Que conseguir un puesto de funcionario en la administración pública es un sueño para una gran parte de los trabajadores de nuestro país no es ningún secreto. De hecho, la consecución de un puesto de trabajo fijo para la administración es equivalente en el imaginario colectivo con un boleto premiado de lotería, con la diferencia de que este premio es para toda la vida laboral del trabajador y con ventajas también a la hora de su jubilación.

Alrededor de un 15,7% de los trabajadores en España, según datos de la OCDE en su estudio “Government at a Glance 2017”, es decir, aproximadamente 3 millones de personas, prestan sus servicios en las distintas administraciones de nuestro país. Este es un dato que no siempre es sencillo de implementar, debido a la gran pluralidad de administraciones existentes, ya que aquí deben incluirse, no sólo las administraciones como tales, sino también las empresas públicas y los organismos autónomos. Igualmente, la idea del funcionario como tal, se ha ido diluyendo a lo largo de los años, entremezclándose con otras figuras de empleado público que ya no son funcionarios como tales.

Este 15,7%, comparado con la media de la OCDE, se queda un poco corto, ya que ésta es del 18%, y aún más si comparamos con Francia (21% del empleo es empleo público) o con los países nórdicos, en los que el empleo público se sitúa entre el 25 y el 30% del total.

Sin embargo, a pesar de que en número de empleados públicos estamos por debajo de la media el gasto en salarios de esos empleos sí está en la media con la OCDE y por encima de la Eurozona. España gastó en esta partida cerca de 122.000 millones de euros en 2016, alrededor del 11% del PIB, según datos de la agencia de estadística de la Comisión Europea (Eurostat), en contraposición al 10,1% de media en la UE. De hecho, encontramos países con un mayor porcentaje de empleados públicos que dedican menos recursos, en proporción al PIB, para remunerar a los mismos, tales como Austria, Reino Unido o República Checa. Esto sólo puede llevar a una conclusión: tenemos relativamente menos funcionarios que los países de nuestro entorno, pero mucho más caros.

Sin embargo, analizando con un poco más de detenimiento podemos extraer una serie de observaciones.

Para empezar, la crisis económica afectó de una forma un tanto peculiar al empleo público de nuestro país, gracias a la todavía incomprensible política de Zapatero. Mientras que todos los países de nuestro entorno comenzaban a tomar medidas allá por el 2008, fue en el 2010 cuando se comenzaron estas medidas en España, recortando la tasa de reposición de puestos de trabajo y un 5% los salarios. Sólo ahora se ha comenzado a reponer a los trabajadores que se han ido jubilando, aunque se aprecian dos efectos que se pueden considerar como preocupantes:

  1. Tenemos en nuestro país la que podría ser la plantilla de funcionarios más envejecida de Europa, tras 8 años de no reponer jubilados. Así, los empleados públicos de la Administración Central en España con más de 55 años representan en 2015 el 35% del total, porcentaje sólo superado entre los países de la OCDE por Italia e Islandia
  2. Por otro lado, el trabajo ha de salir, por tanto, se ha echado mano de interinidades y, sobre todo, de contrataciones temporales. De hecho, en nuestro país ya existen lo que se podría llamar empresas de trabajo temporal especializadas en la administración pública funcionando como contratas para la realización de servicios.

Otro aspecto a considerar es la propia organización de la Administración, que se plasma en varios aspectos: el caos absoluto existente en los vínculos contractuales; funcionarios, empleados laborales e interinos ocupan idénticos puestos, pero poseen derechos distintos. La organización en cuerpos y en grupos que solo responden a una lógica corporativa anclada en otros tiempos. A esto se añade un sistema retributivo desfasado, irracional e injusto, que no tiene nada que ver con el sector privado. Y todo aderezado con un régimen disciplinario draconiano, pero que jamás se aplica.

Por otro lado, y sería algo que ayudaría a explicar el por qué nos sale tan caro nuestro funcionariado, mientras que el trabajo a tiempo parcial en la administración es algo bastante común en otros países, en nuestro caso es algo casi simbólico, apenas un 9% en el 2010.

Pero la gran explicación a este fenómeno tiene su origen, según todas las fuentes, en la cada vez mayor politización de la Administración. Se viene asistiendo en los últimos años a una cada vez mayor dependencia de la Administración a los cargos políticos, esto ha conducido a dos efectos principales. Por un lado, una proliferación cada vez mayor de asesores, se habla de un número de entre 17.000 y 20.000, con sueldos muy superiores a los de la media. Por otro, y esto ocurre más cuanto menor es el tamaño del ente administrativo (se hablaría aquí de administraciones locales), la politización propicia que el control se debilite, por lo que aumentan las irregularidades y las arbitrariedades.