El mes de octubre nos ha saludado con una subida del 3,1% en el coste del recibo eléctrico; según se nos anuncia, esto es sólo un anticipo ya que el objetivo del gobierno es acabar de una vez y cuanto antes con el famoso déficit de tarifa que venimos arrastrando en este país en el consumo eléctrico desde hace varios años, tarea que no va a ser nada fácil. No voy a entrar en explicar detenidamente lo que es el déficit de tarifa, ya existen diversos estudios detallados (PDF) del mismo. Tan sólo diré que es la diferencia entre los costes de generación de la energía y las tarifas que a los usuarios nos cobran. Esta diferencia proviene de que dentro de esos costes, además del de generación de la energía, se incluyen algunos de naturaleza política (como las primas a las renovables, el caro suministro a los territorios extrapeninsulares o el del decreto que prima el consumo de carbón nacional frente al extranjero más barato), que pagan las compañías distribuidoras, lo que unido a que las tarifas eléctricas tengan un precio regulado, por su impacto social, estas compañías eléctricas no cubran con sus ingresos los servicios que proporcionan.

Esta deuda del estado con las distribuidoras, que supera ya los 26.000 millones de euros, y aumentando (se estima que este año crecerá en otros 3000 millones), se ha convertido en una patata caliente que el gobierno anterior dejó crecer sin control a partir del 2004 (aunque ya nació con el gobierno de Aznar) y que el actual se ha propuesto reducir o eliminar, a pesar de que dista mucho por ahora de conseguirlo.

Las medidas para atajar esta sangría económica se han visto culminadas hasta la fecha por el proyecto de ley presentado el 20 de septiembre donde se dejan entrever diversas ideas que tratan de atajar el origen de este déficit. Así, se contempla el cierre temporal de centrales de gas, ya que se entiende que en el momento actual económico del país, la producción eléctrica está sobredimensionada (y hay que recordar las dificultades, por no decir la imposibilidad, de almacenaje de la energía eléctrica); asimismo, se cambia el sistema de retribución a las renovables, que ahora va a estar en función de la vida útil de las instalaciones, de modo que las más obsoletas sean las que menos reciban. Otra de las medidas que se introducirán, y de las más polémicas, es la creación de un “peaje de respaldo” para las instalaciones de autoconsumo, es decir, un canon para estas instalaciones por el mero hecho de estar conectadas a la red eléctrica, que garantiza que, si estas instalaciones vierten sus excedentes a la red, colaboran con este peaje a los costes de distribución, transporte y primas a las renovables. Esto acaba, según la UNEF, la patronal fotovoltaica, con la posibilidad de que el consumidor pueda producir su propia energía a un precio más asequible que el de mercado. Además, esta normativa deja en el aire la venta de los excedentes de energía de estas instalaciones, así como su precio.

Esto es sólo un proyecto de ley, cuyas medidas, hasta aplicarse pueden ser susceptibles de variaciones importantes. Pero aun así no está claro que vaya solucionar el problema principal ya que según UNESA, que es la patronal de las energías tradicionales, el origen viene por el empeño del regulador del mercado por invertir en tecnologías aún inmaduras en un mercado, que con la crisis económica, está sobreabastecido.

Evidentemente, la polémica está servida; lo que sí se puede afirmar es que con toda seguridad quien pagará este déficit será sin duda el consumidor (tanto el acumulado vía recaudación, como el que se genera año tras año vía tarifa hasta que deje de crearse más) el cual ha visto como desde el 2008, el año del comienzo de la crisis, su factura eléctrica se ha encarecido un 63,5%.