiene un problema que no es ideológico, sino aritmético. Y los números, como bien saben los que llevan las cuentas de casa, no entienden de promesas políticas.

El sistema se diseñó para otro país

Cuando se construyó el sistema de reparto —ese en el que los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy— España era un país muy diferente. Había más nacimientos, menos esperanza de vida y, sobre todo, muchos más trabajadores por cada pensionista.

La idea era más o menos así: trabajas toda tu vida, cotizas, y cuando te jubilas, los que vienen detrás te pagan la pensión durante unos pocos años. En los años del diseño original, «unos pocos años» significaba aproximadamente una década.

Ahora la pensión se cobra durante 20 años o más. La esperanza de vida en España ronda los 84 años, y si te jubilas a los 65, la cuenta es fácil. El sistema no estaba pensado para eso.

Tres datos que deberían quitarte el sueño (o al menos hacerte pensar)

Uno. Entre 2010 y 2025, el salario medio en España creció entre un 22% y un 25%. La pensión media, en ese mismo periodo, creció entre un 65% y un 70%. Es decir, quienes están jubilados hoy han visto mejorar sus ingresos a un ritmo tres veces superior al de los trabajadores que financian esas pensiones.

Dos. En 2023, España destinó el 11,2% de su PIB a pagar jubilaciones. Más de uno de cada diez euros que genera toda la economía española va a pensiones. Y la tendencia es al alza.

Tres. El déficit operativo directo de la Seguridad Social en 2024 fue de 33.868 millones de euros. Si añadimos otros componentes del sistema, la estimación de FEDEA lo eleva hasta los 69.783 millones. Para que te hagas una idea: sin ese agujero, España habría cerrado 2024 con superávit fiscal.

¿Y qué soluciones hay sobre la mesa?

Aquí viene la parte incómoda, porque ninguna de las respuestas fáciles funciona sola.

Retrasar la edad de jubilación. El informe llega a calcular que habría que subir la edad hasta los 73 años para recuperar la proporción trabajadores/jubilados de hace medio siglo. Suena fuerte, pero la lógica es impecable: si vivimos más, tiene sentido que también trabajemos más. El problema es que, en un contexto de baja natalidad sostenida, cada año de retraso en la jubilación solo «compra tiempo»: en menos de tres años, las cuentas vuelven a ser deficitarias si no hay más gente joven que cotice.

La inmigración. Es la solución que más se escucha en los debates, y tiene parte de verdad. Pero el informe es muy claro: en su configuración actual, la inmigración que llega a España no resuelve el problema estructural. Las bajas bases de cotización, las altas tasas de desempleo y la baja cualificación media hacen que el impacto en las arcas de la Seguridad Social sea limitado. No es una cuestión de origen ni de ideología; es una cuestión de qué tipo de trabajadores incorporamos al sistema.

El ahorro privado. Aquí el informe sí ve un camino real: avanzar hacia un sistema mixto en el que la pensión pública garantice unos mínimos, pero donde el ahorro individual y los planes de empresa tengan mucho más peso. España tiene una de las tasas de sustitución más altas de Europa —la diferencia entre tu último sueldo y tu primera pensión es pequeña—, lo que ha hecho que el ahorro privado para la jubilación nunca haya arraigado demasiado. Eso, a largo plazo, es un problema. Pero cuidado: ni siquiera un sistema basado en ahorro privado aguanta si no hay trabajadores que produzcan bienes y servicios para los jubilados del futuro.

La única solución de fondo: que haya más gente

Por mucho que duela escucharlo, el informe es contundente: sin más natalidad, ninguna reforma técnica es suficiente a largo plazo. Un sistema de pensiones —público o privado— necesita una base de personas jóvenes que trabajen, coticen, produzcan y cuiden. Si esa base se estrecha año tras año, el resto son parches.

España lleva años con una tasa de fecundidad muy por debajo del nivel de reemplazo. Cada año hay menos nacimientos y más defunciones que el anterior. El bono demográfico que sostuvo el sistema durante décadas se ha convertido en una hipoteca.

Por eso el informe propone cosas que van más allá de lo financiero: que la pensión pueda aumentar en función del número de hijos, como reconocimiento al coste que supone la crianza y a la contribución de las familias al sostenimiento futuro del sistema. Dicho de otro modo: criar hijos tiene un valor económico colectivo enorme que hoy no se refleja en ninguna prestación.

Lo que está claro: la reforma es inevitable

El informe lo dice con una frase que merece la pena guardar: «La alternativa no es reformar o no reformar, sino elegir entre hacerlo de forma ordenada ahora o de forma forzada más adelante.»

Reformar ahora significa ajustar gradualmente la edad de jubilación, calcular las pensiones sobre toda la vida laboral cotizada (no solo los últimos años), revisar prestaciones como la viudedad para concentrarlas en quien más las necesita, recuperar incentivos fiscales al ahorro privado y recortar gasto público que no sea esencial.

Reformar de forma forzada más adelante significa recortes bruscos, incertidumbre para los jubilados del futuro y una factura mucho más cara para todos.

La pregunta no es si el sistema necesita cambiar. La pregunta es si tenemos la valentía política —y social— de hacer esos cambios antes de que no haya más remedio.