Cuando intento entender algo del circo de la Infanta, Urdangarín y allegados, se me vuelve el mundo del revés. Y es que esto no hay quien lo entienda: fiscales que no sólo no acusan a los sospechosos, sino que los defienden, una hacienda pública que acepta facturas falsas como gastos, con lo que no existe delito penal, un juez que debe meterse a acusador, a costa seguramente de su carrera, porque no le cuadra nada. Y todo esto, con una Casa Real que no quiere intervenir, pero que basta que diga eso para que ya esté interviniendo (sin contar con los movimientos habidos de los que no sabremos nada), unos correos electrónicos que dan más para la prensa rosa que para la causa abierta, unos acusados en guerra, un abogado, padre de la democracia, más para tratar de dar credibilidad a su defendida que para defenderla y una rampa, que escenifica bastante bien la confianza que la dinastía reinante inspira: hacia abajo.

Es en este mundo al revés en el que tenemos que aceptar que una mujer hecha y derecha, con una educación más que esmerada, que trabaja en una entidad bancaria puntera en este país y asesorada siempre por un grupo de especialistas en la materia que se quiera, diga desconocer la gestión de la institución de la que posee el 50%, diga desconocer la procedencia de los fondos de los que dispone libremente (700.000 € según Hacienda), diga desconocer la existencia de cualquier delito o fraude por parte de la empresa de la que copropietaria y nosotros, ya más tranquilos, lo creamos y todos tan felices. Y mientras tanto, este mismo sistema es el que, caso por caso, va considerando si los ancianos que perdieron sus ahorros con las participaciones preferentes, conocían o no los riesgos, el producto y todas las consideraciones legales y económicas de los mismos.

Y esto nos lleva a los costes que hemos de soportar para el sostenimiento de este camarote de los hermanos Marx. Para empezar los económicos. De hecho, el solo acto de la declaración de la Infanta supuso un coste de 20.000 € extras (como mínimo, porque la cantidad no cuadra demasiado) sólo en materia de seguridad: 100 policías antidisturbios más 25 efectivos de la unidad canina y de la Unidad del Subsuelo, y así sigue la lista hasta completar los 200 efectivos desplegados. A esto hay que añadir el coste de la indignación provocada por el mismo despliegue: durante varias horas una parte del centro de Palma se paralizó: tráfico desviado, familias que no podían entrar o salir de sus viviendas si no eran escoltados, calles cortadas y con vehículos retirados, al margen de todas las molestias ocasionadas a los vecinos en días anteriores por la identificación llevada a cabo por la policía, piso por piso que tuviera vistas sobre el teatro de operaciones.

Pero aún hay más, la lógica reacción de la Casa Real de alejar a la familia Urdangarín del ojo del huracán propiciando (como antes en Estados Unidos) el establecimiento de la misma en Suiza, tampoco nos sale gratis. La seguridad de la Familia Real es competencia del estado español, por lo que se estima en 300.000 € anuales el coste de la misma, igual que durante su estancia en Washington, a razón de 6 policías a 50.000 € por cabeza.

Pero el mayor coste de todo este circo no es el económico. El daño y el desgaste al que se está sometiendo a todas las instituciones implicadas es enorme. El propio sistema judicial se está resintiendo, sólo el juez parece salvarse, a los ojos de la opinión pública, de tal deterioro. La no declaración de manera voluntaria de la Infanta en cuanto su nombre apareció implicado nos ha llevado hasta aquí. Pero también ha ayudado la actitud de todos aquellos estamentos que, más preocupados por la protección de la Familia Real que por el esclarecimiento de la verdad, han forzado la situación hasta rozar el ridículo. Otra institución malparada en todo este asunto está también resultando la Hacienda Pública: informes contradictorios, peticiones de información no atendidas, errores (intencionados o no) que dilatan el proceso de instrucción y ahora unos técnicos de Hacienda que no entran a valorar la posible falsedad de tres facturas por valor de casi 70.000 € y que supondrían la existencia de delito fiscal para la Infanta, otorgándole el beneficio de la duda del que carece un ciudadano de a pie.

No deja de haber, sin embargo, quien gane dinero con todo este maremágnum: los balcones con vistas a la rampa se alquilaban  hasta por 1.500 € a los medios ansiosos de obtener la famosa foto. Por no hablar del famoso video con la Infanta declarando, que bien compensa, seguramente, la sanción que recibirá su autor.

En definitiva, parece no entenderse que no se trata de imputar y condenar por ser quien es, sino de que la justicia actúe de acuerdo a la ley, sea quien sea el imputado y sea cual sea el delito. Se trata de que nos eviten circos como el actual, como el que parezca una cuestión de vida o muerte si la Infanta baja la rampa a pie o haciendo la croqueta. Se trata de que no se paralice el centro de una ciudad con un dispositivo de seguridad exagerado que no genera sino molestias a los ciudadanos que viven y trabajan en la zona. Se trata, en definitiva, de que no nos carguen con más gastos y molestias a unos ciudadanos que bastante tienen con llegar a fin de mes.