La teoría económica ortodoxa se ha caracterizado por realizar aportes en una infinidad de temas abusando de reducciones exageradas de abstracciones gráficas, demostraciones algebraicas o modelos matemáticos. La Curva de Laffer es un claro ejemplo, al mostrar una relación, en forma de “U” invertida, entre los ingresos fiscales y los tipos impositivos, sugiriendo la existencia de una tasa impositiva óptima que maximiza los ingresos fiscales. De esta curva se deduce que, tanto un recorte como una subida de esta tasa, nos alejaría del óptimo nivel de recaudación.

A pesar de que la intuición detrás de la curva de Laffer sigue una lógica aparentemente comprensible, el debate sobre su validez, fundamentado sobre la evidencia, es abundante.

El mundo de las políticas económicas actuales para averiguar el factor determinante del crecimiento económico y el ingreso se debate entre dos grandes tendencias. Por un lado, tenemos el pensamiento keynesiano, centrado en el fomento de la demanda y la revolucionaria idea de que el ahorro se ajusta a la inversión y no al revés. En este sentido es el ingreso, y no la tasa de interés, la variable que hace que el ahorro se ajuste al nivel de inversión. Por otro, Hayek y la escuela austriaca aseguraban que lo importante es el papel que juegan los inversores pacientes y austeros pues su comportamiento ayuda a canalizar el ahorro hacia la inversión por medio de la tasa de interés. De esta forma la única y verdadera fórmula para la prosperidad es dejar que las fuerzas del mercado se equilibren; el Estado solo viene a agravar la situación cuando interviene la economía. Así, la economía moderna se debate entre dos modelos: por un lado, está un Estado keynesiano robusto que empuja la demanda como motor del crecimiento y, por otro, un Estado de no intervención que, mediante la libertad, incentiva a los capitalistas a invertir basado en una economía de oferta.

Es bajo los auspicios de esta última escuela donde se fragua la idea de la curva de Laffer en 1974 argumentaba que normalmente la recaudación aumenta al subir las tasas impositivas pero que, llegado un punto, el incremento de las tarifas reducirá la recaudación. A la larga, este se convertiría en parte del argumentario de las políticas económicas de los gobiernos de derecha, partidarios de una baja tasa impositiva.

Derivada de esta curva de Laffer, encontramos la más desconocida curva de Rahn. Esta curva explicaría cómo es que hay países pobres que crecen con mucha fuerza mientras que otros no lo hacen en absoluto, porqué países como Alemania o Japón tienen tasas de crecimiento bajas o incluso negativas, mientras que otros países desarrollados, como Estados Unidos crecen a un buen ritmo.

La curva de Rahn relaciona el PIB de un país, o tasa de crecimiento de su economía, con el nivel de presión impositiva, entendiendo ésta como todo lo recaudado vía impuestos más todo lo que no se recauda pero que igualmente se gasta echando mano de deuda pública, es decir, lo que se considera el Gasto Público total y, por extensión, el tamaño del sector público.

Según esta relación, a medida que va aumentando el gasto público, se observa que, en un principio se genera un crecimiento del PIB muy acusado. Es decir, en una economía poco desarrollada, el que un gobierno genere el suficiente gasto para asegurar los servicios básicos que garanticen la estabilidad y la seguridad del país, debería permitir un rápido crecimiento de la economía. Esta tasa de crecimiento y esta prosperidad irían decreciendo paulatinamente conforme se acerca el tamaño óptimo del sector público. Pasado el punto óptimo, seguir aumentando el gasto público es entrar en ineficiencias. Es retirar por la fuerza el dinero de la población, de los profesionales, de los consumidores, de los inversores, y que unos políticos y unos funcionarios se dediquen a escoger lo que creen ellos que deberían consumir los otros, con lo que comienza el desastre. Entraríamos en la zona descendente de la Curva de Rahn, que indica que el gasto público empieza a afectar negativamente a la economía, a la actividad del país; esto es, al crecimiento del PIB.

Y llegados aquí, ¿Dónde está el tamaño óptimo del sector público que asegure un crecimiento saneado de una economía? A pesar de que no hay demasiado material sobre este tema, se estima que el tamaño adecuado del sector público estaría por debajo del 25% del peso en la economía. Es más, según varios economistas, entre los que destaca James A. Kahn, un gasto superior al 30% del PIB resulta especialmente dañino, estableciendo el punto óptimo en un intervalo, comprendido entre el 15% y el 25% del PIB.

Sin embargo, no deja de ser cierto que este óptimo de la curva depende también de la eficiencia del sector público, de tal modo que puede ocurrir que un gobierno sobrepase ese “límite” pero utilice ese exceso de una manera eficiente, de modo que se traduzca en crecimiento efectivo de la economía. Al igual que puede ocurrir lo contrario: que el gasto público sea del todo ineficiente, debido, por poner un ejemplo, a altas tasas de corrupción, lo que se traduciría en ineficiencias en la economía.

Es decir, cuanto peor lo haga el gobierno, más dinero necesitará. Cuanto mejor lo haga menos dinero necesitará y menos presencia económica tendrá. La Curva de Rahn no dice que el país con poco gasto público es rico. Dice que poco gasto público genera riqueza, esté el país en el nivel que esté. Si este es rico, lo será más aún. Si es pobre, dejará de serlo. Y, del mismo modo, un país rico con un muy elevado gasto público quedará ahogado y congelado en el tiempo, retrocediendo económicamente, o no avanzando ni siquiera al ritmo al que crece la población. Los mejores ejemplos de esto están en Europa occidental: Italia, Francia, Suecia, Alemania, etc.

En nuestro país, Pedro Sánchez ha hablado de elevar su peso hasta niveles cercanos al 45% del PIB, desde el 40% actual, apelando a la necesidad de «converger» con los umbrales de gasto que se observan en algunos de los principales países socios de la Unión Europea. Esto significará alejarse aún más óptimo sugerido por esta teoría que sólo acarrearía importantes subidas impositivas sin una repercusión positiva en el crecimiento económico.

Según los críticos a la propuesta del Presidente, podemos observar que entre 1996 y 2004, los gobiernos de José María Aznar redujeron el gasto público del 44,2% al 38,6% del PIB, lo que se tradujo en un crecimiento del 64% del PIB per cápita, junto con una inflación media que se redujo del 4,3% al 2,2%. Además, el número de mujeres ocupadas aumentó un 58%, la riqueza neta de las familias se duplicó, el número de ocupados pasó de 12,6 a 17,6 millones de personas, el paro cayó del 22,8% al 11,5% y los asalariados con empleo indefinido aumentaron un 58%.

Lo que también es cierto es que parece ser que sobraron recursos suficientes para construir tramas de corrupción millonarias cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días, lo que significa que el crecimiento de la era Aznar pudo haber sido mucho mayor. Sin olvidar que el problema fundamental no es que el sector público gaste más o menos, sino que gaste mejor, de manera que si el Estado es tan eficiente en su gestión como lo pueda ser el sector privado, puede resultar indiferente quien gaste de cara al crecimiento.