En este casi recién estrenado 2016, el protagonista más peligroso que señalan los economistas ha sido el último en llegar: la incertidumbre entre los inversores internacionales ante la posible inestabilidad política tras el 20D, o por lo menos ese es el mensaje lanzado por aquellos a quienes más les conviene sembrar el miedo al cambio político. Y es que una democracia en la que si no se tiene mayoría absoluta, convirtiéndose así en una cuasi dictadura de cuatro años, no se puede gobernar, es un problema para hacérselo mirar. El funcionamiento de los partidos con su disciplina de voto hace que sea cual sea la propuesta no salga adelante si no se cuenta a priori con el suficiente apoyo parlamentario. Y es por esto que nuestro sistema político se parece cada vez más al consejo de administración de una gran empresa, en el que las propuestas sólo se hacen si se tiene la certeza de que saldrán adelante, con lo cual todo el arduo proceso de decisión, votación y aprobación de las Cortes se vuelve un puro trámite porque, o se cuenta con los apoyos, o ni se plantea nada para aprobar.

Por eso el acuerdo PSOE-Ciudadanos no valdrá para nada, porque sea lo que sea lo que propongan, por definición se votará en contra. Como tampoco valdrá de nada el posible intento posterior (¿a lo mejor se atreve?) del PP. Porque en nuestro sobrepolitizado país priman los principios políticos (por encima incluso de los ideológicos) sobre el sentido común y el deber de servicio que se le supone a un buen político. Y esto es otra característica asimilada del mundo empresarial, en el que ya sabemos que sólo existe un valor, que es el de los beneficios.

Y así nos acercamos, si no ocurre algo inesperado, hacia otra llamada a las urnas. Sobre todo porque a los dos partidos que polarizan la atención y el potencial de votos les conviene. Le conviene al PP, siempre que los casos de corrupción no le sigan golpeando, porque la economía está funcionando y sólo es cuestión de tiempo que eso se deje notar cada vez más en todos los estratos de la sociedad. Además cuenta con la mayor cantidad de voto cautivo de todo el espectro político: ni aun demostrándose que toda la cúpula del partido pertenece a una raza alienígena que desea la destrucción de los humanos sobre la tierra dejarían de obtener al menos el liderazgo de la oposición. Igualmente, le conviene a Podemos, porque el desgaste al PSOE es evidente y porque los votos de Izquierda Unida, o como se llame ahora, están al alcance de la mano. Además cuanto más avance la crispación, más se destape la corrupción de los grandes y menos medidas se propongan para atajar el problema de Cataluña, más cuerpo tomarán sus medidas y más coherentes parecerán.

En cuanto al PSOE, lo suyo es una huida hacia adelante: una apuesta de todo o nada, por lo menos en lo que a su líder se refiere, con lo fácil que hubiera sido poner como condición a un pacto con el PP la cabeza de Rajoy… Por último Ciudadanos. El partido, a priori, con más sentido común, con lo que eso conlleva en este país, donde la mesura se castiga con el ostracismo y el olvido. De hecho, hizo falta que Rivera llevase a cabo algo fuera de lo común para poder entrar en la escena política.

El caso es que, así las cosas, podrían sustituir a los señores diputados de cada partido por un representante-Consejero Delegado con el mismo peso de votos (con lo que los españoles nos ahorraríamos unos cuantos sueldos) e intentar nombrar a una administrador-Presidente de consenso que hasta no tendría que pertenecer a ningún partido en concreto. Quizás así nos quitarían a los pequeños accionistas un cierto poder político que supuestamente poseemos, pero tendríamos un poco más de seguridad de que las decisiones de la empresa quizás mirarían más por ella y por su mejora que por los intereses partidistas que ahora imperan.