Es un hecho, por desgracia, cada vez más constatado y aceptado por nuestra sociedad que el sistema de pensiones de nuestro país se encuentra en graves problemas de sostenibilidad. Factores como la diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, el envejecimiento de la población, el alto paro, la abultada deuda pública, la baja productividad y los bajos sueldos hacen insostenible el sistema de pensiones español.

Según la Actualización del Programa de Estabilidad 2016/2019, mientras que en 2013 el porcentaje de personas mayores de 64 años respecto de la población en edad de trabajar fue del 26,8%, en 2050 será el 62,3%. Esto es, en 2050, año en el que se jubilará la generación más numerosa de la historia de nuestro país, tendremos que cada dos trabajadores activos sostendrán a tres pensionistas. Esto sólo puede significar que las pensiones serán entonces mucho más bajas.

Para que un sistema de reparto como el de nuestro país pueda sobrevivir es necesario que se cumplan los siguientes tres factores. Una estructura poblacional en forma de pirámide con una base sólida, es decir, elevadas tasas de natalidad; un mercado laboral con altas tasas de ocupación y que la esperanza de vida sea consistente con la duración vida laboral. Ninguno de estos tres supuestos se da en nuestro país. El índice de natalidad es de los más bajos del mundo, el mercado laboral adolece de altas tasas de desempleo y a la vez es muy sensible a los ciclos económicos. Por si fuera poco, disfrutamos de una de las mayores esperanzas de vida del mundo.

Para el FMI la cuestión es clara, y las medidas a adoptar, también. Ellos, tirando de la doctrina más rancia y conservadora proponen los siguientes puntos:

Según Martin Feldstein, de la Universidad de Harvard, sólo existen dos opciones para evitar un colapso de todo el sistema. La primera es conseguir que las pensiones crezcan menos que el conjunto de la economía para que se puedan financiar sin un incremento sustancial de los impuestos. La segunda es cambiar el sistema de pensiones: pasar de un sistema de reparto a un sistema combinado que complemente el sistema tradicional con retornos de inversiones financieras, es decir, un modelo de capitalización.

Es decir, las alternativas propuestas son una disminución de la renta disponible de los jubilados, para poder hacer frente a sus pensiones, cada vez más numerosas y más duraderas en el tiempo, o bien establecer un sistema mixto que combine una prestación mínima con el sistema actual con una prestación complementaria obtenida de planes de pensiones, bien privados, bien gestionados por el Estado.

Según el estudio Pensiones en transición, del Instituto Aviva, y el Global Pension Index, que cada año elabora la consultora Mercer, la tendencia en la mayoría de los países es un alejamiento del modelo de reparto de las pensiones, que obliga a aportaciones fijas, y una aproximación a la capitalización individualizada, que permite aportar más o menos, con un límite mínimo y poder suspender temporalmente la cotización si se atraviesa una mala época.

Entre los ejemplos de países que han alcanzado una cierta estabilidad en su sistema de pensiones, atendiendo a criterios de idoneidad, sostenibilidad e integridad, se encuentran Dinamarca, seguida a distancia por Holanda, Finlandia o Australia. Hay que decir que nuestro país no aparece en el informe porque no es posible medir esas variables.

En todos ellos se combina una pensión pública mínima establecida con un sistema de reparto y complementada con prestaciones provenientes de un sistema de capitalización, con una parte obligatoria y otra voluntaria para el que desee tener en el futuro una pensión más elevada. A destacar el caso de Holanda, que figura en todos los registros internacionales como el país con menor porcentaje de su población mayor de 65 años por debajo del umbral de la pobreza (apenas un 2%). Lo cual es un éxito si se tiene en cuenta que este umbral se encuentra en Holanda cercano a los 28.000 euros, casi lo mismito que en España.