La vivienda se ha convertido en una meta cada vez más inalcanzable para buena parte de la clase media española. Lo que antes se consideraba un símbolo de estabilidad, hoy queda relegado a un lujo al que solo unos pocos pueden aspirar. Las familias ya no miden su bienestar por tener casa propia, sino por lograr lo más difícil: reunir el dinero suficiente para pagar la entrada y conseguir que el banco les conceda una hipoteca.

El problema no es nuevo, pero se agrava año tras año. El acceso a la vivienda está condicionado por dos grandes factores: la falta de oferta y unos ingresos cada vez más limitados en los hogares. La precariedad laboral y la temporalidad han reducido la capacidad de ahorro de los jóvenes, mientras que los precios siguen al alza, tanto en el mercado de compraventa como en el del alquiler.

A eso se suma una concentración alarmante del parque inmobiliario en manos de personas mayores de 65 años. Cerca de la mitad de las viviendas del país están en propiedad de jubilados, muchos de ellos con pensiones modestas pero sin cargas hipotecarias. Esta situación bloquea la rotación del mercado: las casas no cambian de manos con la suficiente agilidad y la entrada de nueva vivienda asequible es muy escasa.

La estadística más llamativa es la previsión de que, en los próximos diez años, un tercio de las viviendas que pasarán a nuevas manos lo harán mediante herencias. Es decir, no por compraventa ni por inversión, sino por transmisión familiar. Este dato refleja la parálisis estructural del mercado: quien no tiene patrimonio familiar parte con una desventaja notable y pocas opciones de independizarse o construir un proyecto vital sin depender de ayudas externas.

Las consecuencias sociales ya se dejan notar. Cada vez son más las familias que, aun trabajando, no pueden permitirse una vivienda en propiedad. El alquiler, lejos de ser un refugio, se ha convertido en una carga asfixiante en muchas ciudades. Las parejas jóvenes retrasan su emancipación y, cuando lo hacen, es a costa de un endeudamiento elevado o de compartir vivienda durante más años de los deseados.

Mientras tanto, las políticas públicas siguen sin dar una respuesta eficaz. La promoción de vivienda asequible avanza con cuentagotas, y las ayudas al alquiler o a la compra apenas rozan a los perfiles que más las necesitan. Los programas de vivienda social son anecdóticos frente a la magnitud del problema.

La paradoja es evidente: hay más viviendas vacías que nunca, pero también más personas incapaces de acceder a una. El mercado no se ajusta por sí solo, y el modelo actual solo funciona para quienes ya tienen patrimonio. El resto, salvo que reciban una herencia o consigan un golpe de suerte, seguirán viendo la vivienda como un horizonte cada vez más lejano.