Esta semana UGT cumple años, exactamente 126 añitos de una institución que nació en Barcelona al calor del descontento social provocado por las condiciones de trabajo de la Exposición Universal y que las ha conocido de todos los colores, pero nunca como ahora, envuelta en una trama de corrupción más propia de una república bananera que de un país occidental desarrollado. Y es que a destajo están teniendo que trabajar el juzgado de instrucción nº 6 para poder entender cómo una institución, que supuestamente defiende a los trabajadores, ha podido urdir una trama tan profunda, tan complicada, con el único fin de lucrarse a costa de aquellos a los que defiende. El tema de los ERE falsos se ha complicado con el tema de las facturas falsas y también con el de la formación, también falsa o amañada, con connotaciones políticas al más alto nivel, desde Manuel Chaves o Magdalena Álvarez hasta un chófer, funcionario de la Junta, de modo que cuesta creer que en una región tan castigada por la crisis no haya un batallón de gente con ganas de linchar a todos estos mangantes (perdón, quería decir presuntos mangantes).

Repasando cuentas UGT Andalucía podría haber estafado o robado alrededor de 65 millones de euros sólo por el tema de los ERE, entre comisiones abusivas, cobros a través de empresas satélites y subvenciones sin justificar. Igualmente, se presume que debería devolver 1.800.000 euros por desvío de fondos destinados a cursos para desempleados y trabajadores, y la investigación sigue. Y también debería devolver una cantidad indeterminada aún pero que puede rondar los 400.000 euros por el cobro de subvenciones que se justificaron con facturas falsas, dinero el cual fue destinado realmente al pago de cenas, comidas, regalos para los dirigentes del sindicato o la adquisición de una vivienda para su anterior dirigente. Todo un rosario de faltas y delitos que acabará con otro rosario de causas judiciales del cual no se ve ni siquiera el comienzo, ya que con cada investigación que se inicia surgen ramificaciones hacia otros hechos presuntamente delictivos de los que no se tenía constancia.

Pero lo preocupante es el hecho de que se vaya salpicando a políticos que, en principio no tienen nada que ver con el sindicato, y que la propia Administración de Justicia haya advertido de una cierta reticencia, cuando no oposición a facilitar la labor investigadora, lo nos lleva a la conclusión más evidente y menos tranquilizadora: la corrupción es sistémica y en ella está implicada sindicatos, partidos políticos y empresarios. De hecho, se habla de falta de justificación de hasta 950 millones de euros en los cursos de formación, hecho por el cual se ha ampliado recientemente la lista de imputados entre altos excargos del gobierno autonómico. En cuanto al tema de los ERE, se dieron casos de prejubilaciones fraudulentas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas, subvenciones a empresas que no presentaron un ERE o a empresas inexistentes y comisiones astronómicas a intermediarios entre Junta y trabajadores; en total 150 millones de euros, presuntos sobornos no incluidos; trama por la cual hay medio centenar de excargos del Gobierno Autonómico imputados, incluidos dos expresidentes.

Todo esto sólo evidencia una cosa: cuando un partido político en España se afianza demasiado tiempo en el poder, surgen mecanismos que van desde lo picaresco a lo mafioso a la hora de buscar el enriquecimiento: otorgación de subvenciones a medida, mordidas varias y entramados diversos que llegan a institucionalizarse de la misma manera que cualquier mecanismo legal. Esta especie de ley no escrita se cumple de manera directamente proporcional al tiempo que lleve en el gobierno el partido en cuestión. Es por eso que no importa el lugar geográfico de España, ni el nivel de gobierno (aquí sólo afecta a las cantidades que se manejan, pero las tramas son las mismas), ni el signo del partido gobernante. Por eso encontramos los mismos niveles de corrupción en el PP, el PSOE, o CIU, por poner un ejemplo. Por eso también da la sensación de que cuando se destapa una trama corrupta, suele haber detrás una lucha soterrada política por detrás de todo el entramado: quien no lo ha pensado con el reciente descubrimiento de la trama de la familia Pujol, con sus vinculaciones a CIU y el previsto referéndum catalán. O la denuncia de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (Udef) de licitaciones de obras públicas adjudicadas a golpe de comisión por el gobierno autonómico catalán. Un terrible desfile de facturas falsas, simulación de relaciones mercantiles, contratos que no se realizan, compra venta de solares o pagos en diferido de comisiones que detalla el informe de la Udef que quizás sirva para explicar el origen de al menos parte de los 1.800 millones de euros en que se cuantifica la fortuna de la familia Pujol en paraísos fiscales.

El caso es que en España hay ahora mismo 1.700 causas abiertas por corrupción política, con más de 500 imputados y 20 políticos cumpliendo condena. Igualmente, todos los estamentos del poder en España están salpicados en mayor o menor medida en alguna causa: desde pequeños ayuntamientos, hasta la misma Casa Real (perdón, quise decir familiares de la Casa Real), pasando por el propio Gobierno y sus presuntos sobresueldos en B de Bárcenas, etc. Además, si no hay más causas, más imputados y más condenas es por lo interminable de los procesos de instrucción. Las oscuras marañas y entramados de los casos de corrupción (véase caso Gürtel), con multitud de casos entrelazados, hacen que la investigación y la clarificación de estos casos nunca sea fácil, de modo que las causas se alargan en el tiempo, se entrelazan unas con otras y no parecen acabar nunca. Al hilo de esto, recuerdo el estudio de la Universidad de Las Palmas cuantificando el valor económico de la corrupción en España en 40.000 millones de euros anuales, y me da la sensación de que se quedaron cortos.