A mediados del mes de agosto, el Gobierno nos sorprendió con una rebaja temporal (hasta finales de año) en el IVA que grava la adquisición de viviendas de obra nueva de un 8% al 4%. Esta medida, según el propio Ejecutivo, tiene como objetivo intentar animar el sector inmobiliario, el cual lleva más de 3 años en una profunda crisis y sin signos de que se pueda ver el final del túnel por el momento (los últimos datos indican una caída en los últimos 12 meses del 35% de las ventas).

Pero esta medida ¿a quién beneficia en realidad?

A las promotoras, en principio, sí que benefician. Las mismas tienen un stock de viviendas pendiente de vender muy amplio y esta medida repercute en una reducción directa del coste de adquisición para los compradores del 4%. Esta reducción, más otras medidas que pueda tomar las propias promotoras, como descuentos adicionales, debería ayudar a ir reduciendo el número de viviendas nuevas pendientes de vender.

A los particulares que quieren adquirir su vivienda habitual o quieran adquirir una segunda residencia o una vivienda para invertir, también benefician, ya que como hemos dicho anteriormente supone un ahorro del 4% del coste de adquisición de las mismas. Hay que tener en cuenta que esta medida sólo afecta a la obra nueva, es decir, viviendas en que no se ha hecho ninguna transmisión patrimonial y, por tanto, la titularidad de la misma todavía pertenece a la promotora de la obra. De este forma, quedan excluidas de esta medida las viviendas de segunda mano o aquellas que han sido adjudicadas en favor de una entidad financiera. Esta limitación es algo que debe tener en cuenta quien quiera tomar una decisión de compra de un inmueble antes de final de año.

Y por último, tenemos a las entidades financieras. En un principio, el que las promotoras consigan vender más pisos les favorece porque esto disminuiría el riesgo de que las mismas puedan acabar no pagando las deudas sustraídas con bancos y cajas. Esto conllevaría una reducción en el importe que deben destinar en sus balances a provisionar futuros impagos y, por tanto, a disponer de un mayor margen de maniobra a corto plazo y a disminuir parte de los problemas de liquidez que sufren, especialmente algunos de ellos.

Pero al mismo tiempo, esta medida supone un desagravio de cara a vender las viviendas que se han ido embargando en los últimos meses, vía adjudicaciones o daciones en pago, ya que supone que las mismas sean de partida un 4% más caras para el comprador final que las viviendas de las promotoras. Precisamente, una de las principales quejas del sector inmobiliario en los últimos meses, es que personas que tenían decidido la compra de un determinado inmueble y acudían a una entidad financiera a buscar financiación, lo que hacía dicha entidad era sólo ofrecer financiación si lo que finalmente adquiría era una vivienda de su propia cartera.

Por lo tanto, la clave para que haya una reactivación del mercado inmobiliario está en manos de bancos y cajas, ya que si facilita financiación a las viviendas que beneficia esta medida, puede incrementarse algo (o al menos no reducirse como hasta ahora) el número de viviendas vendidas y mejorar la situación de muchas promotoras. Si sigue apostando por sólo financiar la adquisición de viviendas de su cartera, nos tememos que el efecto de esta media sea muy poco significativo.