Hace ya siete años desde que Mario Draghi hizo la promesa a toda Europa de que haría todo lo necesario para salvar al euro. Y vaya si cumplió con su promesa: puso al Banco Central Europeo a trabajar con bajadas de tipos y compras de deuda como nunca se habían visto en la historia del euro.

Sin embargo, al mismo tiempo, hizo una seria advertencia, especialmente a los países del sur de Europa: las medidas adoptadas no eran otra cosa que comprar tiempo para que los Gobiernos adoptasen las medidas oportunas a fin de acometer las reformas estructurales que eran necesarias para curar las heridas de la crisis.

El tiempo ha pasado, y la recuperación económica parece que también. El último informe de la OCDE advierte de que la economía global se está ralentizando a una velocidad mayor de la prevista, algo a lo que no ayudan los problemas políticos tales como las guerras comerciales o las amenazas de guerras militares en lugares tan sensibles como el golfo pérsico. De hecho, la guerra comercial entre Estados Unidos y China será uno de las principales causas de la disminución de crecimiento de ambas economías. Se estima que el crecimiento de Estados Unidos podría rondar el 2,4% este año para bajar al 2% al siguiente, mientras que China podría quedarse en el 6,1% en 2.019 y bajar al 5,7% en 2.020. Además, la OCDE ya advierte que el riesgo de que el frenazo chino sea mayor y más largo de lo previsto se ha intensificado. Además, en lo que a crisis se refiere la experiencia es un grado, y Estados Unidos sabe mucho de eso.

El caso es que han pasado siete años desde la adopción de las medidas de Draghi y, cada uno por sus razones, parece que ninguno de los países de la Eurozona ha hecho sus deberes. Francia acosada por el problema ya casi endémico de los “chalecos amarillos”, Alemania encaminada hacia la recesión, Italia y España acosadas por la fragmentación política con los problemas de inacción que ello conlleva y toda la Eurozona afectada por un “Brexit” que no va a tener una solución fácil.

Ante las malas previsiones del informe, Draghi, coincidiendo con las conclusiones del informe de la OCDE, ha comenzado a hablar de políticas fiscales para evitar el frenazo económico, harto de la falta de acción de los países europeos para acometer las medidas estructurales que, a su juicio, serían necesarias.

Y aquí viene la madre del cordero. Países como Alemania, ante la ralentización de su economía, que crecerá sólo un 0,5% este año según las previsiones, tienen un amplio margen de acción, a nivel fiscal, para el estímulo de su economía. Alemania, al haber sido conservadora con el gasto, cerró 2018 con un superávit del 1,7% y su deuda pública es algo superior al 60% del PIB, lo que significa, según el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, que su Gobierno podría inyectar 50.000 millones de euros de gasto adicional para reactivar la economía si hubiese que combatir una crisis.

En España, los Presupuestos que elaboró el PP y aprobó finalmente el PSOE en 2018 se anunciaron, en clave electoral, como los que ponían punto final a las políticas de austeridad. Y así, subieron las pensiones mínimas y las no contributivas, aumentaron los sueldos de los funcionarios y se elevaron los recursos destinados a las comunidades autónomas. Además, se rebajó el IRPF a pensionistas y rentas bajas y aumentaron las ayudas a las familias. Y este es el camino que pretendían reforzar los Presupuestos nunca aprobados de Pedro Sánchez.

El resultado de esto es un déficit público del 2,8% en el cierre de 2.018 que corona una deuda pública que ronda el 99% del PIB. Lo cual significa que la capacidad de acción en nuestro país ante una recesión es poco más que quedarse en un rincón a llorar.

Pero no hay que alarmarse, de momento la OCDE sólo ha advertido de una disminución de las previsiones de crecimiento. De hecho, ha estimado que el PIB mundial se ralentizará al 2,9% este año y al 3% el que viene y, aunque es el ritmo más débil desde la crisis financiera de 2008 eso no tiene que derivar necesariamente en una crisis, por lo menos de forma inmediata.

Es por eso que podemos ir tranquilamente a votar en noviembre, esperar el resultado de las negociaciones que habrá tras los resultados inciertos (además, seguramente el recuento de votos tardará menos) e incluso, permitirnos una tercera ronda electoral si volviesen a fallar las negociaciones para formar Gobierno. Tenemos tiempo. De hecho, los Presupuestos de Montoro podrían convertirse en los Presupuestos de la Democracia, aprobados de salida cada año a no ser que por mayoría absoluta se vote lo contrario. Visto cómo está el patio, nos podemos olvidar de votar nuevos Presupuestos una larga temporada.