La Agencia Tributaria ha dado un paso más en su cruzada contra el fraude y el dinero negro. Con la aprobación del Real Decreto 253/2025, los bancos están ahora obligados a informar a Hacienda cuando un cliente supere los 25.000 euros anuales en pagos con tarjeta. Este nuevo control no distingue entre particulares o autónomos: cualquiera que acumule esa cantidad en sus operaciones con tarjeta verá cómo su información pasa a manos del fisco.

La medida afecta tanto a tarjetas de crédito como de débito, e incluso a aquellas emitidas por entidades de dinero electrónico (como las de algunos neobancos o apps de pago). Los datos que deberán facilitar los bancos no se limitan a un número genérico: se exige el nombre completo del titular, DNI o NIE, tipo de tarjeta y un desglose detallado de los cargos y abonos realizados durante todo el año.

Además, esta vigilancia no se limita a las tarjetas. Las entidades financieras también deberán informar sobre otras operaciones bancarias si se superan ciertos importes:

Todo esto se enmarca en un paquete más amplio de medidas dirigidas a reforzar la transparencia financiera. De hecho, el decreto amplía el control sobre cuentas corrientes, de ahorro, a plazo fijo o cuentas de pago para el día a día, incluyendo detalles como el saldo a 31 de diciembre o el promedio del último trimestre.

Uno de los puntos más minuciosos del decreto está recogido en el artículo 38 ter, que regula las tarjetas. Ahí se detalla que los bancos deberán enviar una declaración anual específica con todos los movimientos que haya tenido una tarjeta con gastos superiores al umbral. Y no se trata solo de compras: también deben declarar recargas en efectivo, transferencias o cualquier otro abono recibido en la tarjeta.

Con este nuevo sistema, Hacienda busca rastrear patrones de gasto, detectar ingresos que no encajan con la declaración de la renta o posibles actividades irregulares, como operaciones que podrían camuflar dinero procedente del trabajo en B, pagos no declarados o intentos de eludir impuestos.

No es una ocurrencia aislada. Otros países europeos ya han adoptado controles similares, aprovechando que cada vez se mueve menos efectivo y más dinero digital. En España, esta norma permitirá a la Agencia Tributaria acceder a un volumen muy grande de datos, lo que también plantea dudas sobre cómo se va a gestionar esta información y si se hará un uso selectivo o masivo de ella.

Una cuestión que puede preocupar a muchos ciudadanos es qué ocurre si, por ejemplo, una familia decide pagar unas vacaciones con la tarjeta y además usarla para todos los gastos del hogar. ¿Se convierte automáticamente en sospechosa? En principio, no. Pero su entidad bancaria tendrá que enviar sus datos a Hacienda, y a partir de ahí, el sistema cruzará esa información con la declaración de la renta, el patrimonio y otros movimientos para ver si todo cuadra.

Este cambio es un aviso para navegantes: quienes hasta ahora confiaban en que ciertos movimientos no eran visibles para el fisco, tendrán que pensarlo dos veces. Y aunque el límite de 25.000 euros puede parecer elevado, no es raro alcanzarlo si se centralizan los pagos mensuales en una sola tarjeta.