Desde 1948, que la primera remesa de trabajadores fue reclutada para prestar su servicio a la marina mercante noruega, hasta un total de 12.000 marineros españoles trabajaron hasta la década de los 90 en barcos abanderados por el país nórdico. Hasta ahí todo es correcto, dentro de que, en aquella época España era un país de inmigrantes y la flota noruega despuntaba hasta el punto de convertirse en la tercera más importante del mundo.

Estos marineros, que durante años trabajaron y pagaron sus impuestos en el país nórdico, se encuentran desde hace años en el más absoluto desamparo. Esos años de trabajo no son reconocidos ni por el Estado español ni por el noruego, de modo que a los trabajadores no se les reconoce derecho alguno a pensión ni a prestación.

Es por eso que libran desde hace años una batalla sorda contra Noruega para conseguir la pensión que consideran que les corresponde. Entre 1948 y 1994 (año en el que Noruega suscribió el tratado del Espacio Económico Europeo y asumió la normativa comunitaria relativa a la Seguridad Social), a estos trabajadores se les estuvo reteniendo entre el 25 y el 40% de su sueldo, correspondiente al impuesto sobre la renta, que tributaba al estado noruego. Pero ni en el país escandinavo, ni en España se realizó aportación alguna a la seguridad social por estos trabajadores, lo que provoca la anómala situación actual de desamparo.

A día de hoy, estos marineros llevan años peleando por un derecho que consideran suyo. Si durante años estuvieron pagando una parte de su sueldo en impuestos, que se han calculado en un montante de 520 millones de euros, no entienden que eso no les haya generado derecho alguno a efectos de un reconocimiento de años trabajados.

De hecho, lo que ocurre es que están atrapados en un círculo vicioso legal: no podían cotizar en España porque, tanto su residencia, como su lugar de trabajo y pagadores estaban fuera de territorio nacional, ni podían cotizar en Noruega ya que, hasta la firma del tratado del Espacio Económico Europeo, para este país eran ciudadanos extranjeros que no residían en su territorio. Por este motivo, por ley, no podían cotizar ni en un país ni en el otro.

De hecho, el colectivo sostiene que Noruega violó sus derechos al impedirles beneficiarse de su sistema de protección social por no tener la residencia en el país. Sólo a partir de 1994 se les permitió cotizar a la seguridad social en el país nórdico. Antes de esa fecha, ni en el país escandinavo ni en España pudieron hacerlo, por lo que, al contar con domicilio en España, sus impuestos no generaron derecho a pensión.

De la Unión Europa, los españoles son los únicos que tienen este problema porque ambos países nunca firmaron un convenio bilateral, debido a que Noruega no quería negociar con una dictadura. La Comisión Europea solo ha podido reconocer la injusticia social cometida durante cuatro décadas que, según la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo incurre en “un claro trato discriminatorio por razón de nacionalidad, al no existir residencia, respecto a los noruegos empleados en los mismos barcos”.

Los antiguos marineros, agrupados en una asociación denominada Long Hope, llevan años de pleitos contra el estado noruego y se quejan del desamparo a que se ven sometidos por parte del estado español. Tras nueve años de existencia, la organización se encarga tanto de tramitar las reclamaciones individuales de los marineros frente al gobierno noruego, como de intentar que desde el ejecutivo español se inicie una demanda interestatal contra Noruega, denunciando a este país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que acortaría los plazos porque forzaría al país nórdico a sentarse a negociar, algo que ya ha conseguido evitar hasta en ocho ocasiones a día de hoy.

Las leyes noruegas son claras sobre que los marineros extranjeros no residentes no están incluidos en el sistema de protección social del país. Los armadores noruegos se negaron en su momento porque dijeron que no les saldría a cuenta, que no serían competitivos. Y, además, muchos marineros extranjeros pagaban los impuestos en su país de origen y, por lo tanto, no había inconveniente. Pero el problema es que en el caso de los españoles no fue así. Existía un acuerdo entre España y Noruega para evitar la doble imposición, por el que estos marineros que trabajaron en buques noruegos y cobraron sueldos noruegos tenían que pagar impuestos allí y no aquí. Pero nunca estuvieron incluidos en la Seguridad Social. Y, ahora, nadie se hace responsable. Lo que quieren los 12.000 de Long Hope es «que este acuerdo tenga carácter retroactivo y que reconozca lo trabajado por españoles durante medio siglo».

El embajador de Noruega en España, Johan Vibe, explica que «tras estudiar la reclamación de los marineros españoles en repetidas ocasiones y someterla al escrutinio de las autoridades de la Unión Europea, se ha concluido, reiteradamente, que no hay base legal para pagarles una pensión, ni para devolverles los impuestos que pagaron». Vibe reitera: «Los marinos enrolados en barcos noruegos pagaban impuestos bien a Noruega o a su país de origen, pero el pago de impuestos no implicaba estar dado de alta en la Seguridad Social, ni adquirir el derecho a percibir una pensión».

Mientras tanto, la media de edad de los reclamantes es de 83 años, de modo que 29 ya han muerto en estos años. Y aunque desde la propia Comisión Europea se ha criticado «esta injusticia social grave» y tienen muchas posibilidades de obtener una victoria en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (instancia a la que el Gobierno español ha renunciado), el tiempo sigue corriendo y, sin el apoyo de un Estado, los trámites se alargarán, de modo que serán muchos los que no vean el desenlace.