El sistema de prestaciones y ayudas al fomento del empleo y a la lucha contra el desempleo no funciona. Nuestro mercado laboral protege mucho al trabajador indefinido, dejando desprotegidos al resto, que se convierten en carne de cañón para los ajustes de empleo.

De hecho, es indiferente el indicador que tomemos, todos señalan que los ajustes en horas y salarios son más duros para aquellos trabajadores que perciben salarios más bajos, siendo los peor parados los trabajadores poco formados, jóvenes, inmigrantes, mayores de cincuenta años y mujeres.

Pero aún hay más, es un hecho que las ayudas públicas en España están casi todas ligadas a haber tenido empleo. Cuanto más se haya trabajado mayor será la prestación de paro o la pensión recibida, obviando en gran medida la magnitud de las necesidades. Esto significa dos cosas: la primera es que las políticas públicas son ineficaces para aliviar el problema (y esto es una conclusión de un estudio reciente de la Comisión Europea); la segunda es que así se explica el enorme crecimiento de las solicitudes de ayuda a asociaciones de beneficencia como Cáritas.

De hecho, son estas entidades las que han funcionado como unas redes de protección, que han conseguido paliar de alguna manera el efecto de la pobreza, alejándonos un poco de la situación de países como Bulgaria, Grecia o Lituania, el furgón de cola de la desigualdad en Europa.

En cuanto a las empresas, esto ha sido explicado varias veces por el Banco de España, con la crisis financiera, las compañías reaccionaron elevando sus márgenes para poder autofinanciarse a la vez que caía la demanda. Es decir, tuvieron que ajustar costes. Y el primero que redujeron fue el salarial. En muy poco tiempo, las remuneraciones en salarios se redujeron en 65.000 millones de euros. Gracias a esto, las empresas lograron aumentar sus rentas en 30.000 millones, logrando mantener las cifras en los años sucesivos. Por otro lado, las empresas se volcaron en aumentar las exportaciones y el pago por intereses disminuyó exponencialmente. Con todo esto se consiguió el mantenimiento de los beneficios.

Con la recuperación, los excedentes empresariales crecieron hasta los 267.000 millones a cierre del 2.017. Pero las retribuciones a los trabajadores no crecieron al mismo ritmo, con lo que las empresas han logrado volver a las cotas de inversión previas a la debacle, pero pudiendo destinar 15.663 millones de euros más a dividendos, lo que supones un aumento del 33% respecto a los números de antes de la crisis. Gracias a la mejora de la economía, pero también a una reforma laboral que claramente ha favorecido al empresariado.

Así, según el Banco de España, las empresas han aumentado su capital en 200.000 millones y tienen un pasivo mucho más saneado; en parte por la mejora, en parte porque la crisis acabó con las empresas más débiles. De hecho, parte del problema de la desigualdad podría estar generado porque con la desaparición de muchas empresas, bien por absorciones o fusiones, bien por quiebra, lo que se podría estar dando es una falta de competencia en aquellos sectores protegidos de la competencia exterior. De esta forma, según qué empresas en según qué sectores podrían haber reforzado su posición en el mercado obteniendo “rentas monopolísticas extraordinarias”, según un informe del servicio de estudios del BBVA.

Volviendo a los trabajadores, este vaivén de magnitudes económicas importa poco. Si una empresa desaparece, sus activos y su cuota de mercado son rápidamente absorbidos por otra, de modo, de modo que en poco se afecta a la oferta de bienes y servicios. Lo que sí queda es el drama de los trabajadores. Muchos de ellos, buenos desempeñantes de su trabajo, pero adiestrados en técnicas normalmente obsoletas, con demasiados años a sus espaldas y desentrenados y desmotivados en el reciclaje profesional y en la búsqueda de empleo. Hablamos de muchas personas con una edad a partir de los 45-50 años que nunca habían pensado en verse en una situación así. Además, proceden de empresas que llevaban años arrastrando problemas, lo que significa que eran empresas sin planes de formación y reciclaje de sus empleados, ya que estos planes son las primeras víctimas de los recortes empresariales. Si a eso se le añade ser mujer posiblemente el caso ya no tenga solución.

Estas personas, al igual que los jóvenes que acceden al mercado laboral con una baja cualificación, entran de lleno en el ciclo pernicioso de la precariedad con una serie de efectos de difícil resolución:

El ajuste de cinturón ante la caída de los ingresos tiene como límite el mínimo vital que muchas de estas familias no pueden ni cubrir, con lo que entran de lleno en el circuito de malas condiciones de vida, endeudamiento creciente y la sombra de la ruina total siempre acechando.

Estas personas sólo pueden acceder a los puestos de trabajo más precarios, con peores condiciones laborales y salarios más bajos, con lo que, lo único que consiguen es seguir sobreviviendo.

También se enfrentan al coste de oportunidad de poder decir no a un trabajo con vistas a uno mejor o a iniciar una mejora sustancial de su formación: han de aferrarse a lo primero que les ofrezcan y, normalmente, sin poder negociar condiciones o salarios.

Además, la precariedad se cronifica, ya que, cuanto peor sea la situación, peor será en el futuro: se van agotando recursos y cerrando puertas. Por si fuera poco, la desgracia del trabajador, la heredan los hijos, que se enfrentan al fantasma de no poder acceder a oportunidades y al del fracaso escolar.