A día de hoy, con un ojo puesto en el cada vez más cercano futuro electoral navideño, y otro puesto en el inicio de curso (siempre tan doloroso al bolsillo), combinado con el fin de las vacaciones, ya pocos recuerdan aquellos meses que vivimos inmersos en la vorágine del rescate al sistema financiero español.

La reestructuración financiera en España se inició nada más estallar la crisis de Lehman Brothers. El Gobierno español aprobó un decreto creando el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros y se empezó a buscar soluciones para la primera entidad que tenía problemas, la caja de Castilla-La Mancha. La intervención de esta entidad mostró que ni el Gobierno ni el Banco de España podían gestionar la crisis bancaria que se venía encima. Y mientras Zapatero tranquilizaba a la opinión pública con mensajes del tipo “es un sector sano y uno de los más sólidos de Europa”, tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición pactaban la creación de los instrumentos legales necesarios para gestionar la crisis. Mantener la confianza en la parte buena del sistema bancario y evitar que la situación de las peores entidades se trasladara a las mejores debía ser la prioridad de cualquier declaración o actuación que se emprendiera.

La crisis se planteó fundamentalmente en unas cajas de ahorros controladas por el poder político, por lo que muchas de las operaciones comprometidas por las mismas se habían realizado más con criterio de conveniencia que económico. La falta de profesionalidad de los gestores explica los problemas que había que resolver y las actuaciones de algunas comunidades autónomas explican la dificultad de resolverlos.

La búsqueda de soluciones se complicó porque, por primera vez en su historia, España no podía hacer frente a una situación de crisis financiera con un Banco de España que pudiera emitir dinero para ayudar a las entidades de crédito con rapidez y sin pasar por el presupuesto. A diferencia del pasado, las únicas ayudas posibles eran las presupuestarias y éstas tenían que someterse además a la aprobación de la Comisión Europea.

La creación del FROB el mismo año 2009 fue trascendental. El problema español no era un problema de activos de toxicidad inmediata que pudiera acometerse con una nacionalización rápida y generalizada del sistema. Su problema era el de la dependencia absoluta del sector inmobiliario, cuyo desarrollo dependería de cómo evolucionara la economía, y que determinaría el alcance del deterioro de activos y la rentabilidad del negocio.

Por ello, a las entidades “buenas” bastaba con exigirles que provisionaran y se capitalizaran adecuadamente, pero sin necesidad de ninguna nacionalización ni de intervención del Estado. A las entidades “problemáticas” que no se habían integrado en las más sanas, se les ofrecieron dos posibilidades. Podían solicitar la inyección de recursos del FROB, pero éste solo les concedería ayudas públicas si aceptaban las exigencias de cambios de gestión y de planes de reestructuración concretos (reducción de oficinas, gastos de estructura, etc.). O podían continuar su labor arriesgándose a ser intervenidas en cuanto el Banco de España detectara su inviabilidad. Este esquema consiguió que, de las 45 cajas existentes en 2009, quedaran unas 15 a finales de 2011. Hoy, tan sólo dos cajas siguen operando: Caixa Ontinyent y Colonya Caixa Pollensa.

Por otro lado, el cambio legislativo que impulsó la conversión de cajas en bancos, consiguió que en un solo año todas las cajas españolas convirtieran su actividad financiera en bancos. Esta actuación transformó completamente el sector de las cajas y homogeneizó el tratamiento de todas las entidades de crédito españolas por parte del Banco de España.

A día de hoy, tras ocho años, la noticia es que el Banco de España ha reconocido como incobrables 26.300 millones de euros, que se unen a otros 11.712 dados por perdidos anteriormente. Es decir, a pesar de que se prometió que los ciudadanos no pagaríamos en ningún caso el rescate bancario, ya hay 38.012 millones que se fueron a limpiar los balances de las cajas quebradas y que los contribuyentes (y clientes de banca) no recuperarán.

En cuanto a la cuantía total de las ayudas, dependen según la fuente. La nota informativa del Banco de España (PDF) de septiembre de 2013 cifraba en 61.366 millones de euros la ayuda oficial a la banca entre 2009 y 2013. Según el FMI (PDF) en las mismas fechas, a esto había que añadir otra serie de ayudas no contabilizadas oficialmente pero reales, llegando hasta los 246.441 millones de euros. Esta diferencia se debía a la contabilización de la adquisición de los activos tóxicos o los «esquemas de protección de carteras de activos» (EPA), que suponían una protección frente a pérdidas procedentes de activos: es decir, si un banco adquiría activos de otra entidad estaría blindado frente a posibles pérdidas generadas por dichos activos con garantía pública.

Según la nota del Banco de España del 6 de este mes (PDF), las ayudas a la banca han alcanzado los 230.251 millones de euros (casi la tercera parte del PIB de un año), de los cuales se han recuperado 113.377 millones (en su mayor parte avales). De los casi 74 mil millones de ayudas directas por diversos conceptos, proceden los 38 mil millones dados por perdidos y restan los más de 45.000 millones comprometidos en la SAREB (o “banco malo”), que acumula pérdidas año a año. La estimación es que podremos darnos por contentos si acabamos con unas pérdidas de entre 60 y 70.000 millones de euros cuando acabe todo. Es decir, unos 1.750 euros por cabeza de todos y cada uno de nosotros.

Con esto se confirma lo que nos veníamos temiendo que ocurriría cuando se nos contó el rescate bancario como un préstamo que los bancos devolverían y que no le costarían un euro al erario público: que entre todos pagamos y pagaremos durante muchos años el coste de reflotar a las mismas empresas que se lucraron con nuestra miseria, todo dentro de la legalidad y con retiros dorados a los políticos y gestores que nos llevaron a ese extremo.