El Ministerio de Economía y Empresa en funciones está trabajando en el borrador del anteproyecto de ley que regulará la nueva Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero y en él se contempla cobrar a los bancos una tasa de 200 euros por cada reclamación que reciban.

La creación de esta Autoridad de Protección del Cliente Financiero es una de las primeras iniciativas que le gustaría lanzar en la nueva legislatura. La idea es que este órgano sea gratuito para los consumidores, por lo que el Ejecutivo todavía estudia cómo se financiará.

«Tendremos que ver cómo se financia. Si se establece un pago a los bancos, eso también genera un incentivo muy potente para que los bancos resuelvan los problemas y las reclamaciones en su propio seno y no tengamos que llegar a esta Autoridad de Protección del Cliente Financiero», ha explicado Calviño, quien en ningún momento se ha referido al importe a cobrar.

La intención del Gobierno es que la Autoridad de Protección del Cliente Financiero pueda emitir dictámenes vinculantes para las entidades financieras y sea gratuita para los usuarios, quienes no necesitarán abogado ni procurador para verse amparados por ella.