El mercado inmobiliario sigue acelerando en pleno 2025. Según los últimos datos del sector, los precios de la vivienda han subido un 12,2% respecto al año pasado y podrían terminar el ejercicio con un alza cercana al 15%. Una cifra que, aunque alarmante para muchos compradores, no ha frenado la actividad: entre enero y junio se han cerrado cerca de 396.000 operaciones, más de 200.000 solo en el segundo trimestre. No se registraban cifras así desde el boom de 2007.

La explicación está en varios factores que se retroalimentan. Por un lado, la bajada de los tipos de interés iniciada en la primera mitad del año ha animado a muchas familias a lanzarse a comprar. Actualmente, el precio del dinero se sitúa ligeramente por encima del 2%, pero se anticipa que podría caer hasta el 1,5% antes de acabar el año. Esta expectativa ha activado la demanda latente, especialmente entre quienes esperaban un mejor entorno financiero para solicitar hipoteca.

En paralelo, las entidades financieras han abierto el grifo del crédito. No solo prestan más, sino que están dispuestas a asumir mayores niveles de endeudamiento por parte de los compradores. Las hipotecas mixtas, que combinan un periodo inicial a tipo fijo con otro variable, se están consolidando como la opción preferida tanto por clientes como por bancos, que las ven como una fórmula menos volátil y más rentable en el contexto actual.

Todo esto se traduce en más operaciones, más demanda y, como es lógico, precios al alza. Aunque desde algunos sectores se ha insinuado la posibilidad de una nueva burbuja inmobiliaria, los expertos rechazan esta idea. La diferencia respecto a lo vivido hace dos décadas está, dicen, en la calidad del crédito, el perfil del comprador y el comportamiento de la banca, mucho más prudente que entonces.

Pero el verdadero debate está en el origen del encarecimiento. Desde el sector se apunta directamente a la falta de oferta como principal culpable. Y eso, insisten, no es casual. La acusación va dirigida a las decisiones políticas de los últimos 17 años, en los que, según sus críticos, no se ha promovido la construcción de vivienda nueva. Algunas comunidades autónomas son señaladas con nombre propio: Cataluña, por su lentitud en la gestión de suelo, y Madrid, como ejemplo positivo gracias a planes como el Plan Vive.

Tampoco se libran los programas estatales como el Plan ICO de hipotecas al 100%. Aunque sobre el papel permiten a ciertos perfiles acceder a la vivienda sin necesidad de ahorro previo, su alcance ha sido mínimo: apenas 3.200 operaciones aprobadas en dos años frente a un universo de más de dos millones de potenciales solicitantes. El motivo: el exceso de burocracia y la escasa implicación de las entidades financieras.

Mientras tanto, la foto general del mercado es clara: más compras, más deuda y menos alquiler. El endurecimiento normativo del mercado del arrendamiento ha provocado un trasvase hacia la compra, agravando aún más la presión sobre los precios. Y salvo un giro inesperado en política de vivienda, todo apunta a que esta dinámica se mantendrá durante los próximos trimestres.