La pandemia dejó una estampa que muchos imaginaron como el futuro del trabajo: empleados conectados desde cualquier rincón del país, sin tráfico, sin oficina, con más espacio y menos alquiler. Pero el caso de Nathan Petrie, un programador neozelandés, recuerda que esa libertad tiene condiciones, y que mudarse sin blindar el teletrabajo por escrito puede salir caro.

Petrie trabajaba en remoto cuatro días a la semana cuando su casa flotante quedó inhabitable. Confiado en que su situación laboral seguiría igual, se mudó a Whanganui, a más de 200 kilómetros de la sede de su empresa en Wellington. Compró una nueva vivienda y, una vez instalado, informó del cambio a la compañía. No había acuerdo formal ni en papel, solo una interpretación propia de que podría continuar teletrabajando a tiempo completo.

La empresa le permitió continuar en remoto durante unos meses, pero le dejó claro que tenía que regresar tres días por semana a la oficina. Petrie alegó que la empresa había roto una expectativa razonable, dimitió y elevó el caso como un despido encubierto. Las autoridades laborales fallaron a favor de la empresa: el teletrabajo había sido una excepción puntual y la mudanza fue una decisión personal sin respaldo contractual.

El episodio ha resonado en redes y medios de varios países porque no es un caso aislado. Durante la pandemia, miles de trabajadores aprovecharon la flexibilidad para irse más lejos, cambiar de ciudad o incluso de país. Pero muchas empresas no formalizaron el cambio ni lo blindaron en contratos. Ahora que algunas están reclamando presencia en la oficina, surgen conflictos: empleados que ya han reorganizado su vida alrededor de una modalidad que nunca quedó por escrito.

Mudarse por mejorar la calidad de vida o por necesidad no es en sí un error, pero hacerlo sin asegurar antes por vía legal las condiciones laborales sí puede serlo. Y más aún si la nueva ubicación dificulta regresar físicamente a la oficina, tal como exigen cada vez más empresas en medio de una reevaluación del modelo híbrido.

En contextos de alta inflación y precios inmobiliarios desbocados, muchas familias están contemplando mudanzas fuera de los núcleos urbanos. Pero este tipo de decisiones no deberían basarse en supuestos sobre el trabajo a distancia. Sin un acuerdo formal, con firma y respaldo legal, el empleador tiene la posición dominante para exigir presencialidad.