Cada año, desde hace 26, a finales de noviembre, también un 26, tiene lugar una de esas celebraciones de las que nadie se acuerda; una de esas celebraciones que pasan desapercibidas porque, ni es un festejo, porque no hay nada que festejar, ni es importante para la inmensa mayoría de la sociedad. Se celebra el Día de las Personas sin Hogar, del que sólo se acuerdan Cáritas, FACIAM (Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados) y unas cuantas asociaciones más.

En España, la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2012 refiere que son 22.938 el número de personas en situación de sin hogar. La Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 hace un intento por aproximar una cifra más adecuada a la realidad, al estimar que la cifra de personas en situación de sin hogar es de 33.275 personas. Esto contrasta con los datos de Cáritas, que declara atender a unas 40.000 personas en situación de sinhogarismo.

En cuanto al origen de estas situaciones se da el caso de que el perfil mayoritario es el de personas formadas, con un entorno familiar sólido que, de pronto, se enfrentan una circunstancia adversa -fundamentalmente económica-  y se ven en la calle viviendo de la limosna.  Así, Cáritas constata que un 76% de las personas que atiende por estar sin hogar lo son porque no disponen de ingresos y han tenido que dejar sus casas por impago de hipoteca o alquiler.

También se aprecia mucha más presencia de jóvenes que unos pocos años atrás, a pesar de lo que se desprende de los datos del INE, con una sensación de que pueda haber muchos más sin atreverse a darse a conocer por vergüenza o por una negación a la hora de aceptar su terrible realidad.

Pero hay otra conclusión procedente de los informes de Cáritas: según esta entidad el 25% de la población se ha quedado en la cuneta de la recuperación. De tal modo que puede decirse que la precariedad se ha instalado como estilo de vida para muchas personas. La desigualdad ha aumentado durante la crisis: los hogares sin ingresos se han incrementado un 78% entre 2007 y 2017, mientras que los multimillonarios lo han hecho un 13%. La pobreza no sólo se extiende, también se intensifica y uno de los factores determinantes en la pobreza es tener o no tener vivienda.

Pero aún preocupa más el ritmo al que crecen las familias atendidas que no tienen hogar, un 36% en 2017 y un 25% más en los primeros meses de 2018, de enero a abril. En número redondos, estos porcentajes se traducen en 1.055 hogares acogidos en una entidad social; 877, en casas de amigos o familiares; 743 sin vivienda, y 365 que viven en una casa ocupada. En sólo un año, la ocupación de pisos ha crecido un 28 % y el alquiler de habitaciones, un 18%.

Mientras tanto, según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante 2017 se han llevado a cabo en España 100 desahucios al día por impago de alquiler. O sea, cada hora cuatro familias se han quedado en la calle. En insuficiente contrapartida, el parque de pisos sociales es ridículo, apenas de un 2%, muy lejos del 30% de ciudades como Berlín, e insuficiente para atender a las familias que se han quedado sin hogar porque no pueden hacer frente al sostenido aumento del coste de la vivienda.

Las medidas propuestas por estas organizaciones para paliar el problema pasan por cuatro ejes de acción:

  1. Ampliar el parque de vivienda de alquiler social;
  2. Impulsar la vivienda social como equipamiento público y promocionar el uso de las viviendas vacías;
  3. Regular el mercado de alquiler;
  4. Actuar en el frente de la prevención, de manera que sea posible anticiparse a la pérdida del hogar y a las situaciones de calle. Para ello, las entidades subrayan la necesidad de trabajar en la prevención de desahucios, en la intervención temprana en situaciones de ruptura familiar, o en asegurar el alojamiento tras la salida de una institución.

Otra alternativa se centraría en la metodología Housing First, llevada a cabo en Estados Unidos primero, y luego en otros países más cercanos a nosotros con un razonable éxito. Este método consiste en proporcionar a las personas la dignidad de una vivienda y, a partir de ahí apoyo económico, médico, educacional, etc. Hasta conseguir la reinserción de esta persona en la sociedad. En cuanto a los costes, según datos del año 2012 de la organización Pathways to Housing, el coste de una noche en un piso de Housing First era de 57 dólares, mientras que pasar la noche en un albergue costaba 77 dólares, en la cárcel 232 dólares, y en el hospital hasta 1.200 dólares. En definitiva, se estima que 10.000 euros anuales sería el coste por persona, lo que nos daría la cifra de al menos cuatrocientos millones de euros para ofrecer una respuesta inmediata a 40.000 personas que, según Cáritas, viven en nuestras calles.

Como reflexión final, se puede decir que España es uno de los países europeos con menor porcentaje de vivienda pública y social (VPO). El propio Ministerio de Fomento reconoce también esta escasez de promoción de la vivienda social en la elaboración de la Agenda Urbana Española, en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030. El último censo de vivienda del INE de 2011 recoge 3.443.365 viviendas vacías. De ellas, 13.504 son viviendas protegidas de las Administraciones Públicas.