Se dice que la obsolescencia programada es una conspiración del lobby empresarial, que lleva años aplicando un plan para que sus productos ya salgan al mercado con una fecha de caducidad con el fin de asegurarse futuras ventas. Es decir, los fabricantes se las estarían ingeniando para que sus productos duren menos de lo que deberían, y así fabricar, vender y ganar más dinero; por tanto, los productos no se estarían diseñando para durar, sino para tener que ser sustituidos al final de una vida útil predeterminada y así asegurarse ventas futuras.

El sostén de esta teoría nunca del todo probada tiene su origen con el inicio de la industrialización de masas a principios del siglo pasado, con dos ejemplos claros: el de 1924 con los fabricantes de bombillas Osram, Philips, General Electric y la española Lámparas Z, cuando crearon el llamado cártel Phoebus con los estándares de producción y venta. Dicho cartel establecía la duración de las bombillas en 1.000 horas, cuando hasta dicho acuerdo entre fabricantes, la duración de las mismas había sido de 2.500 horas. El segundo ejemplo es más claro, lo protagonizó DuPont con el lanzamiento en 1940 de las medias de nailon. Este nuevo material las hacía prácticamente irrompibles, y tuvieron un gran éxito de ventas. Sin embargo, tras el éxito inicial, el fabricante decidió disminuir la calidad debido a que la durabilidad del producto estaba haciendo que las ventas disminuyesen ya que no existía prácticamente consumo de reposición.

Pero fue en 1954, cuando el diseñador industrial estadounidense Brooks Stevens popularizó durante una conferencia el término obsolescencia programada, que venía a significar la aspiración de la industria por “instalar en el comprador el deseo de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario”. Lo cual nos lleva a los distintos tipos de obsolescencia que hoy en día podemos encontrar:

Así pues, ya no es sólo cuestión de unos ingenieros que incluyan una serie de limitaciones a los productos para acortar su durabilidad, sino que las empresas utilizan también otros factores de tipo psicológico o tecnológico con el fin de despertar la necesidad de sus artículos creándonos la ilusión de que los que tenemos ya no sirven para su función.

Pero el problema va más allá de nuestro bolsillo. El hecho de que cada vez exista menos la cultura de la reparación y el ciclo compra-consumo-obsolescencia-basura se acelere cada vez más en nuestra sociedad, genera el problema añadido de la gestión de los residuos. Los recursos naturales y las materias las convertimos en chatarra con un sistema de producción muy rápido, diseñado para reemplazar las cosas en poco tiempo, y además reciclamos muy poco. Producimos 50 millones de toneladas de basura electrónica al año y sólo se recicla el 24%. El resto va a parar a basureros del tercer mundo.

Todo esto ha dado lugar a un tímido primer movimiento de la legislación desde la Unión Europea, que ya aprobó hace en 2012 una directiva que obliga a los países miembros a adaptar su normativa para acabar con esta práctica. La pionera ha sido Francia, con la aprobación de una ley que castiga con multas de hasta 300.000 euros y dos años de cárcel a las empresas que diseñen y fabriquen sus productos para que duren un tiempo predeterminado. En España, siguiendo la línea de esa directiva europea, existe un Real Decreto, de dudoso éxito en su implantación, que tiene como mayor finalidad el fomento del reciclaje pero que también incluye menciones a la prohibición de la obsolescencia programada y a fomentar la reparación de los dispositivos electrónicos.