El pasado 7 de mayo, entró en vigor el Real Decreto-Ley de «medidas para la regularización y control del empleo sumergido». Se hizo esto porque en nuestro país la economía sumergida en el empleo se sitúa en torno a los 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8% del PIB anual.

La medida básicamente consistía en que desde el  7 de mayo hasta el 31 de julio de este año, los empresarios que lo desearan podrían dar de alta a la Seguridad Social a los empleados que no tuvieran declarados sin recibir sanción administrativa. Una vez pasado dicho periodo se endurecerían las sanciones administrativas a empresas y trabajadores, llegando a multiplicar las multas hasta por cinco en algunos casos.

Y, ¿qué ha pasado?

Según el Gobierno, durante el período de regularización voluntaria (mayo a julio de 2011) se han producido un total de 5.062.336 altas de ocupados en la Seguridad Social, que supone 118.102 altas más que en los mismos tres meses del año anterior, un 2,4%.

Durante los meses de junio y julio, que se corresponden con el momento álgido del período voluntario, las altas fuera de plazo se elevaron a 32.527, que supone un incremento del 10% respecto del mismo período del año anterior.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la operatividad del período voluntario de afloramiento se ha producido en unos meses en los que el aumento total de la afiliación ha sido reducido, en torno a la mitad del registrado en el mismo período del año anterior y, aún en un periodo de ralentización del incremento de la afiliación, se produce un crecimiento significativo de las altas.

Desde agosto, el Ministerio de Trabajo ha iniciado lo que llama la segunda fase del plan que consiste en:

En todo 2011, el plan de la Inspección de Trabajo ha previsto realizar 250.000 actuaciones, un 12,6% más que el año anterior, y este incremento se concentrará básicamente en la segunda mitad del ejercicio. De cumplirse con este objetivo, se supone que los inspectores de trabajo vigilarán a menos de una de cada cinco empresas que hay en España, según los datos de la Seguridad Social.

Una encuesta realizada por Manpower, da a conocer que el 36% de los desempleados tienen en su entorno a alguna persona que ha trabajado sin contrato en los últimos años. Entre ellos, el 47% lo hicieron durante el año 2010 o la primera mitad del 2011. El restante 53% trabajó sin contrato en 2009 o con anterioridad.

¿Denunciarías un caso de empleo sumergido? ¿Crees que esta medida es buena?