En España, desde 2008, y con un rescate de 51.300 millones de euros por medio, el sector bancario ha disminuido su fuerza de empleo en más de 75.000 empleados mediante distintas fórmulas que van de las prejubilaciones a los despidos incentivados.

Esto supone cerca de un tercio de toda la masa laboral que el sector tenía antes de la crisis y sólo ha sido posible hacerlo gracias a las condiciones ventajosas de salida que, en términos generales, ofrecen las empresas del sector a sus empleados en comparación con las de otros sectores. Esto ha dado lugar a lo que se conoce como “prejubilados dorados”, con los casos más llamativos en sus directivos, muchos de los cuales han sido apartados de la vida laboral en condiciones casi principescas mientras que las entidades en las que habían trabajado eran rescatadas, absorbidas a precios irrisorios o malvendidas.

Así, mientras que al comienzo de la crisis el sector empleaba a 270.351 trabajadores en España, en unos tiempos de créditos fáciles y gran actividad inmobiliaria, con un Euribor a un mes que llegó a alcanzar el 5%, a finales del 2015 el sector lo componían 18 bancos, 15 cajas reconvertidas a bancos y 10 cooperativas de crédito. Un total de 43 entidades que con una red de 31.237 oficinas con 197.000 trabajadores.

Pero el proceso ha seguido este año, y se prevé que va a continuar en los siguientes. CaixaBank y Santander han liderado el proceso de ajuste al recortar 414 empleos y 262 oficinas el primero, y 432 trabajadores y 329 sucursales el segundo. Se prevé que para el 2019 sólo existirán 10 entidades financieras, ya que las absorciones y fusiones van a continuar, que darán empleo a unos 180.000 trabajadores, según un estudio de Funcas.

El último en unirse a esta fiesta ha sido el Banco Popular, que ya ha acordado la salida de un 20% de su plantilla en España. Unos 2.592 trabajadores, la mayoría (unos 2.000 aproximadamente) de más de 55 años, a los que se les ofrecerá, al menos, el 70% de su sueldo (dependiendo de la edad), y el resto, excedencias o indemnizaciones generosas para no añadir conflictividad laboral a la difícil situación financiera que atraviesa la empresa. En cuanto al número de oficinas, unas 302 serán las que echen el cierre.

Esto permitirá a la entidad ahorrar entre 175 y 200 millones de euros anuales. Y es que los últimos tiempos no han sido fáciles para la entidad. Muy expuesta al ladrillo todavía, es la entidad española que aún sufre en su balance un mayor impacto por créditos dudosos e inmuebles adjudicados. Hasta el pasado mes de junio, sumaba 17.639 millones de euros en préstamos dudosos, con un volumen de adjudicados de 16.473 millones y un ratio de morosidad ampliada del 29,6%.

Por otro lado, ha visto descender la cotización de sus acciones desde un máximo de 18 euros hasta menos de un euro. Y, aunque desde la entidad se insiste en el compromiso de independencia, lo cierto es que las ventas de acciones no han dejado de sucederse a la espera de novedades. Siendo este acuerdo un intento de atajar la sangría de las cotizaciones y dar un poco de estabilidad a la entidad, que no deja de verse vapuleada en los mercados desde que suspendió en mayo el pago de dividendos y tuvo que realizar una ampliación de capital un mes más tarde por valor de 2.500 millones de euros.

Y es que el Popular es el único banco donde crecen los activos tóxicos -créditos morosos e inmuebles adjudicados- frente al resto del sector, que lleva años reduciéndolos. Se calcula que la morosidad del Popular asciende a 17.500 millones (1,5 veces el valor tangible del banco) y esto irá a peor a menos que la entidad consiga el permiso del Banco de España y de la CNMV para segregar de su activo el banco malo que ha creado (de nombre Sunrise), con lo que lograría quitarse de encima 6.000 millones de estos activos dañinos. La alternativa es otra ampliación de capital o ser absorbido por otra entidad.

El caso es que el proceso de fusiones y reajustes en el sector bancario continua. El sector se encuentra en un proceso de reconversión y transformación: ajustando las plantillas y oficinas a los hábitos de los consumidores y transformándose para evolucionar hacia una gestión en la que lo digital va a ir adquiriendo más peso. De hecho, aquellas entidades que no entiendan que el mundo ha cambiado y que la banca tradicional debe dar paso a una banca digital mucho más rápida y ágil capaz de dar respuesta a las necesidades actuales de particulares y empresas, se verán abocadas a la desaparición.