El último informe del Banco de España arroja cifras que obligan a mirar con lupa la salud financiera del país. En febrero, la deuda de las administraciones públicas escaló hasta los 1,723 billones de euros. Hablamos de una cifra que no solo asusta por su magnitud, sino porque marca un nuevo máximo histórico, superando el pico que se registró en septiembre del año pasado. En términos prácticos, el Estado debe hoy un 4,7% más que hace doce meses, una tendencia que parece difícil de frenar a corto plazo a pesar de los esfuerzos por contener el déficit.

Sin embargo, hay un matiz importante que evita que salten todas las alarmas de inmediato: la relación de esa deuda con el Producto Interior Bruto (PIB). Aunque debemos más dinero que nunca, el peso de esa carga sobre nuestra economía ha bajado ligeramente. Ahora se sitúa en el 101,2%, lo que supone un respiro de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Esto ocurre porque, por suerte, la economía española está creciendo a un ritmo que permite diluir, al menos sobre el papel, el impacto de este endeudamiento masivo.

El reparto de la factura por administraciones

Si desglosamos quién debe qué, el Estado central sigue siendo el protagonista absoluto. Su deuda ya roza los 1,573 billones de euros, un incremento anual superior al 5%. Es la administración que soporta el grueso del gasto público, desde infraestructuras hasta los intereses de la propia deuda que se va acumulando.

Pero el punto que genera más debate entre los expertos es la situación de la Seguridad Social. Su deuda se ha disparado casi un 8% en un solo año, alcanzando los 136.181 millones de euros. Este agujero no es anecdótico; responde a los préstamos que el propio Estado tiene que conceder a la Tesorería para que las cuentas cuadren y se puedan pagar las pensiones. Es un trasvase de dinero interno que evidencia las tensiones estructurales de nuestro sistema de protección social en un contexto de envejecimiento demográfico.

En el otro lado de la balanza encontramos a las corporaciones locales. Los ayuntamientos parecen ser los alumnos más aplicados en cuanto a contención de gasto, logrando reducir su deuda un 9,3% anual. Por su parte, las comunidades autónomas mantienen una tendencia alcista más moderada, con una deuda que ya supera los 345.000 millones de euros.

Perspectivas y el horizonte de Bruselas

El Gobierno mantiene una hoja de ruta optimista. Sus previsiones apuntan a que bajaremos del umbral del 100% del PIB en 2027 y que seguiremos descendiendo hasta rozar el 77% en el año 2041. Son planes a muy largo plazo que dependen de que no lleguen nuevas crisis imprevistas y de que el crecimiento económico no se estanque.

Lo que sigue siendo una incógnita es cuándo volverá España a cumplir con el famoso Pacto de Estabilidad de la Unión Europea. Bruselas establece que los países miembros no deberían superar una deuda del 60% sobre su PIB, una meta que hoy parece casi una utopía para España. Aunque la senda es descendente, el ritmo actual sugiere que pasarán décadas antes de que volvamos a movernos en esas cifras consideradas prudentes por las autoridades europeas. Mientras tanto, el coste de los intereses sigue siendo una losa que condiciona los presupuestos generales año tras año.