Entre 150.000 y 200.000 migraciones de líneas paralizadas, entre 50 y 60.000 usuarios incomunicados por averías sin solucionar, colapso en las incidencias técnicas y parada total de nuevas altas. Estas han sido algunas de las consecuencias de la huelga de los autónomos y los trabajadores de las empresas subcontratadas por Telefónica. Una huelga que ha logrado paralizar buena parte de la actividad de la compañía en lo que a instalaciones, reparaciones y portabilidades de líneas se refiere.

El conflicto, que comenzó en Madrid el 28 de marzo, se extendió el 7 de abril al resto del Estado, anunciando su desconvocatoria por parte de UGT y Comisiones Obreras el 5 de mayo. Los motivos, los de siempre, la voracidad de una gran empresa que ha mejorado en los últimos años espectacularmente sus números gracias a una buena gestión, por un lado, y por ganar competitividad a costa de sus trabajadores por otro. De hecho, hablamos de una empresa que desde su privatización entre los años 1994 a 1996 se desprendió de 50.000 puestos de trabajo debido a prejubilaciones, ERE’s y subcontratas mientras aumentaba exponencialmente su número de clientes, de 10 millones en los años 80 a más de 300 en la actualidad. A día de hoy, después de desprenderse de esa masa de empleados y de las antiguas contratas que otorgaban a sus trabajadores aún ciertos derechos (el ejemplo más claro fue Sintel), de 15.000 a 20.000 empleados por multitud de pequeñas empresas y autónomos que operan a nivel local son dirigidos como si fueran trabajadores asalariados de plantilla para llevar a cabo las instalaciones, reparaciones, etc. que las líneas de la compañía requieran.

Este profundo proceso de externalización de servicios ha ayudado a que la compañía obtenga beneficios de 3.000 millones de euros en 2014 (4.500 en el 2013) y pueda obtener suficiente capitalización para su enorme expansión internacional. Probablemente debido a la buena gestión que permite el ingente ahorro de costes, un buen ritmo de crecimiento y unos beneficios que animan a los inversores a confiar en la compañía, su presidente cobró 6,7 millones el año pasado tras aprobarse él mismo una subida del 16%. Dentro de la misma política de expansión internacional y de consolidarse en un mercado de las telecomunicaciones con una competencia feroz, la empresa no ha olvidado guardarse las espaldas en casa, por lo que multitud de ilustres nombres de la política nacional han desfilado y lo hacen todavía en sus consejos de administración. Dentro de la misma política de expansión internacional y de consolidarse en un mercado de las telecomunicaciones con una competencia feroz, la empresa no ha olvidado guardarse las espaldas en casa, por lo que multitud de ilustres nombres de la política nacional han desfilado y lo hacen todavía en sus consejos de administración: Iñaki Urdangarín, que fue consejero internacional entre 2006 y 2009 y consejero para Latinoamérica y Estados Unidos del 2009 al 2012 (hasta un año después de ser imputado); o Rodrigo Rato, consejero desde el 2013 (ya después de su imputación por el caso Bankia) o Eduardo Zaplana, Narcís Serra, etc..

Tras la propuesta de Telefónica de renovación del denominado “contrato bucle”, renovación que se hace cada tres años y que fija las condiciones de trabajo de estas empresas y autónomos, con lo que no contaba Telefónica ha sido con que, a pesar de la dispersión de las empresas contratadas, subcontratadas y el aislamiento de los «falsos autónomos», todos ellos han sabido organizarse para organizar una medida de fuerza conjunta y poder así reclamar derechos laborales, no a las empresas subcontratadas, sino a la misma Telefónica. Los trabajadores decidieron unirse en Madrid para ir a la huelga tras la negativa de la compañía a renegociar los términos del contrato. Estos términos suponían una bajada de baremos tal que ningún trabajador ganaría más de 600 euros limpios, lo que les obligaría a trabajar 10-12 horas de trabajo al día, sufragando además los costes de vehículo, carburante, herramientas y hasta el uniforme. Es por esto por lo que la huelga ha sido denominada “la rebelión de los esclavos de Telefónica” por diversas fuentes sindicales. Lo pedido: subida salarial hasta los 2.008 euros brutos, jornadas de ocho horas, mejoras de seguridad en el trabajo y la posibilidad de los falsos autónomos (¡qué figura del mercado laboral más bonita y elaborada!) de incorporarse a la plantilla de Telefónica. Unos días después, la huelga se extiende por todo el país.

Tras unas duras negociaciones en las que se habla hasta de sabotajes por parte de los huelguistas, en las que Telefónica ha echado mano de su propio personal para intentar paliar la situación y en las los principales afectados, como siempre, han sido los usuarios, Telefónica ha optado por pactar una subida de salarios con contratas y sindicatos y la aplicación de los convenios provinciales del Metal para las empresas contratistas y subcontratistas. Los sindicatos mayoritarios han solicitado además la revisión de los niveles de subcontratación y han pactado que los trabajos en fin de semana sólo se podrán realizar de forma puntual y justificada.

La situación a día de hoy es incierta, mientras que los sindicatos mayoritarios han anunciado el fin de las movilizaciones, lo cierto es que la huelga continua, quizás con menos efectivos pero más enardecidos, que reclaman la vuelta a las condiciones del contrato del 2006 al grito de “UGT y Comisiones no nos representan”. Y así, la llamada “marea azul” o la “revolución de las escaleras”, anuncia que las movilizaciones van para largo, mientras los principales medios de comunicación miran a otro lado.