Ya hace algún tiempo centré mi humilde atención sobre el proceso de independencia catalana, haciendo notar la intranquilidad que se respiraba en las grandes empresas con sede en Cataluña, que lejos de ver con buenos ojos, o incluso con indiferencia, el devenir de los acontecimientos, estarían moviendo ficha con vistas a reducir su peso en la economía catalana.

A día de hoy, gracias a políticos sin más miras que sus propias limitaciones, los acontecimientos se vienen sucediendo de tal modo que ya he escuchado en más de un medio de comunicación nacional la posibilidad de hacer efectivo el artículo 8 de la Constitución, que posibilita a las fuerzas armadas la intervención en un determinado territorio para garantizar la unidad nacional. Sería irónico que el Sr. Rajoy, que no desea entrar en la historia como el Presidente que abrió la puerta a la independencia catalana, lo hiciera como el que permitió un paseo militar por la Diagonal, al más puro estilo Tiananmén.

Sin embargo, si la lógica y el sentido común se imponen, nada de esto ocurriría: son tantas las desventajas que supondrían para ambas partes el separar sus caminos que no cabe en la cabeza que por obcecación de unos cuantos paguemos todos.

De hecho los argumentos económicos son poderosos, no olvidemos que éstos fueron los determinantes en el NO del referéndum de Escocia, tanto que, para empezar, España perdería de un plumazo el 19% de su PIB. Y en ese hipotético escenario sería la mejor parada. Para la supuesta nación catalana el varapalo sería terrible, pudiéndose resumir en los siguientes puntos:

  1. El primero es el más manido y comentado: la salida de la Unión Europea, es decir, Cataluña se vería obligada a la creación de una nueva moneda fuera del euro (o a seguir con él pero sin control monetario) y a salir de la cobertura del Banco Central Europeo, con lo que las entidades de crédito con domicilio catalán se verían sin acceso a la liquidez del sistema bancario europeo. Esto también incluye el acceso de Cataluña a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, que desde el 2014 al 2020 ascenderían a 1.461,6 millones de euros. Además, de querer entrar de nuevo en Europa, tendría que comenzar el proceso desde cero y con la amenaza de que España puede boicotear el proceso.
  2. Otro efecto demoledor se notaría en su balanza de pagos: aproximadamente el 60% de los productos catalanes tiene su mercado en el resto de España, cifra que disminuiría drásticamente. Además, todo su comercio exterior se vería sometido a aranceles, impuestos aduaneros y cuotas de venta y hasta vetos. Lo que encarecería sus productos y arruinaría a no pocas empresas catalanas.
  3. Lo cual enlaza con el punto siguiente: Cataluña se vería sometida a una salida de capitales y empresas sin precedentes. Multitud de empresas catalanas -prácticamente todos lo que pudieran- buscarían la reubicación en territorio español (seguro que la Comunidad de Aragón se frota las manos) en un puro ejercicio de supervivencia. Pero además, el capital extranjero, tan poco dado a aventuras de riesgo que no tengan que ver con lo exclusivamente económico, saldría del naciente estado más rápido de lo que se tarda en firmar la declaración de independencia.
  4. Otro tema de atención que se vería afectado sería el movimiento de personas, con las consecuencias que para el sector turístico catalán tendría tal hecho. Cataluña se vería fuera del Acuerdo de Schengen, lo que afectaría a los catalanes y a aquellos turistas que quisieran visitar  Cataluña, dado que la libre circulación se cancelaría. Teniendo en cuenta que sólo en el segundo trimestre de 2015 un 13% del total de la población catalana se dedicaba al sector turístico, la caída de la llegada de turistas a Cataluña podría suponer una bajada del PIB.
  5. Pero por si fuera poco, el Gobierno catalán tendría que hacer frente a una serie de costes ingentes para garantizar los servicios que presta. En primer lugar, tendría que financiar la constitución del nuevo Estado y hacerse cargo de aquellas partidas como las pensiones de los jubilados catalanes, así como los salarios de los funcionarios del Estado. Otro dato a tener en cuenta es que debería continuar haciendo frente a los pagos del servicio de la deuda pública española que le correspondiese, al menos durante algunos años, y realizar algunas provisiones para infraestructuras inacabadas, como las del tren de alta velocidad, y sobre todo las interconexiones energéticas con Francia, consideradas vitales para garantizar un suministro eléctrico barato.

Hasta aquí sólo son números, pero las consecuencias sociales pueden derivar en muchos otros costes más de todo tipo: hay que recordar que, según los sondeos, los independentistas ganarían las elecciones en escaños, que no en votos, lo que significa que más de la mitad de la población catalana no está dispuesta a separar su destino del resto de los españoles, pudiéndose convertir en los grandes damnificados de las absurdeces de los políticos que deciden sobre el tema y, por qué no, hasta en moneda de cambio.

Sin embargo, para tranquilidad de todos: Moody’s ya ha anunciado que no se siente preocupado por la probabilidad de que la región se separe del resto de España, y la prueba es que no ha modificado el nivel de riesgo ni de la deuda catalana ni de la del estado español. De hecho, lo que prevé la consultora es un acuerdo de financiación autonómica más favorable para Cataluña que acabe con la cuestión independentista al menos por ahora. Ahora me siento más tranquilo…