Finalmente serán tres años los que se da el el Gobierno para implantar un peaje en las autovías del país (aunque podría extenderse por toda la red de carreteras) tal y como aparece en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido hoy a Bruselas el Ejecutivo.

El Gobierno destaca que este sistema de peajes «supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario ‘usuario pagador’ y también del principio de ‘quien contamina paga’». La intención con este sistema es costear el mantenimiento de la red estatal de carreteras. El Gobierno explica que de los 24.466 kilómetros de la red estatal de carreteras, 12.000 pertenecen a vías de alta capacidad. Esto genera unos costes crecientes que «no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios» y un déficit de mantenimiento que repertuce en una pérdida de valor. Por eso, los planes del Ejecutivo pasan por sufragar este mantenimiento con nuevos peajes.

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El documento detalla además que en «el caso de los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, se impulsarán las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores». Aún así, asegura que el asunto se tratará con los transportistas profesionales «con el objeto de llegar a un acuerdo con ellos» para evitar conflictos como los vividos en Francia.