A mediados del año pasado, la producción eléctrica con energías fotovoltaica y eólica alcanzaba una producción de un millón de megavatios en todo el mundo. Estas energías han necesitado 40 años para alcanzar dicha cifra. La tecnología, sin embargo, va a acelerar este proceso y se espera que el siguiente millón se consiga en los próximos cinco años y, además, a la mitad de precio. Teniendo en cuenta que hablamos de una industria que no tiene más de tres décadas, se convierte en un ejemplo de la aceleración del desarrollo tecnológico en el que vivimos inmersos.

Sin embargo, esta tendencia creciente a nivel casi mundial, tiene sus excepciones. De hecho, un pequeño país en el sur de Europa se resiste a subirse a este carro. Además, es un caso curioso, ya que este país pudo en su día considerarse pionero en los primeros pasos de las renovables y, por si fuera poco, goza de las mejores condiciones naturales.

Históricamente, ha sido precisamente la pobreza de recursos energéticos el principal lastre en el desarrollo industrial y económico de nuestro país. La escasez de recursos ha condenado tradicionalmente al sistema energético nacional a una situación de déficit y dependencia exterior. Sin embargo, algo cambió con el nuevo siglo. A partir del año 2000 comienza un aumento de las energías renovables, hasta tal punto que en 2009 estas fuentes energéticas llegaron a cubrir el 26% de la demanda, con especial mención a la energía eólica, que en 2013 llegó a cubrir el 21% de la demanda.

Pero han sido las regulaciones normativas las que más han influido en el devenir de estos acontecimientos. Desde mediados de los años 90, la política energética se había orientado a impulsar las energías renovables. De hecho, el gran empujón legislativo tuvo lugar entre los años 2004 y 2007, bajo el gobierno de Zapatero, que mediante el RD 436/2004 primero, que fijó las tarifas y primas para las renovables, y el RD 661/2007, que aumentaba las primas para la energía solar. Con esta regulación se primó a la generación de las energías renovables de tal modo que, por ejemplo, para la fotovoltaica se estableció un precio de 44 céntimos de €/kWh que, en comparación del precio medio de 5 céntimos de €/kWh, suponía un precio 9 veces superior al precio normal para un periodo de 25 años.

Esta legislación provocó un aluvión de instalaciones y, por consiguiente unos costes de más de 30.000 millones de euros traducidos en el famoso déficit de tarifa. Y es que aunque el déficit eléctrico ya existía desde los tiempos de Aznar, tras la congelación del precio del Kwh realizado por Rodrigo Rato debido a que, por motivos políticos, se decidió que el coste del kWh para el consumidor no podría superar el 2% de la subida del IPC. Este déficit fue engrosando por el mecanismo de primas a las renovables diseñado por el gobierno de Zapatero e incrementada de forma constante por la inacción de todos los gobiernos desde que se definieron las condiciones para que surgiera dicho déficit.

En 2012 se publicó el RD 1/2012, el cual paraliza el sistema de primas a las renovables, por lo que gran cantidad de inversores, que habían contado a la hora de calcular el retorno de sus inversiones con estas primas, se vieron abocados a la penuria económica, en muchos casos a la ruina y, en casi todos a los tribunales.

En concreto, las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables ascienden a más de 8.000 millones de euros. De este modo, nuestro país se ha convertido en el que más demandas internacionales tiene ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, acumulando 32 reclamaciones.

Y los resultados que se van obteniendo hasta ahora de estos arbitrajes son desoladores. El último resuelto a favor de la compañía estadounidense Nextera Energy, que reclama el pago de 291 millones de euros por los daños provocados por el recorte a la rentabilidad de las renovables de 2014. Este recorte provocó la cancelación de las inversiones de más de 600 millones en dos plantas termosolares en Extremadura con una capacidad de 49,9 megavatios.

Según el laudo del tribunal de arbitraje, se determina que la decisión del Gobierno español “incumplió la obligación de dar un trato justo y equitativo en la protección de las expectativas empresariales para obtener una rentabilidad según la inversión realizada y el desarrollo de las plantas”. A los 291 millones que la energética estima que le costó la decisión del Gobierno, la compañía pide sumar un interés según la rentabilidad del bono español a 5 años.

A esta decisión del tribunal se une el anterior arbitraje (también con decisión en contra de nuestro país) y llevado a cabo ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, con Athena-Greentech, Goresight y GWM como contrarios y con una reclamación de 39 millones más intereses y gastos. Fue esta misma Cámara de Comercio la que ya falló a favor de NovEnergia por 53 millones en otro proceso similar. Si sumamos a estas dos las tres sentencias en contra de España por parte del Ciadi, a favor del fondo Antin (112 millones), el fondo británico Eiser y su filial luxemburguesa (128 millones) y Masdar, fondo del emirato de Abu Dabi (por 64 millones), España suma sanciones por 396 millones. Y los que seguirán llegando, el siguiente el de la compañía danesa European Solar Farms, para finales de año. Y pendiente todavía la valoración económica del fondo de inversión Reeff, que pedía 441 millones de euros pero los árbitros han pospuesto el cálculo de la cantidad a un proceso posterior, con lo que España logra demorar la indemnización.

Y desde luego falta todavía por llegar la demanda interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a casi 2.000 millones de euros, casi la cuarta parte del importe de todas las reclamaciones iniciadas.

Aun así, la respuesta española está definida: solicitar anulación del proceso y forzar a las compañías a seguir pleiteando para ganar más tiempo. Mientras tanto ya ha conseguido que Europa se posicione en el lado español, aunque por ahora sin ningún efecto, ya que las demandas se están presentando en tribunales de Estados Unidos. Aun así la estrategia es clara, retrasar y recurrir para intentar la rectificación o la anulación de las decisiones.