Con la reestructuración bancaria llevada a cabo en los últimos años hemos asistido a toda una larga serie de miserias de la calidad humana. No sólo hemos tenido que rescatar a buena parte del sector, que se hundía debido a una pésima gestión llevada a cabo por los peores gestores: gente que poco entendía del negocio bancario y que menos entendía aun de la verdadera misión con la que las cajas de ahorro nacieron; sino que además hemos perdido buena parte de la obra social a la que las cajas dedicaban una parte importante de sus beneficios.

Las cajas nacieron allá en el siglo XIX a la sombra de los Montes de Piedad, que otorgaban créditos favorables a cambio de garantías prendarias y su misión no era otra que la de ser instituciones de crédito sin ánimo de lucro con el propósito de fomentar el ahorro popular y mitigar las necesidades de los más pobres y garantizar un mínimo de previsión social. Así se instituyeron como un medio de hacer llegar a las clases más desfavorecidas líneas de crédito, siendo una de sus primeras misiones luchar contra la usura que sufrían los campesinos en los años de malas cosechas y siempre con el objetivo de canalizar el ahorro de las clases bajas y medias hacia la inversión y realizar su obra social ayudando a los más desfavorecidos.

Con esta idea funcionaron hasta bien entrado el siglo XX; después, la concentración de cajas, que poco a poco fueron aumentando su tamaño, la indolencia del Banco de España, que permitió que sus órganos de gobierno se transformasen de democráticos a estar subordinados a los intereses económicos de la zona o región donde tuviera lugar su actividad y la llegada del Estado de las Autonomías que agudizó esta tendencia propiciaron que los órganos de gobierno de las cajas se llenaran de representaciones de partidos políticos que más buscaron poner estas entidades al servicio de la financiación de sus propios proyectos políticos que a la continuación de la labor que las cajas habían tenido hasta entonces. Precisamente fue la voraz necesidad de financiación de los proyectos de la clase política la que motivó que las cajas abandonasen sus principios fundacionales y transformasen su funcionamiento hasta parecerse cada vez más al de la banca privada. Esto fue también lo que motivó el cambio legislativo que las regía, que en sucesivas regulaciones fue permitiendo el endeudamiento de las cajas acudiendo a operaciones de emisiones de títulos de deuda de dudosa calidad, pero que en un principio, dada la bonanza general de la economía en los primeros años del siglo XIX, permitieron a las cajas un crecimiento en activos y volumen de negocio sin precedentes.

Después la crisis. Y con ella la ruina de muchas entidades, las grandes fusiones y compras y las intervenciones por parte del Estado. Y también, por supuesto, los escándalos y la vergüenza (de quien la tenga, que no parece haber muchos de estos). Y las cajas, ahora ya convertidas la mayoría en bancos (quizás la única manera de eliminar a la clase política de sus órganos de gobierno) han eliminado de sus objetivos aquel por el cual nacieron: su obra social.  En 2008, el montante de la obra social de las cajas fue de 2.058 millones de euros, en 2013, tras la reestructuración del mapa financiero español, la cantidad fue de apenas 650 millones, lo que significó volver a las cifras de 20 años atrás. Y esto teniendo en cuenta que la mayor de todas ellas, La Caixa, a pesar de haberse “banquificado” también, mantiene buena parte de su obra social a través de su fundación, quizás por el hecho de haber sido lo suficientemente fuerte para oponerse a su politización.

Por tanto, se aprecia aquí otro efecto negativo en la economía achacable a la pésima gestión de la cajas de ahorros: precisamente cuando más puede hacer falta una economía un poco más social, las cajas se han convertido en bancos y su misión social se ha diluido en unas cuantas fundaciones, con muchas menos funciones y acciones.

Y aunque el epicentro de todo este proceso está focalizado en una sola entidad: la antigua Caja Madrid y aledaños, practicamente todas las Comunidades Autónomas han perdido cajas de ahorro que sus gobiernos usaban como banco privado para sus, en muchas ocasiones, faraónicos proyectos de finalidad más política que económica.

Sin embargo, lo de Bankia es especial ya que ha sido la cornucopia de todos los males: emisiones de activos tóxicos tales como participaciones preferentes, con los que estafaron a miles de pequeños ahorradores, una intervención del Banco de España, envuelta en polémica y con unas cifras astronómicas, sucesivas gestiones a la cual más corrupta y ahora más de 350.000 estafados por comprar acciones tras su salida a bolsa, antes de su intervención pública, con números maquillados y con la supuesta anuencia de todos los supervisores implicados, desde Deloitte, hasta el Banco de España. Si lo de la estafa se certificase ¿significaría esto que el Gobierno debería indemnizar a los perjudicados por la compra de las acciones? ¿significaría eso que los bolsillos de todos tendrían que soportar una vez más a esta entidad para evitar su hundimiento y desaparición?

De momento sólo parece significar que los gestores de Bankia, en su idea de salvar la nave y sus prebendas, idearon el sistema de preferentes para financiar su desastre. Posteriormente, al no bastar, ampliaron la idea a compradores de acciones, a los que mintieron en la salida a bolsa y, por último, con el rescate, la estafa se extendió a la totalidad de la ciudadanía. Sólo falta por determinar si esto se sabía y por quien entre aquellos que debían velar por el buen hacer de la entidad, como son el Gobierno y el Banco de España.