Profundas son, nunca mejor dicho, las diferencias entre detractores y partidarios de la explotación de hidrocarburos mediante la técnica del “fracking”. Esta técnica permite la extracción del gas natural almacenado en las pizarras bituminosas en forma de pequeñas burbujas mediante la inyección a presión de agua, arena y un cóctel de sustancias químicas que rompen la roca, permitiendo la recogida del gas liberado. Una técnica que desde su inicio ha estado siempre en el centro de la polémica por las muchas repercusiones que acarrea.

Entre las ventajas de esta tecnología se encuentra precisamente el coste, que permitiría la obtención de una fuente de energía barata. Permitiría, según estimaciones de las empresas interesadas, cubrir las necesidades de gas del país durante 70 años. Igualmente se habla del incremento de la actividad económica en 1.000 millones de euros y de la creación de puestos de trabajo, que se estima que sería en España de hasta 80.000 según Arias Cañete, muchos en zonas de amplia tradición minera (hablamos de Castilla-León, Cantabria, Asturias y País Vasco, aunque también en zonas de la Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Cataluña y Castilla-La Mancha se están realizando prospecciones), con lo que una ventaja adicional sería que hablaríamos quizás más de una reconversión industrial que de la creación de una nueva industria.

Pero las desventajas parecen ser terribles: contaminaciones de acuíferos, gran ocupación de terreno (se necesitan muchas plantas de extracción por cada yacimiento, con una vida útil de 5-7 años cada una), riesgos de terremotos y toxicidad de las sustancias químicas empleadas (desde sustancias cancerígenas, hasta directamente venenosas, pasando por otras con graves efectos hormonales para aquellos que vivan en las cercanías de las plantas extractoras). Sobre esto, la CE tiene realizados varios informes que alertan sobre estos riesgos pero que concluyen que, si se respeta la legalidad vigente, esta técnica no tiene por qué ser más peligrosa que cualquier otra actividad minera (PDF).

Lo que sí parece un hecho es el espaldarazo silencioso que esta técnica está recibiendo por parte del gobierno, en el que, tanto desde el Ministerio de Industria, como desde el de Agricultura y Medio Ambiente, se está trabajando para crear un marco legal que permita su desarrollo e implantación. En este sentido, por ejemplo, la Ley de Hidrocarburos señala que los proyectos que se limiten a la geografía de una Comunidad Autónoma se regularán por lo que dictamine el gobierno de la misma, mientras que si afectan a varias comunidades o al ámbito marítimo, el proyecto se regulará por el gobierno central, lo que anula las moratorias a esta técnica que gobiernos regionales, como el cántabro, puedan disponer; la Ley de Evaluación Ambiental aprobada recientemente por el gobierno en solitario establece un plazo de entre 4 y 6 meses la duración del estudio de impacto medioambiental, frente a los tres años que  venía tardando, así como una agilización en los trámites administrativos para las empresas desarrolladoras. Además, y  esto puede ser lo más polémico, la creación de un Banco para la Conservación de la Naturaleza, con el que, siguiendo los pasos de la doctrina norteamericana, se admite el derecho a contaminar si se paga por ello: las empresas podrán depositar cantidades económicas en este banco que les habilitarán para poder realizar actividades contaminantes, con lo que se cambia el concepto de “el que contamina paga” por el de “el que paga puede contaminar” sin que exista además la obligatoriedad de que estos depósitos sirvan para subsanar el daño causado. Por otro lado, otra ley que puede ayudar a la implantación de esta tecnología es la de Entidades Locales, por la que se suprimen los ayuntamientos con menos de mil habitantes, lo que eliminaría las resistencias municipales para poder disponer de montes, ríos y bienes comunales.

Estas medidas, que el Gobierno considera mejoras, son consideradas por la oposición y grupos ecologistas un grave peligro, ya que habilitan la aprobación de proyectos con impacto ambiental en menos tiempo, además de posibilitar el que, aunque el impacto sea grave, si se deposita en este banco la cantidad adecuada, se apruebe y se pueda llevar a cabo. Además todo esto se ha llevado a cabo legislativamente por la vía de urgencia, adelantándose a la legislación europea.

De momento, no hay ninguna empresa que haya solicitado la explotación mediante esta técnica, limitándose hasta ahora las solicitudes a la exploración. Hasta 100 permisos se han concedido en España hasta ahora para la investigación y, a pesar de las reticencias de algunos gobiernos regionales y de gran parte de la población, todo apunta a que no tardaremos en asistir a las primeras explotaciones.