Durante años nos contaron que si estudiabas, trabajabas y cotizabas, podrías vivir con cierta dignidad. Hoy, esa promesa se ha hecho trizas. En España, el salario mínimo roza los 1.080 € netos, el sueldo más habitual apenas supera los 1.300 €, y alquilar un piso medio de dos dormitorios cuesta 1.500 € al mes. Las cuentas no salen, y el “pacto” entre generaciones —trabajar para vivir mejor— ha perdido toda credibilidad.

Una pareja joven con dos nóminas medias suma unos 2.600 € netos. Si destinan 1.500 € al alquiler, les quedan 1.100 € para comer, transporte, luz, internet, guardería o imprevistos. Y eso sin hablar de ahorrar o pensar en una hipoteca. El Euríbor se mantiene en torno al 3,7 %, lo que deja una cuota mensual cercana a 950 € para un préstamo medio de 150.000 €. Entre el banco y el casero, el salario se evapora antes de llegar al supermercado.

Mientras tanto, las pensiones máximas se sitúan cerca de 3.000 € al mes (por 14 pagas) y la pensión media ronda los 1.600 €. Es decir, un jubilado medio cobra más que un trabajador medio. No porque los pensionistas cobren demasiado, sino porque los salarios se han quedado anclados en otra época. Se supone que el empleo debía ser la vía para ascender, no para sobrevivir al límite cada mes.

El Gobierno presume de crecimiento y récord de afiliación, pero la realidad es otra: más gente trabaja, sí, pero con sueldos que apenas cubren lo básico. Los jóvenes viven en pisos compartidos hasta bien entrada la treintena, y las familias hipotecadas tiran de ahorros —si los tienen— para afrontar subidas de tipos, luz y alimentos. La cesta de la compra cuesta hoy un 25 % más que hace tres años. La gasolina ronda 1,60 €/l, y llenar un depósito se ha convertido en un lujo semanal.

El Estado recauda más que nunca gracias a la inflación, pero los servicios públicos se deterioran. Las listas de espera médicas se alargan, los colegios públicos piden donaciones “voluntarias” y las ayudas a la vivienda se anuncian con grandes titulares… y presupuestos irrisorios. Mientras tanto, la vivienda pública sigue siendo un espejismo: menos del 2 % del parque total. Y los grandes propietarios campan a sus anchas con alquileres inasumibles.

El contrato social se rompió cuando trabajar dejó de ser garantía de estabilidad. Cuando los que sostienen el sistema —asalariados, autónomos, jóvenes— pagan más por todo y reciben menos. Cuando ahorrar se convierte en un acto heroico y formar una familia, en un lujo reservado a unos pocos.

Nadie lo dirá en voz alta, pero España vive una brecha generacional inversa: los mayores, con pensiones revalorizadas y vivienda en propiedad, viven mejor que muchos de sus hijos y nietos. El modelo se ha invertido y nadie parece dispuesto a admitirlo.

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