La Ley de Pareto, desde su formulación a principios del siglo pasado, ha tenido tantas aplicaciones y en tantos ámbitos de nuestra vida que parece haberse insertado en nuestro subconsciente colectivo como si de código genético se tratara. Esta ley nos viene a decir en pocas palabras que el 20% de un trabajo explica el 80% de los resultados, mientras que el 80% restante sólo obtiene el 20% del resultado adicional. La formulación original sostiene que el 20% de la población posee el 80% de la riqueza, repartiéndose el 20 restante entre el 80% de la población. Pero sus resultados han sido confirmados en todos los campos como una ley universal, porque además confirmaba la ley de rendimientos decrecientes, formulada no demasiado tiempo antes.

Sin embargo, a nivel popular, ha sufrido una transformación, sin demasiado rigor científico, aunque a veces sí sustentada por datos estadísticos: la creencia de que el 80% de los casos de corrupción, de contrabando o de delito que son detectados y combatidos por la sociedad sólo representan el 20% del total de los mismos de la misma. Es decir, la creencia de que si se detecta una alta cantidad de tráfico de drogas, por ejemplo, más que por un aumento de la eficacia de los métodos policiales es por un aumento de estos delitos, permaneciendo estable la tasa de detección.

Esto explicaría quizás, el profundo desencanto y la sensación de que nada ha cambiado ni va a cambiar en nuestra sociedad respecto al tema de la corrupción: “si hemos detenido a una enorme cantidad de corruptos en los últimos tiempos, imagina la cantidad que hay en total y a los que nunca se les va a atrapar”. A esta sensación, errónea o no, no ayuda que instituciones tan “fiables” como la misma Casa Real se vean envueltas en estos enredos. Y es que, aunque a nivel popular se sospeche de negocios privados del titular de la Casa Real, así como de la vida oculta del monarca (con fama de mujeriego incluida), es cierto que estas facetas  nunca han salido a la luz ni se han corroborado o desmentido, con lo que sólo queda la rumorología que, además le dan, en nuestra idiosincrasia tan particular, un toque más humano y hasta más simpático a nuestro Rey. Hasta que llegó Urdangarín…

Envejecido y abatido se le veía al rey en la celebración de la Pascua Militar. No es para menos, su hija predilecta vuelve a estar imputada, esta vez por el caso Aizoom. Ya se salvó anteriormente por mediación de la Audiencia Provincial de Palma y, aunque ahora ha anunciado que no va a recurrir la imputación, aún cabe esperar algún giro inesperado de los acontecimientos antes de asistir al momento histórico del juicio a un hijo de un rey. Ya sólo el asumir la imputación es una frontera que a la Casa Real le ha costado un tremendo esfuerzo traspasar, sobre todo porque la política de la misma es dar un paso más en la frase de Julio Cesar al resaltar sobre todo el “debe parecer honesta”, por encima de si lo es o no.

Parece que este intento será el bueno, aunque sea curioso que todas las instituciones del estado pertinentes, excepto el juez que instruye el caso y la Casa Real, que por guardar las apariencias intenta dar una sensación de querer dejar actuar a la justicia, se opongan a esta imputación. Así, la postura del ministerio fiscal no se entiende, como tampoco la postura de Hacienda, que, o no aporta los datos solicitados, o los aporta erróneos o se pasa y aporta cosas que ni se le habían pedido.

El caso es que, mientras el polémico, y quizás suicida, juez Castro sigue investigando y aportando más leña al fuego entre copa y copa en reuniones informales con alguna de las partes, los datos del presunto fraude a hacienda y de la estafa multimillonaria del entramado del infanzón Urdangarín se siguen filtrando a la presa, salpicando a varios presidentes de comunidades autónomas y a organismos oficiales y entremezclándose con la trama Gurtel (ésta no da para un artículo, sino para una enciclopedia de la corrupción). Y las cifras de las cantidades defraudadas siguen aumentando, ya se habla de más de 8 millones de euros, sólo en concepto de facturas falsas de las que, según el juez, es imposible que la Infanta no tuviera constancia.

La pregunta es si todo esto sólo representará el 20% de los negocios ocultos de la Casa Real o si la propia Infanta representa ese 20% que genera el 80% de la corrupción.