La financiación del estado autonómico moderno es una combinación de impuestos centrales, normalmente sobre las rentas de personas y sociedades, que cubren el presupuesto del gobierno central, y de impuestos regionales y locales (normalmente sobre el consumo y la propiedad) que cubren los presupuestos de los gobiernos regionales. Los gobiernos centrales, además, tienen la capacidad de compensar mediante trasferencias las desigualdades regionales. Ese es, sobre el papel, el sistema organizativo fundamental de nuestro sistema de estado actual.
Sin embargo, como buenos hijos de nuestros padres, capaces de hacer lo más complicado y de atascarse en lo más simple, la financiación de las Comunidades Autónomas ha dado y seguirá dando no pocos quebraderos de cabeza. Los padres fundadores del estado democrático, en el que nacieron las Comunidades Autónomas, tuvieron muy presente el tema de reconocimiento de las nacionalidades históricas, la cesión de competencias y un sistema de transferencia de fondos desde las comunidades más excedentarias de recursos a las más pobres, con vistas a limar las diferencias entre ellas. Pero, desde una perspectiva puramente económica, pudiera parecer que limitaron los medios financieros para el ejercicio de estas competencias, que seguirían estando en su mayoría en manos del gobierno central, y que sería el que, en última instancia, tendría el poder de abrir o cerrar el grifo a la financiación autonómica.

La nota discordante ha sido y es el Concierto Económico, vigente para las comunidades del País Vasco y Navarra. Con este nombre se conoce al especial sistema de financiación vigente en esas comunidades y que tiene su origen en 1878, cuando estas regiones pierden sus fueros especiales en la última guerra carlista pero conservan un privilegio fiscal en forma de concierto económico. Tal concierto se volvió a recuperar con la democracia tras el paréntesis de la dictadura, que sólo permitió conservarlo a Navarra y Álava. El Concierto Económico es el instrumento jurídico mediante el que se regulan las relaciones tributarias y financieras de la Administración General del Estado y la región del País Vasco y Navarra. La Constitución recoge en su disposición adicional primera el amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales. En este modelo foral pretende inspirarse Artur Mas.

Principalmente supone dos diferencias importantes respecto a las comunidades autónomas de normativa común. Las diputaciones son las encargadas de recaudar de forma directa todos los impuestos en Euskadi o Navarra en su caso. La recaudación o la inspección fiscal no son de la Agencia Tributaria sino propios de Euskadi o Navarra. La segunda es que Euskadi y Navarra tienen competencias para aprobar normativa fiscal en casi todos los impuestos como IRPF, Impuesto Sociedades (salvo IVA e impuestos especiales como alcoholes e hidrocarburos, que corresponde al Estado).

De esta recaudación los Gobiernos Autonómicos vasco y navarro pagan un porcentaje al Gobierno Central por las competencias no transferidas de Defensa, Casa Real, Relaciones exteriores, etc. y que actualmente supone el 6,24% del gasto del Estado en estas materias: este es el famoso cupo.
Esto hace que lo que pagan estas comunidades no depende de los ingresos que tienen sino de los gastos del Estado. Por ello, si por tener una mejor situación económica tienen más ingresos, el resultado es que las administraciones autonómicas tienen más dinero para gasto o inversión por habitante. En la actualidad este sistema está beneficiando a estas comunidades. Sólo si tuviera una caída fuerte en su economía, mayor que en el resto del Estado, la situación empezaría a ser desventajosa para elllas.
Las consecuencias principalmente han consistido en una presión fiscal menor, especialmente en IRPF. Además existen exenciones importantes como la de compra de vivienda que en el resto del Estado se han suprimido, así como menores tipos reales en la liquidación del Impuesto de Sociedades y mayores inversiones y ayudas autonómicas.

El resultado de todo esto es que en el trienio 2011-2013, Navarra y el País Vasco se repartieron del orden de 4.000 millones de euros anuales más de lo que sus gobiernos autonómicos hubieran obtenido si estuvieran regidos por el régimen autonómico común.

En concreto, el País Vasco contó en ese trienio con una sobrefinanciación de 1.146 euros por habitante y año -un extra de 2.500 millones anuales en cifra absoluta-; y en Navarra los ingresos extra fueron de 2.303 euros más por habitante y año que la media de las 15 autonomías del «régimen común» -casi 1.500 millones anuales de más para las arcas de la Comunidad Foral-.

En definitiva, una media de 4.000 millones de euros anuales que acaban recayendo en las espaldas del Estado: en primer lugar, porque no los ingresa; y en segundo, porque es un dinero que no entra en el circuito de redistribución para que pueda llegar al resto de comunidades a través del sistema de financiación autonómica y de los fondos de solidaridad.

Esto hace que el Concierto Económico bilateral entre el País Vasco y el Estado otorga a esa Comunidad unos recursos públicos medios un 39% superiores a la media del resto de autonomías y ese extra se dispara hasta el 78% en el caso navarro. Lo cual significa simplemente que los conciertos económicos de estas Comunidades supone un coste para el resto.

Pues bien, llegados a este punto, esto es, ni más ni menos lo que el independentismo catalán desea para Cataluña: una hacienda propia que gestione todos los ingresos de la Comunidad y que transfiera al Estado Central un cupo preestablecido por las competencias no asumidas. De hecho, teatro aparte, prácticamente la totalidad de las medidas emprendidas por los independentistas, así como buena parte de sus declaraciones, han ido en ese sentido.

Sin embargo, según un estudio publicado por el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) la equiparación de Cataluña con el País Vasco en términos de financiación por habitante “exigiría unos recursos adicionales de más de 16.000 millones de euros que habría que detraer del resto de las comunidades del régimen común”. Este es el caramelo que Mas desea alcanzar mediante su propuesta de Pacto Fiscal.