A pesar de la flema (pachorra) de la que el Sr. Rajoy hace gala, los síntomas de desesperación se hacen cada vez más evidentes. Además los intentos por romper la tendencia de caída libre de intención de voto, siguen centrándose sobre el mismo tema: mejorar la situación económica; lo demás, llámese la aceptación del perdón por los pecados cometidos, entienden que llegará por sí sola.

En este sentido, una medida más que seguramente dará que hablar: el Gobierno pagará hasta 3.000 euros a las agencias de trabajo temporal por cada parado de larga duración que logre un empleo a través de su intermediación. Exactamente las cifras dependen de la edad del trabajador y del tiempo que lleve en el paro, y se mueven entre los 300 euros para un parado menor de 25 años que lleve entre tres y seis meses sin trabajo y 3.000 euros si colocan a un mayor de 55 años con dos años sin empleo.

Esta medida no es nueva, ya que la reforma laboral del 2012 abrió las puertas para que las comunidades autónomas –que son las que tienen la competencia en la intermediación laboral– colaboraran con agencias privadas de empleo para subcontratar la colocación de grupos concretos de parados. Por otro lado, a nivel europeo, Francia tiene implantado este sistema desde 1994, Holanda desde 1980, etc. La filosofía con la que nació esta colaboración entre empresas de colocación y servicios públicos de empleo, fue la de dar una solución eficiente al problema del desempleo de larga duración.

La forma de funcionamiento es la siguiente: las empresas de trabajo temporal adjudicatarias por concurso, recibirán los expedientes de los trabajadores afectados y cobrarán en función de los que resuelvan, teniendo un plazo de 8 meses para conseguir al afectado un trabajo de al menos 6 meses a tiempo completo de duración.

Las cifras, según un informe de una consultora independiente, serían de una reducción de casi 35 millones de euros en prestaciones, disminución del paro en más de 25.000 personas y aumento de cotizaciones de la Seguridad Social en casi 85 millones; eso solamente con el aumento de un 10% en la partida dedicada a la intermediación laboral. Es por eso que se podría pensar que este mecanismo puede resultar atractivo, ya que, además, incidiría sobre los colectivos en paro que peor parecen tenerlo.

Sin embargo, y esto es lo preocupante, esta es sólo un escalón más en la tendencia que se sigue desde hace años: el desmantelamiento progresivo del servicio público de empleo, favoreciendo a las privadas empresas de trabajo temporal. Cada vez con menos medios y con una capacidad muy limitada, sólo se cierran a través de los servicios públicos de empleo el 2% de los contratos laborales, estando además afectado por la fragmentación que le supuso la transferencia como competencia a las distintas Comunidades Autónomas.

Así, el Gobierno, después de los buenos resultados de la última EPA, quema más cartuchos para acelerar la marcha de la creación de empleo, sabedor de que lo único que puede oponer a la opinión pública ante los casos Gürtel, operación Púnica, Bankia y sus tarjetas, Rato y sus negocios, etc. son buenos datos de la economía, sobre todo en lo que a creación de empleo se refiere. A pesar de que todos los analistas dan como inalcanzable el objetivo propuesto de creación de 622.400 nuevos empleos entre este año y el siguiente. De hecho, según FEDEA, el empleo que se está creando es “de baja calidad, de poca duración y de bajos salarios”.

El problema es que ya sabemos una aproximación de la tasa de políticos corruptos del país, de acuerdo con el porcentaje de cargos que usaron las tarjetas negras de Bankia, el 90% de los políticos de cualquier organización política con representación son corruptos en mayor o menor medida. El hecho de poner fondos en manos de empresas privadas para que busquen trabajo a parados (algo que por otro lado ya deberían hacer el INEM, el SEPE, y la multitud de organismos regionales), recuerda demasiado a los cursos de formación para parados de media España, en los que buena parte de los fondos fueron a parar a los bolsillos que no tocaba. Es decir, volvemos a poner empresas privadas, colaborando con políticos de dos administraciones distintas, a recibir fondos a cambio de un servicio prestado a personas desempleadas y con un alto componente de desesperación. Ojala sólo sea que yo soy un malpensado.