Sorprendía el 1 de Enero el Ministro De Guindos con un mensaje tan optimista con la marcha y las previsiones de la economía española que llegó a afirmar que los trabajadores «han perdido el miedo» a quedarse sin empleo. Entiendo que las fechas no son las más adecuadas para realizar declaraciones de gran calado, pero para decir eso, mejor cantar villancicos. Porque lo que este señor Ministro debería también saber es que 728.300 hogares españoles no disponían en septiembre de 2014 de ningún tipo de ingreso familiar declarado; es decir, oficialmente, estaban en la indigencia. De este total de hogares, 200.000 contaban a su cargo, además, con uno o más menores de 16 años.

Por si fuera poco, estos datos los ha remitido el propio Gobierno al Congreso de los Diputados a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa, lo que aun da más motivos para pensar en los estragos que las fiestas navideñas han causado en el Ministro. Los datos mostraban la consolidación de un drama diario a pesar de los datos de “brotes verdes” ofrecidos por el Gobierno: en el tercer trimestre del 2014, 200.300 hogares con niños menores de 16 años carecían de ingresos declarados, es decir, el 27,50% del total de las familias sin ingresos.

Quienes se encargan de rebatir la certeza de estas cifras alegan que, si esto fuese cierto, la necesidad de estas familias hubiese provocado ya un estallido social, por lo que, lo que ocurre en realidad es que estas familias están inmersas en la economía sumergida y no están tan mal como las cifras apuntan. Aunque este sea un razonamiento válido, no por ello es menos falaz: evidentemente que muchas de estas familias malviven realizando trabajos mal pagados dentro de la economía sumergida, como malviven dependiendo de la caridad de familiares y amigos, así como de diversas instituciones como Cáritas, o la Cruz Roja, o rebuscando chatarra o comida en los contenedores, pero eso no significa que su situación no sea cada vez más angustiosa y que no deban preocuparnos porque sea evidente que siguen subsistiendo. Porque ese razonamiento nos llevaría a que sólo cuando mueran de hambre o frío, o cuando salgan a la calle a pedir o a tomar desesperadamente una solución se convertirían efectivamente en algo que deba preocuparnos.

Lo cierto es que efectivamente, según el informe publicado por Randstad sobre la Flexibilidad en el trabajo 2014, la economía sumergida supone un 18,6% del PIB, representando en torno a 190.000 millones de euros y que coloca a nuestro país, sin contar con los países del este europeo, con tasas aún más escandalosas, sólo por detrás de Portugal, de Grecia y de Italia. En teoría, si todo este empleo sumergido aflorase tendríamos una tasa de paro reducida a la mitad de la actual.

En lo que quizás no se entre en tanto detalle es en cómo son muchos de estos empleos de los que se habla: hablamos de empleos que, dada la estructura actual de los costes de contratación, así como los costes asociados al pago de una simple nómina de manera legal, estos empleos nunca podrían existir en la economía dentro de la ley. Además, el grado de desespero de estos trabajadores les lleva a aceptar prácticamente cualquier condición de empleo y sueldo que el contratante les quiera ofrecer.

Otra de las conclusiones del estudio detecta que los países con niveles elevados de corrupción en el sector público tienen una mayor presencia de trabajo no declarado en el mercado laboral. Bien mirado, quizás no tengamos tanto empleo sumergido como podríamos tener. Esto se debe a que el empleo sumergido supone una «vía de escape para quienes se enfrentan a la corrupción cuando tratan de desarrollar su actividad dentro de la legalidad».

El caso es que, efectivamente, nuestra economía parece estar remontando la crisis, sobre todo en lo que a grandes fortunas y empresas se refiere, los cuales, no sólo han recuperado lo perdido, sino que además están obteniendo ganancias netas gracias a la depreciación de los salarios. Que estas ganancias se acaben redistribuyendo al resto de la población será lo que haga que las familias realmente empiecen a notar los brotes verdes. Por ahora, lo que tenemos son estas 728.300 familias sin ingresos y una tasa de paro del 24%, con pinta de que tales cifras no vayan a mejorar sensiblemente a corto plazo, y más de dos millones de españoles ya residiendo en el extranjero, lo que nos vuelve a convertir en un país de emigrantes, tendencia que se lleva dando desde 2008.

Mientras tanto, los niños, nuestra generación futura, los que pagarán nuestras pensiones, de momento sólo pagan el pato. El nivel de fracaso escolar en las familias con problemas económicos es enorme, de hecho estos niños tienen el triple de papeletas a la hora de repetir curso que otros niños cuyas familias se hallen en situación más desahogada. Evidentemente aquí se incluyen los niños de estas 200.300 familias sin ingresos, pero hay muchas familias más cuyos ingresos están dentro de la legalidad pero son insuficientes: más de dos millones y medio de menores (29,9%) viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza relativa, según datos recogidos por el informe de Save the Children de hace un año, y el 33,8% están en riesgo.

La respuesta del Gobierno es reducir la partida presupuestada para el año que viene en educación compensatoria, la que ofrece ayuda a alumnos con problemas, hasta 5,2 millones de euros, un 92% menos que en 2014. Quizás de esta manera queda asegurada la continuidad del modelo.