Hay algo innegable que se deduce del resultado de las últimas elecciones generales: la incombustible capacidad de Pedro Sánchez para salir airoso en situaciones que le abocaban, en principio, al desahucio. Ya lo demostró cuando su propio partido lo echó de la ejecutiva ante su negativa a dar luz verde a los Presupuestos Generales.

El hombre se recompuso y en las elecciones internas de su partido se batió con Susana Díaz, le venció y, como nuevo y flamante secretario general, se hizo cargo de un PSOE destinado a conseguir echar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Y lo hizo, en una moción de censura inverosímil, por la que muy pocos apostaban, logró, por la mínima, apartar a Rajoy del Gobierno y hasta de la política.

Y aunque el apoyo prestado por el bloque independentista catalán le podría haber supuesto un desgaste político insalvable, no se sabe muy bien si por habilidad suya, o por inutilidad del resto, lo cierto es que se ha convertido en el ganador indiscutible de estos comicios, a los que se vio abocado nuevamente a causa de la aprobación de unos Presupuestos.

Sin embargo, ahora comienza el trabajo serio. Entre los temas pendientes de resolver los hay de suficiente importancia como para afrontarlos preferiblemente con un poco más de margen de apoyos en el Parlamento. Pero, tras ver el historial reciente de este hombre no se puede menos que ver qué conejo se saca de la chistera para sacar adelante sus medidas.

Para empezar, su propia investidura puede ser complicada. Su partido ha pasado de 84 diputados a 123 y tiene la mano tendida de Podemos. Aun así, quedaría a 11 votos de lograr su investidura sin problemas, algo que solo se solucionaría añadiendo al pacto a Esquerra Republicana (otra vez los independentistas) o pactando directamente con Ciudadanos, con lo que ya ni siquiera le haría falta el partido de Pablo Iglesias.

Pero hay más. Para empezar, hay unos Presupuestos que aprobar, a no ser que se prorroguen y se parcheen sobre la marcha, lo que no haría sino posponer el problema hasta el año que viene, que volveríamos a estar en las mismas.

El primer paso para tranquilizar a Europa en este sentido ha sido enviar el Programa de Estabilidad para el ciclo 2019-2022 y el Programa Nacional de Reformas. Documentos con una revisión completa de las previsiones macroeconómicas del Gobierno. La primera de esas revisiones el alza de la previsión de déficit público del 1,3% del PIB que en su momento aprobó el Gobierno del Partido Popular y que sigue vigente, al 2%. Esto ya puede suponer el primer tirón de orejas europeo.

Sin embargo, el Gobierno se compromete con Bruselas a reducir el déficit al 1,1% en 2020 y al 0,4% en 2021. Para 2022, prevé la desaparición del déficit y lograr el equilibrio presupuestario, incluida la Seguridad Social, ámbito en el que los números rojos alcanzan el 1,4% del PIB.

En este sentido, es previsible que las propuestas fiscales de la última parte de la legislatura anterior sean nuevamente puestas sobre la mesa. Antes de las elecciones, estas propuestas no se lograron sacar adelante por la falta de apoyos en el Congreso. Ahora, la mejoría en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado, pueden allanar el camino.

Estas medidas se centran en la lucha contra el fraude fiscal y nuevas figuras tributarias como son el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (la famosa tasa Tobin), el impuesto sobre determinados servicios digitales (lo que sería la tasa Google), un incremento del Impuesto sobre la Renta en sus escalones más altos y la limitación de las exenciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, que propiciarían que todas las empresas tributen, al menos, el 15% de sus beneficios.

El resultado esperado por la entrada en vigor de estas medidas serían 1.776 millones de euros por el Impuesto de Sociedades en el primer año completo y de 1.200 por la tasa Google. En total, el ejecutivo calcula recaudar 5.654 millones de euros en el primer ejercicio completo, siempre que las previsiones de crecimiento de la economía se mantengan en un 2,2% del PIB para este año. Estas previsiones de crecimiento se estiman en el 1,9% el año que viene y el 1,8% para el 2.021 y el 2.022.

En total, los ingresos subirán, incluyendo cotizaciones, casi dos puntos de PIB, quedándose en una cifra aproximada del 40,7% del PIB para 2.022, estimación que el Gobierno tiene también para el gasto. La razón es intentar “incrementar la recaudación agregada hasta equipararse a la media de los países del «entorno de España”. De esta forma, con esta subida de la presión fiscal, hasta 2.022, el Gobierno espera recaudar 22.550 millones de euros. Siendo ese el año en que se alcanzaría el equilibrio presupuestario.

Igualmente, entre las previsiones del Gobierno, y de acuerdo con el crecimiento económico previsto, el Ejecutivo espera reducir la tasa de paro hasta el 2.022 a menos del 10% de la población activa. Actualmente, se encuentra en el 14,7%, con perspectivas de reducirse al 14% al final de este año.

Sin embargo, la realidad es que lo que se está produciendo es una notable caída de la producción industrial, un frenazo de las exportaciones y la inversión y la ralentización de la contratación por parte de las empresas privadas. Por ahora, todo se está solventando, por no decir enmascarando, con un aumento del gasto público, la oferta de puestos de trabajo en las Administraciones y la inercia positiva de la compra de vivienda. Falta por ver qué pasará cuando el sector público modere su gasto y/o cuando la estabilidad política del país pueda mejorar las expectativas de los inversores.