Lo que se llevaba anunciando desde tiempo atrás al fin ha llegado: la multa de Bruselas por incumplimiento del objetivo del déficit puede estar al caer. Y aunque el presidente en funciones ha enviado una carta al jefe de la Comisión Europea explicando el esfuerzo realizado para controlar las cuentas públicas, lo cierto es que la Comisión abrirá un expediente sancionador en una cuantía que puede ir desde los cero a los 2.200 millones de euros, con la única ventaja de que ésta no llegará hasta después de las nuevas elecciones del 26 de junio. Y, al margen de la cuantía, lo que se da por seguro es que Bruselas dará un año extra para llegar al 3% de déficit, exigirá un ajuste adicional y estrechará la vigilancia sobre la política económica.

En la carta, nuestro presidente enfatiza lo complicado de la situación por la que ha pasado nuestro país: una legislatura llena de ajustes y reformas, que se abrió en un grave periodo de crisis, que ha tenido que enfrentarse con una baja o nula inflación y en la que sólo se ha conocido un crecimiento desde hace poco, con lo cual busca acogerse a la flexibilidad que se mostró a Francia. Habla también de lo paradójico que sería sancionar a un país que ha rebajado el déficit del 9% al 5%, señalando el crecimiento económico como bálsamo que ayudará a que todo encuentre su sitio con un poco más de tiempo.

Pero lo cierto es que no parece pintar bien para nuestro país, teniendo en cuenta el ataque al que fue sometido el Comisario Pierre Moscovici cuando advirtió del problema hace un año y se le achacó que ser socialista y francés primaban más sobre su opinión que los datos reales de la buena marcha de la economía española. Ahora que el tiempo ha dado la razón a Europa nos toca el nada edificante trabajo de soportar el ridículo y pedir más plazo y que no nos multen.

Por su parte Bruselas estima que la reducción del déficit se vio frenada por el efecto de la reforma del impuesto sobra la renta de las personas físicas e indica que los ingresos extraordinarios procedentes de otros impuestos se vieron «ampliamente contrarrestados por los mayores gastos». Indicando además que queda como tarea pendiente una reforma de los Presupuestos Generales de 2016 para el nuevo ejecutivo que entre en el gobierno, si es que esto llega a ocurrir alguna vez, o bien un duro ajuste en los del año siguiente. Así mismo, estima que, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria española, nuestro país debe utilizar los instrumentos correctivos necesarios para controlar las desviaciones a nivel de las administraciones locales y autonómicas, de los objetivos respectivos de déficit, deuda y regla de gasto.

Aun así se sabe que Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, no sería partidario de multar a nuestro país, ya que no ayudaría al objetivo de gobernanza del euro, que no es otro que la mejora de la economía española. Además, según el criterio del político luxemburgués, esta sanción llegaría en un contexto complejo con un gobierno en funciones y en plena campaña electoral. Lo que sentaría un precedente en lo que a dureza de aplicación de normativa comunitaria se refiere. En todo caso, se cree que la máxima pena no excedería del 0,2% del PIB o 216 millones de euros en el caso de España. También se espera que la Comisión adopte una decisión sobre si dar a España uno o dos años extra a España para situar el déficit por debajo del 3%. En este sentido, el Gobierno español ha dado a conocer las previsiones introducidas en el programa de estabilidad remitido a Bruselas en el que se apunta a una reducción del déficit hasta el 3,6% este año y al 2,9% para 2017. Bruselas estima, por su parte, que España cerrará este año con un déficit del 3,8% por el 3,1% que alcanzaría en 2017. Con lo que vuelven de nuevo las divergencias.

Lo que sí queda claro es la duda generada sobre la narrativa autocomplaciente del Gobierno de Rajoy en materia de política económica: ni la recuperación va tan aprisa, ni el empleo termina de recuperarse, ni está todo hecho en las reformas. Con un déficit público cercano al 5% del PIB, una deuda por encima del 100% del PIB y un desempleo superior al 20% queda, según el análisis europeo, crisis para rato.